Semana de nervios en Bruselas: Brexit y el retraso de los fondos europeos

La agenda europea está ya definitivamente en marcha. Esta semana, se celebran varias reuniones importantes, y el jueves y viernes los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se dan cita en Bruselas para celebrar el Consejo Europeo de octubre con una agenda cargada y la vista puesta en un final de año difícil. Hay muchos asuntos a tratar. Boris Johnson ha afirmado que este 15 de octubre es la fecha límite para lograr un acuerdo de Brexit: si no se llegara a él, ha dicho, Reino Unido saldría de la UE sin acuerdo.

Al mismo tiempo, continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo respecto al marco financiero plurianual —es decir, el presupuesto europeo— para el periodo 2021-2027, y el polémico instrumento de Estado de derecho —supeditar la llegada de fondos europeos a que el país en cuestión cumpla con los valores de separación de poderes de la UE— que divide todavía más a Consejo, Parlamento y Comisión. También en el horizonte: la reducción de emisiones para hacer que la UE sea climáticamente neutra en 2050, las sanciones a Bielorrusia y Rusia, y un mapa para permitir que los europeos viajen a las regiones a las que sea posible. En ese mapa, por el momento, España es una inmensa mancha roja.

La vista puesta en el fondo

España está especialmente atenta a las negociaciones respecto al marco financiero plurianual que cubrirá de 2021 a 2027. El bloqueo en las conversaciones entre instituciones (Parlamento, Consejo y Comisión) amenaza con retrasar todavía más la llegada del dinero del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones están asignados a España.

El choque es total ahora mismo entre la presidencia alemana y el Parlamento Europeo. La Eurocámara pide más fondos para salvaguardar proyectos clave del presupuesto europeo, así como un mecanismo de Estado de derecho más exigente que pueda apretar las tuercas a Hungría y Polonia, del que se ha celebrado el primer 'trílogo' —diálogo entre las tres instituciones— este lunes.

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Brexit

Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, que serán abordadas por los líderes europeos en la cumbre del final de la semana, siguen en marcha, pero avanzando muy poco a poco. Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea, mantiene un diálogo continuo con su homólogo británico, David Frost, y el primer ministro Boris Johnson ha comenzado una serie de comunicaciones con los líderes europeos. Hay interés por un acuerdo en todas las partes, pero todavía nadie da el primer paso.

Hay especial atención sobre este punto, porque el Gobierno británico aseguró que el 15 de octubre era su “fecha límite”: si no había un acuerdo para entonces, se levantaría de la mesa de negociación. Nadie en Bruselas se toma demasiado en serio esa amenaza y se da por hecho que las conversaciones se adentrarán en noviembre y podrían llegar incluso más allá.

Parece que Johnson y Foster quieren señalar un 'terreno de aterrizaje', como se califica en argot negociador el espacio en el que el acuerdo es posible. El Reino Unido parece especialmente interesado en que la UE ceda en pesca, donde los socios con intereses pesqueros en las aguas británicas, como Francia o Países Bajos, querían mantener sus derechos de acceso y capturas. Es una posición demasiado dura, y de hecho ya se ha pedido a París que rebaje sus exigencias en este sentido para poder dar a Londres cierto margen de maniobra.

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Sanciones a los vecinos del este

Este lunes se celebró un Consejo de Asuntos Exteriores, la primera reunión de ministros que se celebra en las instalaciones de Luxemburgo desde que comenzó la pandemia. Se acordó incluir a Alexandr Lukashenko en el segundo paquete de sanciones contra Bielorrusia por el fraude electoral y la represión contra la sociedad civil. Fue una propuesta alemana respaldada de manera unánime.

Por otro lado, Berlín también propuso algo que Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores, llevaba ya semanas comentando: la necesidad de imponer sanciones contra Rusia por el intento de envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, que se ha recuperado en un hospital alemán. La propuesta de Maas, que recibió el respaldo francés el pasado miércoles, ha dado lugar a un acuerdo político para la puesta en marcha de sanciones.

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Los (ambiciosos) objetivos climáticos

Uno de los temas fuertes que se abordarán en el Consejo Europeo es la actualización de los objetivos de recorte de emisiones a medio plazo. Hasta ahora, la meta era lograr reducir un 40% las emisiones en 2030 respecto a los datos de 1990. Pero hay un amplio consenso en que a ese ritmo sería imposible alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo.

Por eso, la Comisión Europea va a proponer un aumento de la ambición: intentar alcanzar un 55% en 2030. El asunto puede generar un cierto consenso entre el bloque occidental de la Unión Europea, pero hay países cuyo crecimiento depende todavía mucho de las energías fósiles y que no van a poner fácil el acuerdo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo, ya se lanzaron en su momento a celebrar que había un acuerdo para alcanzar la neutralidad climática en 2050. El problema es que eso nunca ocurrió: Polonia se sigue oponiendo a ese objetivo. Y esa oposición sigue ahí, aunque en general la mayoría de gobiernos, también el español, están a favor de la meta del 55% de recorte de emisiones.

Varsovia asegura que la mayor exigencia en la reducción de emisiones tiene que venir acompañada de un mayor apoyo económico para aquellas regiones que todavía son muy dependientes de las energías fósiles. Y es el objetivo, por ejemplo, de los elementos de Transición Justa del Pacto Verde europeo. El problema es que todo el debate económico alrededor de la neutralidad climática se ha visto desplazado por el coronavirus y la necesidad de acordar medidas urgentes.

Además, el Gobierno polaco quiere tener más datos sobre los efectos secundarios de la transición ecológica que la Comisión Von der Leyen ha convertido en su proyecto bandera. La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para aumentar el objetivo de recorte del 55% al 60%. Frans Timmermans, vicepresidente del Ejecutivo comunitario a cargo de este dosier, avisó de que las metas de las que se está hablando hacen que el esfuerzo vaya a tener que ser “increíblemente duro”.

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Mapa de colores para el turismo

La Unión Europea tenía el objetivo de estandarizar no solo los distintos colores con los que iba a clasificar cada región del bloque comunitario, sino también las medidas que se debían adoptar para los viajeros que lleguen desde cada una de estas zonas. Aunque los diplomáticos de los Veintisiete lograron cerrar un acuerdo sobre la gama de colores el pasado viernes, las medidas, que era lo central, se quedarán en el tintero. Esta propuesta ha quedado aprobada durante el Consejo de Asuntos Generales de este martes.

Los Estados miembros tendrán que enviar al Centro de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) los datos necesarios para ir actualizando el mapa. Por ahora, España quedará prácticamente entera en un intenso color rojo. Pero el acuerdo no soluciona el problema de fondo: que una persona de Barcelona, Madrid o Málaga que quiera viajar a Bélgica tenga que afrontar un test y una cuarentena, mientras que para viajar, por ejemplo, a Italia valga con una PCR en las 72 horas previas a llegar al país.

La Comisión Europea pidió coordinación no solo en los colores, sino sobre todo en las medidas, como por ejemplo priorizar los test PCR a las cuarentenas obligatorias. La idea ahora es proteger Schengen, que ya notó cómo se tensaban sus costuras durante la primera ola, y busca consagrar una idea central: que los Estados miembros no prohíban la entrada de ciudadanos de otros países europeos. El objetivo ideal de estas negociaciones lideradas por la presidencia alemana habría sido armonizar las medidas y las restricciones, pero salvar los muebles y evitar cerrojazos fronterizos parece ser ya suficiente.