"Debería darnos vergüenza": UK zanja la batalla legal y deportará inmigrantes a Ruanda

La subjetividad del tiempo en política es algo curioso. En 2021, el Gobierno británico criticó a Ruanda por "ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas". Sin embargo, ahora considera que el país africano es el más idóneo para mandar a los solicitantes de asilo llegados a Reino Unido por vías irregulares. Tras años de batallas legales, el primer ministro, Rishi Sunak, ha conseguido sacar adelante la que se considera la medida más controvertida de la era post Brexit. Los primeros vuelos con los inmigrantes sin papeles con destino a Kigali están previstos para este verano, aunque las diferentes ONGs —que bautizan la ley de antihumana— ya han adelantado que presentarán impugnaciones legales "lo más rápido posible".

Con la nueva ley, cualquier persona que "ingrese ilegalmente en Reino Unido" después del 1 de enero de 2022 será enviada hasta Ruanda para que allí se procesen sus solicitudes. Si tienen éxito, se les podría conceder el estatus de refugiados y se les permitiría quedarse en el país africano. De lo contrario, podrían solicitar establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro "tercer país seguro". Lo que no podrán es solicitar su regreso a Reino Unido.

El Ejecutivo argumenta que el plan disuadirá a la gente a cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Aunque los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, han llegado a describirlo como una práctica "que debería avergonzarnos como nación".

En 2005, diputados y lores estuvieron durante 30 horas sin dormir hasta aprobar la polémica normativa antiterrorista del entonces Gobierno de Tony Blair. Era complicado superar ese récord histórico, aunque Sunak se mostró el lunes dispuesto a alargar el debate el tiempo que hiciera falta hasta poder sacar adelante la controvertida ley que, además, ordena a los tribunales británicos hacer caso omiso de secciones clave de la Ley de Derechos Humanos y les obliga a ignorar otras leyes británicas o normas internacionales —como la Convención Internacional sobre Refugiados— que obstaculizan las deportaciones al país africano. Aun así, para el ala dura del Partido Conservador sigue sin ser suficiente y piden a Sunak sacar a Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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Pese a que el líder conservador llegó a Downing Street con un enfoque más moderado y pragmático que sus predecesores, en materia de inmigración ha implantado una política de mano dura consciente de la importancia que tiene esta cuestión para el electorado ante los comicios previstos para finales de año, donde todos los sondeos predicen el fin de la era tory tras más de 13 años en el poder. La promesa del Brexit de acabar con las pateras no se está cumpliendo.

Durante los últimos cuatro meses, el proyecto de ley había estado atrapado en un proceso denominado ping-pong, saltando constantemente de una cámara a otra. Las enmiendas propuestas por los lores para suavizar el programa eran rechazadas por los Comunes. Una y otra vez. Entre ellas, la que reclamaba que todos aquellos afganos que colaboraron con las fuerzas británicas quedaran excluidos de las posibles deportaciones. Finalmente, la Cámara Alta, que no es electa, decidió esta madrugada tirar la toalla.

Los primeros irregulares viajarían, como pronto, al país africano para el mes de julio. Por lo tanto, Sunak no cumpliría con su promesa anterior de comenzar las deportaciones durante la primavera. El objetivo era conseguirlo antes de las elecciones locales del 2 de mayo, cuando está previsto que los tories cosechen una humillante derrota que podría derivar incluso en moción de confianza contra el primer ministro. Las propias filas forzaron la salida de Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. Por lo que nada se descarta en una formación que actúa ya a la desesperada.

El largo y polémico camino hasta la aprobación

El controvertido programa migratorio fue inicialmente anunciado en abril de 2020 por el entonces premier Boris Johnson. Mientras el político de melena albina tiraba de discurso populista prometiendo que así acabaría con la inmigración ilegal, Sunak (en ese momento titular de Economía) no creía que esa fuera la forma más efectiva para detener a las pateras que cruzan el Canal de la Mancha. Tampoco la veía como la más barata. Pero el Plan Ruanda ha acabado convirtiéndose en el eje central de su mandato con un liderazgo cada vez más cuestionado.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo de Reino Unido siguió los pasos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos oponiéndose a la medida por considerarla ilegal. El fallo advertía que los refugiados correrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen, donde podrían sufrir daños, asegurando que esto viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que el Reino Unido es signatario. Asimismo, también recordó las propias preocupaciones del Gobierno británico en el pasado sobre el pobre historial de derechos humanos de Ruanda.

