El consulado en Londres le negó teletrabajar y sufrió un aborto: "Fue un trato inhumano"

Sara, auxiliar administrativa del consulado de España en Londres, supo el pasado mes de octubre que estaba embarazada de gemelos. Con la segunda ola de coronavirus en pleno auge en Reino Unido y a una hora en tren de las oficinas, solicitó teletrabajar. Le denegaron esa posibilidad. Ahora, ha sufrido un aborto.

“No puedo responsabilizar directamente al consulado de la pérdida de mis bebés, pero sí lo acuso de no haber facilitado la situación durante un embarazo de riesgo en plena pandemia”, explica Sara (nombre ficticio) en una entrevista con El Confidencial. La trabajadora no descarta, una vez tenga el resultado de la autopsia de la placenta, tomar acciones legales contra la Administración. “He recibido un trato completamente inhumano”, se lamenta.

"Quiero denunciar esto para que nadie tenga que pasar por lo que he pasado yo"

Más allá de las responsabilidades que puedan derivarse del caso, el trasfondo de este dramático episodio es un entorno laboral disfuncional cocinado durante años a fuego lento: una plantilla desbordada por el volumen de trabajo, según fuentes del consulado, en un contexto de desamparo legal para los trabajadores, según los sindicatos.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguran que se trasladó al consulado la recomendación del Servicio de Prevención de Riesgos, que establece el teletrabajo para circunstancias como las de Sara. Sin embargo, estas advertencias se desatendieron. Ahora se ha abierto un expediente disciplinario al funcionario responsable, agregan a El Confidencial las fuentes de Exteriores consultadas sobre este caso.

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Para Sara, su situación va más allá de una persona en concreto. Es fruto de un contexto. “Aquí nadie se atreve a meterse con un diplomático”, asegura. Insiste en que no se respetaron “los principios más básicos” y que se actuó de una manera “totalmente inapropiada” para la Administración pública. Para ella, hablar no ha sido fácil. Pero tiene un mensaje claro: “Quiero denunciar esto para que no se repita, para que nadie tenga que pasar por lo que he pasado yo”. Así lo vivió.

Un embarazo delicado en plena pandemia

Las primeras semanas de embarazo fueron especialmente duras. Se tuvo que coger la baja por las náuseas y vómitos intensos. Fue entonces cuando le comunicaron que esperaba gemelos. “Me recomendaron tomarme las cosas con calma. En definitiva, el estrés no ayudaba”, recuerda Sara, de 37 años. Los médicos le explicaron que había riesgo de parto prematuro, como suele suceder en la gestación gemelar, acentuado además en su caso por factores físicos, ya que tenía el cuello del útero corto. “Pero en mi puesto de trabajo no me facilitaron especialmente la vida”, narra.

El 31 de octubre, el primer ministro, Boris Johnson, comparecía ante la nación para reconocer que la epidemia había superado sus peores expectativas. Las muertes alcanzaban cotas que superaban las de abril y la estrategia de contención local hacía agua. “Es el momento de actuar, no hay alternativa. Desde el jueves hasta comienzos de diciembre, debéis permanecer en casa”, dijo Johnson. “Si eres clínicamente vulnerable, o tienes más de 60, deberías ser especialmente cuidadoso en seguir las reglas y minimizar tus contactos con otros”, especificó el primer ministro. Como desde el comienzo de la pandemia, todas las recomendaciones del Gobierno eran eso, 'recomendaciones'.

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Sara, empleada en el consulado desde 2016, acababa de reincorporarse de su baja por maternidad de su primer hijo cuando se enteró de su embarazo múltiple en octubre de 2020. “Ya estábamos en plena pandemia y solicité teletrabajo. Había gente que estaba trabajando desde casa y yo, al tener un menor a mi cargo, consideraba que tenía prioridad”, apunta.

Pese a sus circunstancias, las recomendaciones de los doctores, las guías del ministerio y de las autoridades británicas, se lo denegaron. Sara tuvo que seguir yendo a trabajar al consulado, como la mayoría de sus compañeros. En diciembre, sin embargo, hubo un brote de covid-19 entre el personal de seguridad y se mandó a todo el mundo a casa. “Yo podía desempeñar mi trabajo sin ningún problema. Me transfirieron incluso las llamadas de teléfono. Así que, si hubiera habido buena disposición, podría haber seguido teletrabajando”, matiza.

Vuelta al trabajo, sí o sí

Pero no fue así. A principios de enero, le notificaron que debía incorporarse de nuevo a la oficina. El diplomático responsable le cambió de funciones, trasladándola a otra sala en la que no tenía que estar de cara al público para minimizar riesgos. Tenía un espacio para ella sola con ventana para poder airear el entorno. Pero eso no la eximía de tener que coger todos los días un tren de más de una hora de ida y lo mismo de vuelta, cuando precisamente lo que recomendaban las autoridades era evitar el transporte público.

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Con un niño de dos años a su cargo, la eventualidad de una baja laboral era un lujo que Sara no podía permitirse. En Reino Unido, la retribución para estos casos no llega a los 500 euros mensuales, una cantidad ínfima para una ciudad como Londres, donde el billete sencillo de metro son seis euros. No le quedó más remedio que seguir haciendo diariamente el recorrido en tren hasta la oficina.

Para ese entonces, Sara no se encontraba bien. “Yo me notaba muy rara”, recuerda. Así que solicitó vacaciones para volar a España en febrero y poder ver a su ginecólogo. Pidió tres semanas, una para estar en su ciudad natal y dos para cumplir la cuarentena obligatoria al regresar a suelo británico —"ni siquiera para esos días me permitieron teletrabajar"—.

