Del pico de Rubiales a la pala de Rocha: piden su citación ante la jueza por ocultar información

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte solicitó este viernes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda, que, debido "a las actuaciones habidas y los incumplimientos acontecidos fuera de la pieza secreta", se cite a Pedro Rocha y Elvira Andrés, "en la calidad de lo que ese juzgado considere apropiado". Es decir, el mismo juzgado que dos días antes ordenó la intervención policial en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cabe recordar que Elvira Andrés ocupó el cargo de responsable de Cumplimiento de la RFEF desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020, posteriormente fue vicepresidenta en sustitución de la dimitida Ana Muñoz y actualmente es la Directora de Gabinete de Presidencia. Además, tras el fulminante despido de Andreu Camps, desempeña las funciones de secretaría general, junto al salobreño Alfredo Olivares y Emilio Herrero.

En cuanto a Pedro Rocha, no solo es el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF que seis meses después de la dimisión de Luis Rubiales sigue sin convocar elecciones, sino que antes fue vicepresidente único y posteriormente vicepresidente económico del dominicano, además de presidir la Comisión Económica y mantener en el cargo al detenido Tomás González Cueto.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué la bomba Rubiales estalló en el momento oportuno y se lleva a Rocha por delante

Kike Marín

Es decir, con una vinculación directa a la gestión económica de la RFEF, por mucho que ahora quiera desmarcarse y presentarse a las elecciones como si la cosa no fuera con él. Le guste o no, si Rubiales cayó por un pico, él puede hacerlo por sacar la pala.

Elvira Andrés también está en el punto de mira

Según el escrito presentado por la asociación que preside Miguel Galán al que ha tenido acceso este diario, los responsables de la RFEF "han desobedecido el requerimiento del juzgado al no remitir los informes emitidos por el comisionado de control externo —el mencionado González Cueto— y, en su caso, por la Oficina de Control y Supervisión respecto del contrato con Sela para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Así como informes de los contratos con el despacho G&C Legal o cualquiera de sus miembros, incluyendo los encargos realizados por la RFEF sobre la base de un posible contrato marco". Y añade: "Si los informes no se realizaron, la directora de Cumplimiento debería ser citada al juzgado para declarar fuera de la pieza secreta sobre el motivo por el que no los realizó.

En caso de que los informes se hayan realizado, Elvira Andrés también debería declarar, al igual que Rocha, sobre cuál ha sido el motivo de que no hayan sido remitidos al juzgado, acompañando a los otros informes del comisionado externo, que tampoco han sido remitidos por estos dirigentes". "Añadidamente, es importante también su declaración para que se exprese sobre lo declarado por el ex secretario general en sede judicial", concluye en referencia a Andreu Camps.

La denuncia para inhabilitar a Rocha, ampliada

Por si esto fuera poco, el también presidente de Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), el mencionado Miguel Galán, ha ampliado la denuncia que presentó al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, contra el presidente y todos los miembros de la Comisión Gestora de la RFEF, para que le dé traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

"El presidente del CSD tiene el imperativo legal de no actuar de cortafuegos con el señor Rocha y trasladar mis denuncias al TAD", dice Galán

De este modo, vuelve a solicitar la inhabilitación de Pedro Rocha por un periodo de un año y le insiste a Uribes en que "tiene el imperativo legal de no actuar de cortafuegos con el señor Rocha y trasladar mis denuncias al TAD, pues lo contrario podría suponer un presunto delito de prevaricación administrativo de comisión por omisión".

Galán acusa a Rocha de realizar "diferentes actuaciones por las que carece de competencia y en consecuencia incumplimiento de los estatutos de la RFEF y de la normativa electoral", haciendo referencia expresa a las del pasado jueves, el día después del registro de la Guardia Civil en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cuando "entró en juicios políticos estableciendo nuevas orientaciones directivas condicionando, comprometiendo e impidiendo para las que deba fijar el futuro nuevo presidente en contra de la doctrina del TAD con la resolución de dicho organismo del 7 de marzo de 2024".

Según el TAD, "el carácter excepcional e interino de una comisión gestora obliga a que la determinación de sus funciones deba efectuarse mediante una interpretación restrictiva". Y añade: "Así las cosas, de una mera lectura del art. 31.8 de los Estatutos de la RFEF, resulta que su función principal y única normativamente reconocida es la de convocar elecciones para proveer exclusivamente al cargo de presidente. Ninguna otra función se le atribuye en dicho precepto y ninguna otra puede inferirse de los Estatutos de la RFEF".

Comunicado con claro aroma electoral

En un comunicado público y con claro aroma electoral, Rocha anunció que "la RFEF ha abierto expediente sancionador y ha apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones a los directores relacionados con la causa judicial que lleva el juzgado 4 de Majadahonda. En concreto, el director de Servicios Jurídicos, Pedro González Segura; y el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez. Asimismo, ha rescindido el contrato externo con GC Legal, el despacho de Tomás González Cueto y se le han revocado los poderes de representación en todos procedimientos judiciales, tanto a él, como a Ramón Caravaca y otros letrados de este despacho".

TE PUEDE INTERESAR

Galán insiste a Uribes para que inhabilite a Rocha e impugnará su convocatoria de elecciones RFEF

Kike Marín

Para acabar, el presidente de CENAFE sentencia que "todo lo anterior no sería una infracción muy grave si Pedro Rocha fuera presidente de la RFEF, pero solo es presidente de la comisión Gestora y, por tanto, como avala el TAD en su resolución del 7 de marzo de 2014, Rocha, como órgano interino, no ejerció funciones limitadas al despacho ordinario de los asuntos federativos (...) sino que supuso entrar en juicios políticos estableciendo nuevas orientaciones directivas condicionando, comprometiendo e impidiendo para las que deba fijar el futuro nuevo presidente si hubiera cumplido con el artículo 31.8 convocando elecciones previas a la presidencia para sustituir al dimitido Rubiales".