La nueva crisis diplomática entre Irlanda y Reino Unido está por los migrantes que huyen vía Belfast

Al 'premier' Rishi Sunak no le debería interesar ahora una crisis diplomática con Irlanda. Uno de los principales logros de su mandato fue precisamente sellar un nuevo pacto con el país vecino para desbloquear años de tensiones por los problemas acarreados por el Brexit. Pero la política es caprichosa y resulta que el nuevo enfrentamiento entre Londres y Dublín se ha convertido ahora para Downing Street en su mejor campaña porque significa que su polémica ley para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo está funcionando. O eso es al menos lo que dice el líder 'tory'.

Con la controvertida normativa —de dudosa legalidad— los inmigrantes llegados al Reino Unido por rutas irregulares están cruzando a la República de Irlanda a fin de evitar ser deportados al país africano.

Ha sido la propia ministra de Justicia irlandesa, Helen McEntee, la que ha explicado en el parlamento de Dublín que el 80% de los solicitantes de asilo más recientes habían llegado a la República desde la provincia británica de Irlanda del Norte. Recalcó que, en lo que va de año, "una mayoría significativa de personas" que buscaban asilo en Irlanda lo habían solicitado en una oficina de protección internacional y no en un puerto o aeropuerto, lo que sugiere que las personas venían de Reino Unido a través de la frontera terrestre.

El Gobierno irlandés está preparando leyes de emergencia para anular un reciente fallo del Tribunal Superior de Dublín que prohíbe los retornos al Reino Unido al no considerarlo "país seguro". Pero el primer ministro británico asegura que Reino Unido "no está interesado" en negociar sobre este asunto con el Tigre Celta. "No vamos a aceptar retornos de la UE a través de Irlanda cuando la UE no acepta retornos a Francia, de donde provienen los inmigrantes ilegales", dijo a ITV. "Por supuesto que no vamos a hacer eso", añadió enérgicamente.

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La disputa coincide con la antesala de los comicios locales de Inglaterra de este jueves. Y se ha convertido en la mejor campaña para el Partido Conservador quien, pese al varapalo que vaticinan las encuestas, saca ahora pecho asegurando que finalmente el Brexit ha recuperado el control de las fronteras, consciente de que la inmigración es una de las cuestiones que más preocupa al electorado.

Tras años de batallas legales, la semana pasada Westminster aprobó finalmente una ley por la cual, cualquier persona que "ingrese ilegalmente en Reino Unido" después del 1 de enero de 2022 será enviada hasta Ruanda para que allí se procesen sus solicitudes. Si tienen éxito, se les podría conceder el estatus de refugiados y se les permitiría quedarse en el país africano. De lo contrario, podrían solicitar establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro "tercer país seguro". Lo que no podrán es solicitar su regreso al Reino Unido. El Ejecutivo argumenta que el plan disuadirá a la gente a cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

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Aunque la oposición y ONG lo consideran "inhumano" y los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, han llegado a describirlo como una práctica "que debería avergonzarnos como nación".

Sea como fuere, Londres ha pasado ahora el problema a Irlanda. Tras la salida de los británicos del bloque, la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte es la única física —junto con la de Gibraltar— que queda ahora entre Reino Unido y la UE. Y para hacer cumplir el Acuerdo de Viernes Santo de 1998— con el que se selló la paz entre católicos y protestantes en el Ulster— esa frontera, pese al Brexit, no puede tener controles físicos de personas.

La división terrestre entre ambos países es inapreciable. Uno solo sabe si está en el lado británico o irlandés, si en los trayectos de las estrechas carreteras campestres ve las señales de tráfico en millas o kilómetros. Regular esa frontera fue uno de los principales escollos del histórico divorcio. Y pese al Marco de Windsor, está visto que los problemas van a continuar.

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El Tribunal Superior irlandés dictaminó el mes pasado que Reino Unido ya no era un "tercer país" seguro al que devolver a los solicitantes de asilo, debido al polémico plan migratorio de Ruanda.

No obstante, el Ejecutivo irlandés prepara ahora una normativa para abordar la devolución al Reino Unido de los migrantes que lleguen a este país a través de la frontera invisible con Irlanda del Norte. El primer ministro irlandés, el democristiano Simon Harris, ha asegurado que la legislación británica para enviar hasta el país africano a migrantes en situación irregular está teniendo un impacto en su país ante el "miedo" que genera esta medida y ha reiterado que no tiene intención de permitir que Irlanda "proporcione una fisura legal para los desafíos migratorios de otros".

Sin embargo, Downing Street ha dejado claro que, incluso si Irlanda aprueba una nueva legislación, "corresponde al gobierno de Reino Unido decidir a quién aceptamos y a quién no en el país".

"Corresponde al gobierno de Reino Unido decidir a quién aceptamos y a quién no en el país"

El ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, dijo este lunes que Londres solo tratará "con la Unión Europea en su conjunto" cualquier petición de Dublín de devolver a los migrantes indocumentados que lleguen a su territorio desde la provincia británica. Tras reunirse con el viceprimer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de la Conferencia Intergubernamental Británico-Irlandesa (BIIGC, en inglés) de cooperación bilateral, sostuvo que el controvertido plan migratorio "ya está funcionando como herramienta disuasoria".

El gobierno de Reino Unido está pagando 500 millones de libras para financiar más patrullas fronterizas para evitar los cruces de pateras y un nuevo centro de detención en Francia, tras un nuevo acuerdo entre los dos países en 2022. Sin embargo, desde el Brexit no existe ningún pacto específico que permita a Londres devolver a París a los solicitantes de asilo una vez que hayan cruzado el Canal de la Mancha.

Tras aprobar la controvertida ley, el Gobierno conservador dijo que los primeros vuelos con destino al país africano serían en julio. No obstante, sin previo aviso, esta semana ha comenzado ya una operación para detener a solicitantes de asilo. Los que acudan a reuniones de rutina en las oficinas del servicio de inmigración o a citas para la libertad bajo fianza serán retenidos para preparar su deportación.

El Ejecutivo busca el golpe de efecto para los comicios locales del jueves, donde los 'tories' podrían perder la mitad de los escaños que ahora ocupan. Pero abogados y activistas advierten que las detenciones corren el riesgo de provocar batallas legales prolongadas, protestas comunitarias y enfrentamientos con la policía.
Según los últimos datos oficiales, el número de personas que llegaron a las costas británicas en pateras en los primeros cuatro meses de 2024 fue el mayor jamás registrado para ese período, con 7.167 personas, en comparación con 5.745 en el mismo período del año pasado. El récord anterior de esos cuatro meses era de 6.691.