"Se han ignorado todos los reglamentos. Se ha actuado en todo momento dentro de la zona gris"

Pero no llegó a viajar. Estaba de 22 semanas y en una revisión rutinaria en Londres, los médicos decidieron ingresarla. Poco después, le comunicaron que no podían hacer nada para salvar a los bebés. “Se han ignorado todos los reglamentos. No se ha cumplido con los principios más básicos. Se ha actuado en todo momento dentro de la zona gris”, señala Sara.

Investigación en marcha

En efecto, el consulado no ha incumplido ninguna ley o normativa. Lo que recibió por parte de Exteriores fueron 'recomendaciones'. Como también eran 'recomendaciones' la hoja de ruta a la que se ha ceñido Downing Street durante la pandemia. El mantra del Gobierno conservador siempre ha sido apelar a la “responsabilidad individual” pero respetando “las libertades civiles”. Esto ha creado una confusión permanente en la que, en última instancia, es el empleador quien decide si el trabajo presencial es imprescindible o no.

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Los Servicios Centrales del Ministerio de Exteriores habían seguido este expediente desde el inicio, tras las notificaciones de UGT. Desde Madrid, se recomendó al consulado que se concediera el teletrabajo a la trabajadora. Tras el fatal desenlace, fuentes diplomáticas explican a El Confidencial que la subsecretaría solicitó una investigación preliminar a la Inspección General de Servicios, fruto de la cual se apuntaban indicios de posible responsabilidad disciplinaria por parte de un funcionario del consulado; sin que por ello se estuviera, en ningún caso, estableciendo relación entre la denegación del teletrabajo y lo tristemente sucedido.

"Es una jaula de grillos, es pequeñísimo y está sobrepasado por las circunstancias"

El pasado 4 de marzo se comunicó al interesado el correspondiente procedimiento disciplinario, que ahora está en curso, en fase de alegaciones, de acuerdo con lo establecido por la normativa administrativa. Desde Exteriores, recalcan que el ministerio ha actuado con la máxima diligencia con respecto a la trabajadora afectada, pero también con la máxima cautela y rigor en el respeto del procedimiento abierto y la presunción de inocencia.

"Una jaula de grillos"

Pero ¿por qué no dejaron a Sara teletrabajar? Fuentes que conocen las dinámicas internas del consulado pintan un panorama complicado y tenso, por momentos “tóxico”. Con el Brexit destapando toda una comunidad de españoles 'sumergida' en Reino Unido —casi el doble de los registrados oficialmente—, el trabajo se acumulaba a toda velocidad. Los consulados reciben fondos de acuerdo a la comunidad que deben atender y en el de Londres no estaban preparados para hacer frente al tsunami burocrático que desató el divorcio europeo.

“Es una jaula de grillos, porque es pequeñísimo y está sobrepasado por las circunstancias”, explica a El Confidencial una de las fuentes, quien acota que el personal “hace bastante con lo poco que tiene”.

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Otras fuentes relatan experiencias de primera mano que describen trabajadores enfadados y divididos en bandos por disputas internas, gente que etiqueta material de oficina con su nombre para que no se lo quiten los compañeros y pequeños contingentes de becarios para tratar de sacar adelante el papeleo interminable. “Había tres veces más becarios en el consulado que en la embajada, y todos hasta arriba de trabajo. Era un ambiente un poco deprimente”, relatan.

Esta situación se ha ido prolongando durante años, impactando en el servicio ofrecido al público, como muestra la gran polémica generada por el ‘caso del orinal’, en el que una familia fue despachada de malas maneras cuando trataban de renovar su pasaporte porque su hija usó un orinal portátil en el consulado.

'Espigueo normativo'

Los sindicatos denuncian que el caso de Sara es muestra del desamparo y desprotección en que se encuentran los empleados de la Administración General del Estado en el exterior, una situación que lleva años sin solucionarse con gobiernos de distinto signo político.

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“En medio de una pandemia, ni siquiera cuentan con un responsable de prevención en riesgos laborales. Nadie en estas oficinas ha recibido la formación correspondiente. Donde hay buena voluntad, se están aplicado las medidas publicadas, tanto en España como en el país donde se encuentra la oficina. Pero está claro que en este caso [en el consulado] ha habido una inadmisible falta de buena disposición”, apunta Sebastián Trenado, secretario general de UGT-Exterior, a El Confidencial. Trenado deja claro que en el episodio de Sara, desde Madrid, se dieron recomendaciones muy claras de teletrabajo, por lo que no concibe cómo luego pudieron desatenderlas en Londres.

Desde el Ministerio de Exteriores, aseguran que se está formando personal en materia de prevención para enviarlo a las representaciones en el exterior.

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Pero desde UGT consideran que la cosa va más allá de la situación puntual y que el ambiente dentro del consulado también es producto de años de salarios congelados, sobrecarga de trabajo y un “desamparo legal”, según el sindicato, por los “constantes obstáculos” de la Administración para celebrar elecciones a representantes sindicales en estas oficinas.

“La legislación que rige las relaciones laborales se retuerce al antojo de la Administración pública. Se aplica la legislación española o la del país donde se encuentra la oficina según convenga. Es lo que se conoce como el 'espigueo normativo”, matiza Trenado.

En el caso de Londres, la retribución, denuncian los sindicatos, no se corresponde con el coste de vida del país. No es un caso aislado. Recientemente, la experiencia de una sevillana ponía el foco en las discutidas condiciones laborales del servicio exterior español en Oslo, donde su salario estaba incluso por debajo del estándar de pobreza de la OCDE para el país nórdico.