Tras la sentencia, Sunak tuvo que cerrar un nuevo pacto con Kigali con modificaciones para asegurar que "las personas desplazadas al país africano no correrán el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas". Aunque el nuevo plan también ordena a los tribunales hacer caso omiso, entre otros, a la Ley de Derechos Humanos.

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Pese a las críticas, lejos de amedrentarse, el premier está considerando otros destinos como Costa Rica, Costa de Marfil o Armenia para deportar también hasta allí a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares. Otras naciones africanas, incluidas Marruecos, Túnez, Namibia y Gambia, "se negaron explícitamente" a entablar discusiones técnicas, según el Times.

"Puedo confirmar que ya tenemos preparado un aeropuerto, y hemos reservado vuelos comerciales chárter con horarios comprometidos. Hemos entrenado a 500 personas para acompañar a los inmigrantes ilegales [sic] hasta Ruanda, e incorporaremos otros 300 en las próximas semanas", anunció Sunak antes del debate en Westminster. Consciente del gran escándalo que provocarán los vuelos, el Ejecutivo alquiló a principios de año un hangar para aviones, utilizado normalmente por las productoras como estudio cinematográfico, para que los funcionarios de seguridad puedan ser entrenados para obligar a los inmigrantes a meterse en el avión con destino al país africano.

Los inmigrantes serán escoltados uno por uno desde un centro de detención en una base aérea por guardias de seguridad, que están siendo entrenados para lidiar con situaciones "problemáticas", que incluyen la posibilidad de que los migrantes utilicen la violencia para evitar ser deportados o protestas al estilo de Extinction Rebellion en las que los activistas "se hacen los muertos" al tirarse en el suelo y negarse a moverse.

Se estima que se necesitarán cinco agentes por cada migrante. Los responsables de seguridad también se están preparando para la perspectiva de manifestaciones fuera de la base aérea en un intento de detener los vuelos. Entre los que reciben entrenamiento se incluyen los agentes de inmigración y personal extranjero de la empresa de seguridad Mitie, que tiene un contrato multimillonario con el Ministerio del Interior para gestionar el asilo y la detención de inmigrantes.

Ahorrar millones 'a largo plazo'

El Gobierno británico pagó 240 millones de libras a Kigali a finales de 2023 para albergar a los refugiados. Aunque el pago total será de, al menos, 370 millones de libras para los próximos cinco años. Si se envía a más de 300 personas a Ruanda, Reino Unido pagaría una suma única de 120 millones de libras para ayudar a impulsar la economía del país africano, con pagos adicionales de 20.000 libras por persona reubicada. Las cifras oficiales publicadas anteriormente sugerían que trasladar a cada individuo a un tercer país costaría 63.000 libras más que mantenerlos en Reino Unido.

Con todo, Sunak afirmó que el plan de Ruanda "permitirá literalmente ahorrar miles de millones a largo plazo", aunque no especificó cifras. El sistema de asilo de Reino Unido cuesta casi 4.000 millones de libras al año, incluidos unos 8 millones de libras al día en alojamiento en hoteles.

Para abaratar costes, en lugar de hoteles, el Gobierno mandó el año pasado a los solicitantes de asilo a la denominada "prisión flotante", un buque de tres pisos con 222 camarotes amarrado en el puerto de Portland (Dorset, Inglaterra). Muchos de los propios parlamentarios conservadores lo llamaron "el barco de la vergüenza".

A principios de abril, 534 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en 10 barcos en un solo día, la cifra diaria más alta en lo que va de año. Esto eleva el total para 2024 hasta el momento a 6.265, un aumento del 28% con respecto al mismo período del año pasado, todo un batacazo para un Gobierno que prometió que con el Brexit se recuperaría el control de las fronteras.