Jaque al Gobierno de Sánchez por su protección a Rubiales... y a su testaferro Rocha

Fue el azote de Ángel María Villar, lo ha sido de Luis Rubiales y ahora se ha propuesto serlo de los dos últimos presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco y Víctor Francos. Miguel Galán, en su calidad de entrenador nacional afiliado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la UEFA, ha puesto en jaque —veremos si mate— al Gobierno de Sánchez al solicitar a su ministro de Cultura y Deporte que inste al actual presidente del CSD a dar traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la denuncia que el 20 de septiembre puso contra la comisión gestora de la RFEF que preside Pedro Rocha.

El dirigente extremeño anunció una resolución con la que pretende prorrogarse en el cargo hasta 2024 y de esta forma hacer coincidir las elecciones generales a la asamblea de la RFEF con las del puesto que dejó vacante el suspendido —por la FIFA, no por el Gobierno— y posteriormente dimitido Rubiales. De ahí que Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, pida, en primera instancia al ministro Miquel Iceta, pero en realidad a su secretario de Estado, el mencionado Víctor Francos, que se tramite y resuelva una incoación de expediente disciplinario contra Rocha, por incumplir gravemente los estatutos de la RFEF que obligan de manera urgente a celebrar elecciones a la presidencia.

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No en vano, cabe recordar que la comisión gestora se constituye únicamente para convocar elecciones a la presidencia, "sin que el CSD pueda otorgar una autorización de no celebrar este acto e irse directamente a unas elecciones generales en enero de 2024". El mejor ejemplo es lo que ha sucedido en la Federación Española de Baloncesto (FEB), donde Elisa Aguilar ha sido elegida nueva presidenta tras la dimisión el pasado mes de agosto de Jorge Garbajosa, quien ha decidido iniciar una nueva etapa al frente de FIBA Europa, y en unas elecciones en las que la ex jugadora no ha tenido oposición.

Aunque parezca un tema menor, Galán denunció también que, según la orden por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, la comisión gestora de la RFEF debería estar compuesta por seis miembros de la Comisión Delegada y seis de la Junta Directiva, mientras que la presidida por Pedro Rocha no tiene ningún miembro de la Comisión Delegada y la forman 30 directivos más. Es decir, una impunidad difícil de explicar e imposible de entender, pero que define muy bien lo que ha sido la RFEF durante la presidencia de Rubiales y el Gobierno que le ha protegido.

La denuncia a Franco por posible prevaricación

Como ya hiciera con su antecesor al frente del CSD, José Manuel Franco, Galán recuerda a Víctor Francos que, de no cumplir con sus deberes legales, podría cometer prevaricación administrativa por omisión. "Por eso se envía esta comunicación, para que, si insiste en su omisión de la obligación de trasladar mi denuncia al TAD, usted no podría alegar desconocimiento y, por tanto, actuaría a sabiendas".

Tal y como se recoge en el escrito y hemos informado en repetidas ocasiones en este diario, "en julio de 2022, José Manuel Franco tuvo la ocurrencia, sugerida por supuesto, de suspender el envío al TAD de las denuncias contra Rubiales aduciendo que se había abierto una causa penal". Su director general, Albert Soler, le instó a hacerlo, pero no le hizo caso y el catalán, harto y consciente de lo que iba a terminar pasando, presentó su dimisión en enero de este año.

Según el presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, "hemos podido saber que la RFEF ha realizado una petición de autorización al CSD posterior a mi denuncia para que se salte el trámite de elegir presidente e ir directamente a unas elecciones generales en 2024 y así aferrarse al sillón unos meses sin cumplir sus Estatutos", de ahí su recordatorio de que "el CSD no puede prestarse a incumplir la normativa, máxime cuando de haber realizado la RFEF esa petición, ha sido después de mi denuncia".

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Es por ello que Miguel Galán también envió un escrito a la comisión gestora que preside Pedro Rocha en el que les dio un ultimátum de 72 horas para convocar elecciones inminentes a la presidencia de la RFEF. De lo contrario, denunciará por prevaricación administrativa a todos sus miembros, entre los que se encuentran los máximos dirigentes del Real Madrid y el FC Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, respectivamente.

La contundente sentencia de la Audiencia Nacional

Como no podía ser de otra forma, dada su importancia y trascendencia, en su misiva al ministro, el también presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) hace referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la LaLiga contra una resolución del entonces presidente del CSD, José Manuel Franco, quien en 2022 denegó enviar al TAD diversas denuncias contra Rubiales por los denominados Supercopa Files, entre ellas una de la asociación que él preside.

La mencionada sentencia de la Audiencia Nacional es demoledora, pues, además de afirmar que el CSD carece de competencia para suspender las actuaciones previas del TAD y está obligado a elevar las denuncias, deja claro que será el TAD, "una vez recibida la denuncia cursada a través del CSD, con la propuesta razonada de este", el que determine si es necesario realizar unas actuaciones previas, antes de acordar la iniciación del procedimiento disciplinario deportivo.

Y añade: "Por tanto, debe de apreciarse la incompetencia del CSD para la realización de unas actuaciones previas tras las denuncias formuladas por LaLiga" y “no es admisible la suspensión de las actuaciones previas por la tramitación de diligencias penales, pues si se han abierto diligencias previas en vía judicial, que es lo que ha ocurrido en el presente asunto, se debe de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario deportivo, y posteriormente se debe de acordar su suspensión, evitando así la prescripción de los posibles ilícitos administrativos".

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Por todo ello, la sentencia de la AN concluye que "procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, por no ser ajustada a Derecho, dejando la misma sin efecto alguno, estando obligado el CSD a elevar al TAD las denuncias presentadas en fechas 13-6-2022 y 1-7-2022 por la LaLiga, para que por dicho Tribunal se adopte la resolución que proceda”. "Desde la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte fuimos contundentes desde el minuto uno al afirmar que esa resolución del CSD era absolutamente ilegal. Solo el TAD, una vez incoe expediente sancionador, puede suspender y, solo en tal caso, quedaría interrumpida la prescripción de la infracción", expone Galán.

"Derivado de lo anterior interpusimos una querella penal contra Jose Manuel Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa y que en la actual se instruye en el Juzgado de Instrucción n.º 37 de Madrid", explica el presidente de Cenafe. Se trata de una resolución del CSD con fecha 9 de septiembre de 2022, por la que se acordó suspender las actuaciones previas sobre las posibles irregularidades en la RFEF, denunciadas por LaLiga hasta que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Majadahonda se pronunciara sobre los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Es decir, nada que ver con los que han obligado a Rubiales a dimitir, gracias a la protección que recibió de un Gobierno al que Miguel Galán ha puesto en jaque, como comentábamos al principio, veremos si mate.