El PP no ayudará al PSOE a salvar su reforma para prohibir el proxenetismo

El clima permanente de tensión electoral y la fuerte crispación política ha situado a los dos grandes partidos en extremos opuestos. La interlocución es prácticamente nula, incluso en aquellas cuestiones en las que siempre han existido consensos. La abolición de la prostitución es uno de esos asuntos en los que PP y PSOE siempre han compartido posición, pero la posibilidad de un acuerdo que permita alumbrar la prohibición del proxenetismo aún se estima lejana.

El PP no prevé votar a favor de la proposición de ley que el PSOE llevará al pleno del próximo martes en el Congreso de los Diputados, a apenas tres días de que empiece oficialmente la campaña de las europeas. Fuentes parlamentarias se inclinan por una abstención para "ser coherentes con nuestra posición histórica", pero dejando claro que, esta vez, los socialistas no podrán tirar del comodín de los de Feijóo para tramitar su propuesta contra la trata. El primer partido de Gobierno tampoco cuenta, a priori, con el respaldo de Sumar, con importantes sectores instalados en la corriente regulacionista. Tampoco de otros aliados habituales, como ERC o Junts.

Al tratarse de la toma en consideración, Sánchez solo necesitará más síes que noes para dar el primer paso de la tramitación. La abstención del PP le permitirá salvar ese paso, pero la ley volverá a quedarse en agua de borrajas. El PSOE ha registrado una reforma del Código Penal y, por tanto, de una Ley Orgánica, de modo que necesita mayoría absoluta para que la norma vea definitivamente la luz. El PP es la única llave. Y en las filas de los populares se niegan a ser partícipes.

Los populares endurecen de este modo la postura que adoptaron en 2022, cuando votaron a favor de la tramitación de la proposición del PSOE bajo el argumento de que eliminar "cualquier forma de violencia contra las mujeres" estaba "por encima" de cualquier otra consideración política. Pero en el partido de Feijóo aseguran estar "cansados" del "ninguneo" de Sánchez, a lo que se suma la enconada desconfianza entre ambas formaciones motivada por la presión electoral y los acuerdos con el independentismo.

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Fuentes parlamentarias del PP aseguran, además, que llevarán la batalla contra la trata por su propio sendero y registrarán su propia proposición de ley en la Cámara Baja, un texto "trabajado con asociaciones" centrado en "el castigo a los puteros", la misma línea sobre la que se asienta la norma de los socialistas. No registrarán la ley hasta después de las elecciones europeas, por lo que su tramitación podría demorarse hasta el siguiente período de sesiones.

Pese al evidente consenso en los puntos más importantes, el PP se niega a ayudar al PSOE a "blanquear" con su ley episodios como el caso del Tito Berni o la propia trama de Koldo García, por lo que la norma de los socialistas volverá a un punto muerto pese a superar el primer trámite el proximo martes. El PSOE ya intentó impulsar esta misma propuesta la pasada legislatura, pero finalmente decayó por la convocatoria de las elecciones del 23-J. "¿No se supone que somos nosotros los malos? ¿Y que Sánchez tiene un buen conglomerado de partidos progresistas? Que intenten entenderse con sus socios", inciden.

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La vía de encontrar acuerdos a su izquierda es un camino prácticamente cerrado para el PSOE. Sumar esperará al martes para comunicar su posición a la tramitación de una ley que penaliza, entre otros puntos, la tercería locativa, y castiga a clientes, proxenetas e individuos que alquilen locales para ejercer la prostitución. La reforma del Código Penal incluye además la propuesta de castigo a los puteros, con una multa de 12 a 24 meses que podría elevarse a entre uno y tres años de prisión si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Las formaciones que aglutina la marca de Yolanda Díaz cuentan con posiciones dispares respecto al afán abolicionista de los socialistas, y se desconoce aún si darán libertad de voto en el pleno del próximo martes. Tampoco se prevé el respaldo de Junts o ERC, que ya votaron en contra de la norma en 2022, mientras que EH Bildu y PNV optaron por la abstención. Salvo sorpresa mayor o giro del PP, el histórico compromiso del PSOE volverá a la casilla de salida.