El juez pone en la diana a Laporta y el presidente del Barça se queda sin escudo en la RFEF

El FC Barcelona pagó más de siete millones de euros al vicepresidente en activo de los árbitros, José María Enríquez Negreira, durante 17 años. Aunque el actual presidente del Barça, Joan Laporta, y sus predecesores fuesen incapaces de justificar las transferencias y defendieran que fueron elaborados para supuestos "informes arbitrales", no hay ni rastro de los presuntos documentos de la mano derecha de los árbitros. No confundir con los del hijo, Javier Enríquez Romero. Es más, exentrenadores azulgranas como el Tata Martino y Ernesto Valverde negaron haber visto esos informes. Incluso Gerard Piqué, uno de los futbolistas con más poder en el vestuario durante una década, descartó haber recibido los trabajos por los que el Barça pagó cantidades millonarias.

Ahora el nuevo auto del instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, sostiene que los pagos del FC Barcelona a la mano derecha del jefe de los árbitros constituirían un delito de cohecho, un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y que provoca la imputación del club catalán.El magistrado Joaquín Aguirre podría atribuir a Laporta un delito de cohecho tras un recálculo del periodo de prescripción de la responsabilidad penal que extendería el tiempo investigable hasta julio de 2008.

Basta con que se demuestre que un funcionario o autoridad pública ha solicitado dinero o alguna compensación para tomar una decisión injusta en el ámbito de sus competencias. No obstante, el juez deja la puerta abierta a que subsidiariamente se impute un delito de corrupción deportiva, ante los indicios de que los pagos del Barça habrían provocado una "corrupción sistémica" en el estamento arbitral.

La tesis encaja con lo que denunció uno de los árbitros más beligerantes con Sánchez Arminio y Enríquez Negreira en aquellos tiempos, Iñaki Fernández Hinojosa. En la doble entrevista publicada en El Confidencial, el considerado como "mejor árbitro de Segunda División", afirmó que "el índice corruptor de Sánchez Arminio decidía los árbitros que subían y bajaban". La supuesta manipulación de las clasificaciones arbitrales influiría en el destino laboral de los árbitros al decidir quienes ascendían de categoría, quienes descendían y, de paso, su proyección internacional.

Tal elección, presuntamente interesada, alteraría los ingresos de los árbitros, así como su reputación. Fernández Hinojosa explicó que la cúpula arbitral de Sánchez Arminio, donde Enríquez Negreira se encargaba de llamar a los colegiados para comunicarles su destino y era parte clave, protagonizaba la "manipulación de las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones".

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Albert Ortega. Barcelona

Del mismo modo, el colegiado reveló que "si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado Comité Territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos les interesaba proponerlo a internacional terminaba la temporada como 15º, se corregía el índice corruptor para subirlo entre los mejor clasificados".

Cabe apuntar que el propio Enríquez Negreira contestó que, según su opinión, el Barça le había contratado para "asegurar la neutralidad de los colegiados". El Barça, además, recibió información privilegiada, hecho que sucedió cuando Enríquez Romero, hijo de Negreira, filtró al Barça que Clos Gómez sería el árbitro de la final de la Copa del Rey frente al Deportivo Alavés.

Las (nulas) respuestas del Barça

A pesar de que el Barça ha descartado ofrecer una nueva rueda de prensa, solo hace falta retroceder seis meses atrás para comprobar la infausta defensa de Laporta antes los medios de comunicación. El presidente azulgrana intentó jugar al despiste con unas famosas cajas rojas donde se hallaban 629 de ellos y 43 CDS. El mandatario, en su segunda etapa al frente del club, defendió que eran documentos "útiles y bien elaborados" y remarcó que "el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad, como intención, alterar la competición a fin de obtener una ventaja deportiva a favor".

También aseguró que la Agencia Tributaria no pudo demostrar que los pagos hechos a empresas relacionadas con el señor Negreira "hubiesen podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo". "No lo han podido demostrar porque no era posible", remató. Lo que Laporta no explicó con claridad es que los informes eran del hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, y trató de instalar la idea en el público de que esos dosieres pertenecían a su padre.

José María Enríquez Negreira no aportó documentos, ni vídeos, ni comunicaciones que arrojen luz sobre la naturaleza de su vinculación comercial con el Barça. Sin pruebas físicas del asesoramiento del número dos de los árbitros al club catalán desde 2001 a 2018, puesto que eran "verbales", tal y como declaró el propio Negreira, Laporta procuró confundir a los allí presentes. El máximo mandatario culé centró el tiro en Javier Enríquez Romero como el protagonista de la trama en lugar de su padre. "Los informes que no se encontraron en su momento, cuando lo requirió Hacienda [el Barça pagó casi 1 millón de euros para no incurrir en delito fiscal] finalmente se han encontrado desde 2014 a 2018, de antes no porque estos informes caducan y se destruyen a los cinco años por falta de almacenamiento", respondió.

En una trama que data desde 2001 y arrastra hasta cuatro presidentes distintos (Gaspart, Rosell, Bartomeu y Laporta), este último sigue sin explicar por qué se cuadriplicó el sueldo de Negreira bajo su mandato. Tampoco hay respuestas para la diferencia salarial que recibía el número dos de los árbitros y el actual encargado de su función desde noviembre de 2021, Ricardo García Segura, el cual cobra una nómina situada entre los 24.000 y los 30.000 euros. Muy lejos de los más de siete millones de euros repartidos en 17 años que percibió Negreira.

El presidente, que agradeció el apoyo de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en aquella rueda de prensa, tenía dos grandes aliados en la Federación: el mismo Rubiales y Camps. Ambos se encargaron de mandar documentación referida al caso Negreira a la UEFA, donde el motrileño mantenía una gran amistad con su presidente, Aleksander Ceferin. Rubiales llegó a asegurar que Negreira "no participaba en el nombramiento de árbitros. Nunca en esos años este señor participó en nada". Ya sin Rubiales ni Camps como escudos en la RFEF, el Barça de Laporta queda más expuesto en la Federación.