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Salud pública versus libertades civiles en UK: ¿se puede despedir a un antivacunas?
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Polémica por el 'jab for a job'

Salud pública versus libertades civiles en UK: ¿se puede despedir a un antivacunas?

Ponerse la vacuna es opcional en el Reino Unido, pero las empresas pueden exigir a sus empleados que se hayan inmunizado contra el covid-19

Foto: El primer ministro británico, Boris Johnson, sostiene una dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca contra el covid-19.
El primer ministro británico, Boris Johnson, sostiene una dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca contra el covid-19.

¿Puede perder alguien su puesto de trabajo si se niega a ponerse la vacuna del coronavirus? El pinchazo, al fin y al cabo, es opcional. Pero, en medio de una pandemia que ha dejado ya más de dos millones de muertos en todo el mundo y ha llevado a los gobiernos a acumular déficits históricos, ¿al empresario le ampara la ley o puede ser acusado de trato discriminatorio? En definitiva, ¿se debe priorizar la salud pública o las libertades civiles?

En el Reino Unido, el año pasado se tardó más que en ningún sitio en imponer el confinamiento por miedo precisamente a violar las libertades civiles. De hecho, nunca llegó a ser un encierro como el de España. Pero las empresas que adopten ahora la postura de 'jab for a job' (pinchazo por empleo) están protegidas por las leyes vigentes de 'salud y seguridad', que exigen que los trabajadores se protejan no solo a sí mismos, sino también a sus compañeros de cualquier daño.

Eso sí, el ministro británico para el Despliegue de las Vacunas de Covid, Nadhim Zahawi, ha descartado la idea de 'pasaportes de vacunas', que permitirían a las compañías exigir una prueba de haber recibido sus dosis, al considerarla “discriminatoria”. Pero ¿qué ocurre si el que se niega a ponérsela es un sanitario o un cuidador en una residencia de mayores?

Foto: Viales de vacunas en Israel. (Reuters)

La cuestión es que, desde que comenzó la pandemia, a Downing Street lo han acusado en varias ocasiones de ofrecer un mensaje poco claro. Se presentan medidas, pero, en última instancia, se confía en la responsabilidad ciudadana. Y ahora pasa exactamente lo mismo: aunque el Gobierno no imponga pasaportes de vacunas, aquellos empresarios que exijan a sus empleados vacunarse están protegidos por la ley.

En cualquier caso, pese a “no estar entre sus planes”, el Ejecutivo ha asignado más de 450.000 libras (alrededor de 512.000 euros) en subvenciones al menos para ocho empresas que desarrollan pasaportes de vacunas, donde los usuarios pueden demostrar digitalmente que la han recibido. Muchos países, incluido Chipre, están considerando este tipo de salvoconducto.

El asunto ha generado un gran debate interno en el Gabinete. Algunos de los ministros se muestra completamente a favor de los pasaportes. De momento, la versión oficial no ha variado: no los pedirán. No obstante, fuentes de Whitehall (donde están los ministerios) señalan que las empresas que apuesten por el 'jab for a job' están protegidas por las leyes vigentes, según revela 'The Telegraph', ya que, de otra manera, el empleado “se convierte en un riesgo para la salud pública”.

placeholder Un trabajador sanitario administra una vacuna en la catedral de Salisbury.
Un trabajador sanitario administra una vacuna en la catedral de Salisbury.

“Si hay evidencia clara de que la vacuna previene la transmisión, la siguiente fase es asegurarse de que más y más personas la reciben. Si tienen alergias u otras razones para no ponérsela entonces, por supuesto, deberían estar exentas. Pero cuando sea un miedo injustificado, debemos ayudar a las personas a que tomen el camino correcto”, matizan.

Las leyes de salud y seguridad, introducidas en la década de 1970, imponen a los empleados el deber de velar no solamente por su propio bienestar, sino también por el de sus compañeros. Desde Whitehall, consideran que la actual normativa ampara a las compañías ante la pandemia del covid, aunque el Gobierno no descarta ir más allá y crear una nueva legislación para acotar aún más la cuestión en el contexto actual. En cualquier caso, algunos abogados especialistas en derecho laboral ya han advertido de que las personas con fuertes creencias en contra de la vacunación pueden estar protegidas por las leyes de igualdad.

Foto: Un anuncio del National Health Service (NHS) pide a los ciudadanos británicos que se queden en casa. (Foto: EFE)

Pese a que los tribunales han dado la razón en el pasado a los empresarios que han despedido a los trabajadores que desobedecieron las órdenes de quedarse en casa cuando tenían enfermedades infecciosas, hasta el momento no hay ningún caso (o al menos ninguno que se haya hecho público) de personas que se hayan quedado sin empleo por negarse a ponerse la vacuna.

A principios de este año, Charlie Mullins, responsable de Pimlico Plumbers —una empresa de fontanería del sur de Londres—, ocupó titulares al decir públicamente que se negaría a contratar personal que no estuviera vacunado y que volvería a redactar los contratos del personal existente para exigirles que reciban la dosis pertinente. El ministro Nadhim Zahawi no apoyó al empresario. “Las vacunas no son obligatorias en este país... No es así como hacemos las cosas en el Reino Unido. Las hacemos por consentimiento”, matizó el 'tory'.

