El testaferro de Rubiales, denunciado por convocar una asamblea "por un órgano incompetente"

El pasado 21 de noviembre, la secretaria de los Órganos de Gobierno y Representación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) envió una convocatoria de asamblea general, en sesión extraordinaria. "Siguiendo instrucciones del presidente de la comisión gestora", Elvira Andrés informó a los asambleístas de que dicha reunión se celebrará el 21 de diciembre, a las 12:30 en primera convocatoria y las 12:45 en segunda, en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Además de "la constitución de la asamblea una vez verificado el quórum mínimo necesario", "la designación de los tres miembros de la asamblea para verificar el acta" y los habituales "ruegos y preguntas", el orden del día incluye el "informe del presidente", aunque el okupa Pedro Rocha preside la comisión gestora de la RFEF tras la dimisión del inhabilitado Luis Rubiales, así como la "aprobación del presupuesto y retribuciones salariales para el año 2024", para acabar con una posdata: "Acto seguido de la asamblea, se ofrecerá a los participantes un aperitivo de Navidad".

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Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), ha requerido a Pedro Rocha, presidente de la comisión gestora de la RFEF y toda su junta gestora, que anule esta asamblea extraordinaria.

"Un beneficio para el futuro"

Y que, además, "deje de realizar actos que inducen el sentido del voto y es un beneficio como futuro candidato a la presidencia de la RFEF y cumpla el artículo 31.8 de los estatutos con independencia de la autorización concedida para el adelanto electoral de las elecciones ordinarias cuatrienal del periodo 2024-2028".

De acuerdo al artículo 18.3 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, Galán ha denunciado a Rocha ante el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), pues considera que la convocatoria de esta asamblea ha sido realizada "irregularmente y por un órgano claramente incompetente".

"Dada la situación excepcional/accidental que vive la RFEF, la convocatoria de una asamblea general extraordinaria solo podría realizarse por acuerdo de la comisión delegada, adoptado por mayoría, o a solicitud del 20%, al menos, de los miembros de la propia asamblea, artículo 27.2 de los Estatutos", añade el presidente de Cenafe en su requerimiento.

El extremeño podría ser reincidente

"Por la interinidad de sus órganos de gestión y gobierno, salvo que estos oculten intereses electoralistas futuros, lo que sería transgredir la necesaria neutralidad electoral, correspondería, en cualquier caso, la prórroga de los presupuestos actuales, correspondiendo la posible actualización al futuro equipo dirigente surgido de las urnas".

Por si fuera poco, Galán le recuerda a Rocha que "es usted reincidente porque ya fue inhabilitado por el mismo motivo, siendo yo el denunciante por firmar una carta de apoyo al inhabilitado expresidente Ángel María Villar".

Cabe recordar que Galán ya interpuso una denuncia contra Rocha y toda su comisión gestora por "una falta muy grave, según el artículo 76.2 a de la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, y que el presidente del CSD trasladó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), indicando que usted está retrasando indebidamente las elecciones a la presidencia de la RFEF para sustituir a Rubiales en su beneficio". Denuncia de la que, por cierto, todavía no ha tenido noticias.

El TAD sigue sin resolver otra denuncia

El propio secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, dijo que "la situación de interinidad de una comisión gestora no puede tener carácter ilimitado, sino que la actividad de la misma debe desenvolverse dentro de una franja temporal razonable, correspondiendo al TAD apreciar si en este momento se ha superado, o no, dicho periodo y, en consecuencia, resolver la actual discrepancia jurídica".

Tal y como apunta el presidente de Cenafe, "la nueva Ley del Deporte 39/2022, de 30 de diciembre, señala que las federaciones deportivas reguladas tienen encomendadas funciones tanto públicas como privadas (...), de ahí que a efectos penales tiene la condición de entidad jurídico-pública y los directivos miembros de la comisión gestora, incluido el presidente, deben ser considerados como funcionarios públicos".

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De hecho, Galán recuerda a Pedro Rocha y al resto de miembros de la comisión gestora de la RFEF que no cumplir con sus deberes legales y estar actuando por delegación como funcionarios podría suponer una presunta prevaricación administrativa por omisión.

Convocar una asamblea general permite que los asambleístas viajen a Madrid con todos los gastos pagados. Si a esto se suman "un aperitivo de Navidad" y un posible homenaje a los héroes del 12-1 a Malta en el 40 aniversario de aquella gesta, el acto electoral de Rocha, testaferro de Rubiales, parece tan evidente como irregular.