Bélgica se convierte en laboratorio del gran debate feminista: prostitutas como asalariadas

Es uno de los temas que genera más división entre la sociedad y entre las feministas. Para unas, la prostitución es la antítesis de la igualdad, una hija del patriarcado. Para otras representa la libre elección. Para unos, son mujeres prostituidas, para otros, trabajadoras del sexo. Bélgica está haciendo su propio laboratorio. En 2022 se convirtió en el segundo país del mundo en descriminalizar esta actividad —solo por detrás de Nueva Zelanda— y este mes ha aprobado la primera ley del mundo que reconoce a las prostitutas como unas asalariadas de pleno derecho. Para algunos, esta permisividad solo beneficiará a mafias y proxenetas; para otros, hará sus vidas más dignas y justas.

La crisis del coronavirus tuvo un gran impacto en el barrio rojo de Bruselas, donde la actividad se frenó en seco de la noche a la mañana y empujó a centenares de trabajadoras del sexo a pedir dinero o comida para subsistir. “Ahí es cuando pensamos que debíamos dar a estas personas los mismos derechos, seguridad y garantías que al resto del país”, relata a El Confidencial Daan Bauwens, miembro de Utsopi, la organización detrás de las recientes leyes aprobadas en Bélgica sobre esta materia.

La de 2022 despenalizó el proxenetismo y abrió el estatus de autónomo para el sector. La más reciente, rubricada este mes, amplía este margen hacia asalariadas de pleno derecho con el objetivo de que puedan optar a derechos sociales como la jubilación, la prestación por desempleo, las vacunas o las bajas por maternidad. También establece la creación de un precontrato donde se recoge el derecho a rechazar a un cliente, algo que no ha gustado a la patronal, que no entiende esta excepción de cobrar por ausentarse del trabajo. Si hay algo en lo que todos los que discrepan coinciden es que el oficio más antiguo del mundo no es trabajo normal.

“Hay una frase que se repite casi sistemáticamente cuando una persona viene a nuestros locales, que es: 'Yo quiero una vida normal, yo quiero un trabajo normal' y eso a nosotras lo que nos confirma es que la prostitución para las mujeres prostituidas no es un proyecto de vida”, afirma Mireia Crespo, directora de Isala, una fundación que trabaja a pie de calle acompañando y ayudando a estas personas, que son en mayoría mujeres. “La ley aborda el tema de la prostitución desde una perspectiva que es muy restrictiva, que es la del trabajo. Nosotras lo que pedimos no es que puedan tener acceso a sus derechos sociales porque son personas prostituidas, sino simplemente porque son personas y tienen derecho a eso. Por ello, lo que pedimos es que les den papeles, que les den la posibilidad de aprender el idioma, de formarse, de encontrar un trabajo, de tener una vivienda digna”, continúa.

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El 95% de las personas que ejercen la prostitución en Bruselas son mujeres, frente al 5% de hombres y el 5% de personas trans. Entre ellas hay muchas madres. La mayoría son mujeres migrantes, de todas las nacionalidades y edades, desde adolescentes hasta personas de 60 años. “¿Cuántas mujeres conocemos que continúan practicando este trabajo hasta los 67 años? Y no porque así lo deseen, sino porque no tienen el suficiente dinero ni las condiciones para dejar de trabajar. ¿Cuántas mujeres conocemos que no quieren hacerlo, pero no tienen otra opción ni beneficios después de trabajar durante años? Esto es discriminación legal. Y lo es porque hay un prejuicio moral por lo que hacen y esto tiene que parar”, defiende el miembro de Utsopi.

El patrón que más se replica es que la mayoría de ellas parten de situaciones de vulnerabilidad y cargan con mochilas repletas de traumas, violencia, precariedad y en ocasiones analfabetismo. El contexto de hostilidad se recrudece con el peligro al que se exponen. Un estudio de 2013 elaborado por el Ministerio Federal alemán de Familia, Mayores, Mujer y Juventud revelaba que el 41% habían sufrido violencia física o sexual en el contexto de la prostitución. Y también asfixian las duras condiciones económicas. Una ventana en el barrio rojo de Bruselas cuesta 250 euros al día, es decir, 7.500 euros al mes. La mayor parte del dinero recopilado va a parar a sufragar esta renta, que en ocasiones recae en manos de proxenetas.