El asunto es extremadamente complejo, sobre todo en determinados escenarios, como son las residencias de mayores, donde los casos de covid se triplicaron a principios de este año. Desde hace semanas, la asociación National Care, que representa a estos centros en Inglaterra, está buscando asesoramiento legal, ya que entre el 6% y el 8% de los trabajadores no quieren ponerse la dosis, pese a que están en todo momento en contacto con los ancianos, las personas de mayor riesgo ante el virus.

Por otra parte, permitir que las empresas discriminen por motivos de vacunación es sumamente delicado, ya que un elevado porcentaje de personas negras, asiáticas y de minorías étnicas (conocidas como BAME) están en contra de recibir el preparado. Según una reciente encuesta de la Royal Society for Public Health, tres cuartas partes (76%) de los 2.076 adultos consultados en el Reino Unido se mostraron partidarias de recibir la vacuna si se lo aconsejaba su médico de cabecera u otro profesional de la salud. Pero entre los encuestados del BAME, la proporción cayó al 57%, frente al 79% de los encuestados blancos. Eso, pese a que el riesgo de morir por coronavirus es dos o tres veces mayor para las comunidades negras y las minorías étnicas de Inglaterra, según un análisis publicado por el University College London (UCL) la pasada primavera.

Entre el 6% y el 8% de los cuidadores de ancianos en Reino Unido no quieren ser vacunados

El centro de vacunación John Scott en Hackney, al este de Londres, donde, según el último censo de 2011, el 45% de los residentes no es blanco, ha tenido que cerrar antes del horario previsto hasta tres días de la semana pasada ante la “baja aceptación de pacientes”. A pesar de estar disponible desde las 10:00 hasta las 20:00 para pacientes de hasta 40 centros de médicos de cabecera de la zona, algunos días se han tenido que cerrar antes de tiempo las puertas porque sencillamente no había nadie.

Fuentes familiarizadas con la situación explican que “existe un importante problema de escepticismo” sobre las vacunas entre las minorías, pero también entran en juego otras variantes. Como, por ejemplo, aquellos que no quieren ausentarse del trabajo o los que temen coger el transporte público para ir al centro de vacunación.

Foto: Un avión aterriza en el aeropuerto de Heathrow en Londres (Reino Unido). (Reuters)

Por su parte, Kate Nicholls, directora ejecutiva de UK Hospitality —que representa a pubs y restaurantes—, dijo que los pasaportes de vacunas plantearían problemas para su sector, ya que el 60% de los trabajadores tienen menos de 24 años, lo que significa que no podrán ser vacunados hasta dentro de meses.

Steve Baker, miembro del Covid Recovery Group, el grupo de conservadores que presiona al Ejecutivo para suavizar las restricciones sociales, recalca que “si los ciudadanos desean negarse a vacunarse, deben ser libres de hacerlo, sin sufrir discriminación y sin perder la libertad”. “Necesitamos con urgencia claridad por parte del Gobierno sobre este tema. Los pasaportes de vacunación corren el riesgo de afectar al corazón mismo de que las vacunas sean voluntarias: nuestro estado de vacunación no debe determinar nuestra capacidad para vivir libremente en nuestra democracia”, añade.

Pese a todo, el programa de vacunación en el Reino Unido está resultado todo un éxito. Más de 12 millones de personas han recibido ya la primera dosis y todo apunta a que el Gobierno cumplirá su objetivo de haber vacunado (o, técnicamente, sería haber ofrecido la vacuna) para el próximo lunes a todos los grupos de riesgo, entre los que se encuentran mayores de 70 años, cuidadores y sanitarios.

Foto: Stella Kyriakides, comisaria de Salud. (Reuters)

Asimismo, el Ejecutivo quiere que los adultos mayores de 50 años reciban el preparado para el próximo mes de mayo. De esta manera, se cumpliría con el objetivo de tener los nueve grupos prioritarios inmunizados para primavera. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda seis semanas entre la primera y la segunda dosis, en el Reino Unido se está esperando 12 semanas, ya que, según los expertos, obtienen mejores resultados.

Downing Street ha pedido a la población que confíe en el programa de inmunización puesto en marcha el pasado diciembre, después de que unos estudios preliminares indicasen que la vacuna británica de Oxford/AstraZeneca ofrece una protección limitada frente a la variante sudafricana del coronavirus. Los científicos de la Universidad de Oxford ya han avanzado que para otoño tendrán una nueva actualización de la vacuna para enfrentarse a las nuevas cepas.

¿Puede perder alguien su puesto de trabajo si se niega a ponerse la vacuna del coronavirus? El pinchazo, al fin y al cabo, es opcional. Pero, en medio de una pandemia que ha dejado ya más de dos millones de muertos en todo el mundo y ha llevado a los gobiernos a acumular déficits históricos, ¿al empresario le ampara la ley o puede ser acusado de trato discriminatorio? En definitiva, ¿se debe priorizar la salud pública o las libertades civiles?

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