Empleo cree que la renta mínima incumple la Constitución y tratará de renegociarla

La iniciativa legislativa popular (ILP) sobre una prestación mínima a los parados que han agotado el resto de ayudas está siendo el mayor desafío del Congreso al Gobierno. La oposición lidera la tramitación de esta normativa, impulsada por los sindicatos, en contra de la voluntad del Gobierno. Lo que pretenden es establecer una renta mínima para quienes se hayan quedado sin el resto de prestaciones, ya sean contributivas o complementarias, para que nadie con voluntad de trabajar se quede sin ningún ingreso. Si la normativa sale adelante, tendrá un coste de entre 11.000 y 16.000 millones de euros (según los diferentes cálculos) que tendrá que gestionar el Gobierno, una losa para los Presupuestos Generales del Estado, que necesitarían una financiación adicional para cumplir con los objetivos de déficit. En otras palabras, subida de impuestos.

Si sale adelante, será un 'papelón' para el Gobierno. Sin embargo, desde el Ministerio de Empleo se guardan dos ases en la manga para tratar de reconducir esta ILP y evitar que origine un roto en las cuentas públicas. El primero es tratar de negociar con los sindicatos, en el marco de la mesa de diálogo social, una reformulación de la propuesta para que sea financieramente sostenible. El Ejecutivo y los agentes sociales se han comprometido a revisar el sistema de protección actual para mejorar la cobertura a los parados y simplificar las diferentes prestaciones, subvenciones y ayudas actuales.

Fuentes del Ministerio de Empleo explican que ese sería el marco correcto para negociar una prestación de ingresos mínimos, desde los beneficiarios hasta su coste y financiación. Estas mismas fuentes consideran que es posible reconducir la negociación y evitar así que el Congreso apruebe una medida que no incluye de dónde saldrá el dinero y que supone un probelma para el Ministerio de Hacienda, que sería quien tendría que financiarla. Las reuniones celebradas hasta ahora dan esperanzas a los responsables del ministerio, pero todavía queda un largo camino por recorrer, en especial porque los sindicatos han recogido más de 700.000 firmas para impulsar la ILP en el Congreso. No será tan fácil que renuncien a esta renta mínima sin sufrir duras críticas sociales.

[El Gobierno prorrogará el Prepara, la ayuda con 400 euros a parados]

Si el diálogo social no fructifica, Empleo tiene un segundo as: el Tribunal Constitucional. Recientemente, el TC determinó que las competencias del Programa Prepara, la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración, están transferidas a las comunidades autónomas y no son del Estado. Para conseguir la prórroga del programa, el ministerio tuvo que conseguir el permiso unánime de todas las regiones, de modo que sea directamente el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) quien lo gestione.

En el ministerio consideran que la prestación de ingresos mínimos se enfrentaría al mismo problema competencial y que, tarde o temprano, alguien recurriría la medida ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo el País Vasco con el Programa Prepara. Por ejemplo, una comunidad gobernada por el Partido Popular o el propio Gobierno. De hecho, en la actualidad, muchas comunidades autónomas cuentan con una renta mínima de inserción, competencia que podría chocar con esta prestación de ingresos mínimos.

La renta mínima de las CCAA atiende a los problemas de exclusión social, la ILP es solo protección a los parados

Por el contrario, los partidos que apoyan la ILP no tienen esta visión y consideran que la medida sería legal. En su opinión, la diferencia con el Prepara es que en ningún momento se trata de una política activa de empleo, cuyas competencias están todas traspasadas a las regiones. Sin embargo, esta prestación sería una ayuda pasiva a desempleados, por lo que se ajustaría perfectamente al marco competencial que tiene el Estado. “La renta mínima de las comunidades autónomas atiende a los problemas de exclusión social, mientras que la ILP es solo protección a los desempleados”, explica Toni Ferrer, secretario de Empleo de la ejecutiva federal del PSOE.

Tarjeta social para enero

Dentro de los planes del Ministerio de Empleo para los próximos meses, desgranados en parte el lunes por la ministra Fátima Báñez, se encuentra el de acelerar la aprobación de la tarjeta social. Fuentes del ministerio confirman que su intención es que esté operativa el primero de enero de 2018. El objetivo es que empiece a funcionar desde el inicio del año y esté plenamente implantada para la primavera, que será cuando terminen las prórrogas de las prestaciones actuales (Prepara, PAI y PAE) y entre a funcionar el nuevo sistema, que pretende negociar con los agentes sociales.

La tarjeta social será universal y servirá para que cada ciudadano sepa, en cualquier momento, cuáles son las prestaciones a las que tiene derecho. Recogerá todas las ayudas de las administraciones públicas o que estén financiadas con fondos públicos, por lo que será de gran utilidad para los ciudadanos.

Actualmente existe un gran abanico de ayudas a distintos niveles (estatal, autonómico y local), y esta tarjeta social ofrecería información de todas ellas, por lo que simplificaría la búsqueda a los posibles beneficiarios. También las administraciones públicas se beneficiarán de esta tarjeta, ya que ayudará a controlar el fraude en las distintas ayudas y prestaciones. Esta tarjeta se actualizará constantemente y permitirá controlar qué prestaciones percibe cada persona, para evitar que se solapen ayudas que sean incompatibles entre administraciones y otro tipo de solapamientos y disfunciones que tiene actualmente el sistema.

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La creación de la tarjeta social se acordó al inicio del año en la Conferencia de Presidentes, pero su tramitación dista de estar lista, ya que tiene que contar también con el respaldo de las comunidades autónomas. En cualquier caso, fuentes del ministerio aseguran que, salvo imprevisto, estará lista este mismo año para que empiece a funcionar desde el primero de enero.