Una ventana en el barrio rojo de Bruselas cuesta 250 euros al día

“A veces se habla mucho de la elección de estar en la prostitución. Para nosotras es más una situación de no elección. Son las circunstancias de vida las que les han empujado a entrar en la prostitución y en general, siempre con la interacción de un tercer actor que es el proxeneta”, denuncia Crespo. Bauwens no lo comparte: “Creemos que todo el mundo tiene el derecho a elegir lo que quiere hacer con su vida. Nosotros tenemos un punto de vista muy pragmático. Pero hay una dominación moral ahí fuera que no lo ve así. Nosotros no decimos que [la prostitución] sea buena o mala. Ni siquiera que sea algo normal, no lo es. Pero por eso hemos aprobado una ley específica con derechos extras. Las trabajadoras del sexo no deberían ser discriminadas y estigmatizadas de forma doble. Si quieres que la gente tenga opciones, tienes que asegurarte de que partan con los mismos derechos”.

¿Por qué Bélgica?

Algunas organizaciones advierten de que convertir a Bélgica en una suerte de “paraíso del sexo” podría tener un impacto en los países colindantes o en el auge de redes de proxenetas y de tráfico de personas. Vecinos como Francia están instaurando un modelo abolicionista donde la demanda se persigue y penaliza. Los clientes con miedo pueden cruzar la frontera hacia la permisiva Bélgica. “Mientras sea la excepción, Bélgica seguirá siendo un país superfructífero para las redes de proxenetismo y de traficantes”, advierte Crespo, que acusa un aumento de estas redes en los últimos años. “Una ley laboral diferencia claramente entre trabajo y explotación. Si quieres rastrear la explotación y el tráfico de personas necesitas una legislación. Ahora bien, que funcione o no depende de la prioridad de la implementación, de la policía, del sistema judicial”, contrapone Bauwens.

Bélgica es ya uno de los países del mundo —sino el cabeza— que más está integrando y normalizando la prostitución. ¿Por qué? Una mezcla de compleja estructura social, cultural y política pueden ayudar a entenderlo. El sistema político está descentralizado y hay mucho trasvase con la sociedad civil. Fue el segundo país del mundo en permitir el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia. Y el hecho de ser un Estado partido en dos, ha obligado a flamencos y francófonos a entenderse. “Tenemos que tratar de entendernos, comprender otros puntos de vista y quizá eso nos hace más tolerantes y abiertos”, analiza Bauwens, en conversación con este periódico.

Radiografía europea: ¿hacia el modelo sueco?

Entre los 27 Estados miembros, el marco regulatorio de la prostitución es muy dispar. En Austria, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia y Países Bajos está legalizada y regulada. En Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España es legal, pero no está regulada. En Croacia y Rumanía está penada. En Francia, Irlanda y Suecia considera que pagar por ello es delito y se castiga a los clientes. El caso más radical lo encontramos en Lituania, donde es delito tanto por parte de las personas que la ejercen como por los clientes. Y en el otro extremo, está Bélgica, que es el único que cuenta con una ley que integral sobre la prostitución.

España se mira en el modelo sueco, que tiene como objetivo reducir la demanda a través de perseguir al cliente y de crear estrategias de salida y apoyo para las mujeres que lo deseen. El pasado martes, el Congreso de los Diputados debatió una proposición de ley que busca castigar el proxenetismo y avanzar en la abolición de esta práctica con multas a clientes o a personas que cedan los inmuebles para esta actividad. Se calcula que en España hay unas 40.000 mujeres que ejercen la prostitución. “Para los socialistas esta situación es incompatible con un Estado de derecho democrático y digno y estamos decididos a eliminar esta forma de violencia”, ha afirmado recientemente su portavoz en la Cámara, Patxi López.

Los detractores del bautizado como modelo nórdico aseguran que empuja a los trabajadores sexuales a la clandestinidad, haciendo más difícil su acceso a los hospitales o a la policía por miedo. “Solo recibes protección si dices que quieres salir de la prostitución. Es la vía guiada por la moral. Pero las trabajadoras se tienen que esconder, los clientes buscar alternativas porque se exponen a un riesgo. Es más peligroso también para las víctimas porque los clientes normales se quedarán en casa ya que no quieren cometer un delito, ¿quién irá entonces? Los que hayan cometido delitos ya o los que les dé igual”, defiende el miembro de Utsopi. “Este modelo ha demostrado que la prostitución disminuye y que las mujeres prostituidas se sienten más seguras a denunciar los casos de violencia porque no es el reino de los clientes”, contrapone la directora de Isala.