El PSOE presenta su ley contra la prostitución con el Gobierno dividido y sin apoyo de sus socios

La iniciativa del PSOE para abolir la prostitución vuelve al Congreso de los Diputados plagada de dudas y sin un horizonte claro. El grupo socialista presentó este martes su proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y prohibir el proxenetismo en todas sus formas, aunque sin los apoyos necesarios para sacarla adelante. El primer partido del Gobierno no cuenta con el respaldo de su socio de coalición, Sumar, ni de otros aliados que sustentan la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez, como ERC o Junts. La medida nace igual de condenada que en 2022, cuando la formación necesitó al PP para iniciar la tramitación tras el rechazo generalizado. Los populares, de momento, guardan silencio.

La propuesta, como ocurrió la legislatura pasada con Podemos, ha tensionado el Ejecutivo. El carácter punitivo del texto, que plantea abolir esta actividad y castigar a proxenetas y clientes, contrasta con los postulados regulacionistas de un sector importante de Sumar, representado en los comunes y Compromís. Las diferencias en el Gobierno han quedado de nuevo al descubierto con esta cuestión y su viabilidad está en el aire.

El precedente no es para nada favorable. Los dos partidos independentistas catalanes ya votaron en contra de la toma en consideración en 2022, mientras que EH Bildu y el PNV se abstuvieron. La prostitución despierta diferentes lecturas en el bloque de la mayoría y nada indica que vaya a cambiar en esta ocasión.

La diputada y portavoz del PSOE en Igualdad, Andrea Fernández, hizo un "gran llamamiento" este martes para alcanzar un acuerdo que permita "acabar con la prostitución", consciente del pulso abierto con todos sus socios y de las dificultades sobre la mesa. El portavoz parlamentario, Patxi López, manifestó la misma idea a primera hora del día y apeló a aquellos grupos que "de verdad quieran abolir la prostitución". "Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios. Y, entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres en este país", declaró López.

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La propuesta impulsada la legislatura pasada decayó finalmente por la convocatoria de las elecciones del 23-J. El PSOE la ha recuperado ahora para dar respuesta a su compromiso contra la prostitución, tal y como quedó recogido en su último Congreso Federal. "Somos un partido abolicionista y este es un gobierno progresista, feminista y abolicionista", dijo la semana pasada la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El rechazo de los socios sitúa al PP como la llave. Hace un año y medio, antes del verano de 2022, los populares permitieron la tramitación de la proposición de ley del PSOE bajo el argumento de que están a favor de eliminar "cualquier forma de violencia contra las mujeres por encima de cualquier otra consideración". El partido de Alberto Núñez Feijóo subrayó entonces que su predisposición a colaborar con el fin de la prostitución en todas sus formas. “La prostitución no puede ser legal, como no puede serlo la venta de órganos”, explicó entonces.

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El escenario ahora es más complejo. La guerra abierta con Pedro Sánchez pone en cuarentena cualquier posible acuerdo con los socialistas, como ha quedado demostrado con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, incluso con la mediación de Didier Reynders, comisario europeo de Justicia. Fuentes populares evitan dar cualquier pista sobre su voto y ponen de manifiesto la contradicción de esta iniciativa con episodios como el caso Koldo o las investigaciones en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por sus vínculos con la prostitución. "Ya lo valoraremos", indican a este diario.

Castigo a clientes y proxenetas

La iniciativa de los socialistas, según consta en la proposición, plantea castigar a clientes, proxenetas y quienes alquilen locales para ejercer la prostitución. Así, centra la modificación del Código Penal en su artículo 187, habida cuenta de que "no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la 'explotación' de la persona prostituida". Por tanto, añade la propuesta, "ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo".

El PSOE plantea una pena de prisión de dos a cuatro años y una multa de 12 a 24 meses para aquel que "con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". El texto, además, incluye el tipo penal para la denominada como tercería locativa, referente a perseguir quien ceda o alquile una habitación o un piso para ejercer la prostitución. La norma habla de penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 18 a 24 meses.

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El tercer pilar de la propuesta es el castigo a los puteros. Según la propuesta, pagar por sexo será castigado con una multa de 12 a 24 meses y se agravará en el caso de que la persona prostituida es un menor o una persona en situación de vulnerabilidad. En ese caso se prevén penas de prisión de uno a tres años y multas de 24 a 48 meses.