"El que corte las calles no cobra": Milei saca mano dura para enfrentarse a un periodo de protestas masivas

El nuevo presidente argentino no engañó a nadie en campaña y logró el 56% de los votos prometiendo un duro ajuste, pero en el Ejecutivo son, obviamente, conscientes de que las medidas ya anunciadas y las que están por anunciarse van a provocar un severo rechazo social que irá in crescendo y, en previsión, aprobaron la pasada semana un "protocolo antipiquetes" para intentar disuadir las protestas.

Las organizaciones sociales consideran las disposiciones inconstitucionales y represoras. Su primera prueba de fuego ha tenido lugar este miércoles, cuando unas 80 organizaciones han convocado una marcha contra el ajuste, frente a la Casa Rosada. Con una asistencia aproximada de 50.000 personas.

"Nadie impide que puedan tener su marcha. Lo que no van a poder hacer es cortar la calle. Irán por la vereda [por la acera], irán a una plaza, pedirán permiso en una plaza", afirmó la pasada semana la ministra de Seguridad y excandidata presidencial macrista, Patricia Bullrich, al presentar su Protocolo de orden público.

La norma incluye disposiciones para permitir a las fuerzas del orden intervenir sin orden judicial para los delitos en flagrancia, la liberación de las vías principales en caso de corte, el uso de la fuerza "mínima necesaria y graduada en proporción a la resistencia", la identificación de los "autores, cómplices e instigadores" de los bloqueos viales y la sanción a los ciudadanos que lleven niños a las marchas, entre otras medidas que incluyen también que los organizadores pagarán los costos de seguridad.

Bullrich responde así al segmento importante de la población argentina que critica la protesta social y, en especial, los cortes de calles —más de 8.000 en todo el país solo este año—, pero existe también otro segmento que defiende con ahínco las manifestaciones como forma de adquirir derechos y creen que las medidas criminalizan la crítica política. "Se están avasallando los derechos democráticos", comenta a El Confidencial Mónica Sulie, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que ha marchado este miércoles.

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"No hay ningún ajuste que pase sin represión y necesitan para ello meter un protocolo casi terrorista de Estado, manteniéndose por fuera de las libertades democráticas e impidiendo las expresiones de la oposición. Es un Estado de terror que quiere aplicar Bullrich con la venia de Milei, apoyado en las fuerzas federales y lo necesitan porque justamente es su apuesta para que pase el ajuste. Las dos grandes batallas que tiene Milei son que la calle no se le llene de gente y la lucha contra la inflación", añade.

Años de protestas

Los dirigentes de los movimientos sociales presentaron esta semana un recurso de amparo para que el ministerio de Seguridad no aplique el protocolo y, este mismo martes, el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó, junto a ellos, un "habeas corpus preventivo".

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La situación en la calle no va a ser fácil en los próximos meses. "Javier Milei fue electo, en parte, para acabar con los piquetes en Argentina, las protestas que han paralizado regularmente Buenos Aires durante los últimos 20 años. Hacerlo a la vez que respeta la democracia requerirá un equilibrio cuidadoso, y podría acabar con su Gobierno si se hace mal", considera el analista Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly, una revista estadounidense.

"Javier Milei fue electo para acabar con los piquetes en Argentina"

"Dado el trauma de la dictadura, muchos argentinos entendiblemente temen cualquier tipo de represión de protestas, pero otros creen que la tolerancia ha sido excesiva, permitiendo a los piquetes interrumpir la vida diaria en Buenos Aires de formas que otras ciudades como Sao Paulo o México simplemente no tolerarían", considera el experto, subrayando que si Milei "pierde el control de la calle o va demasiado lejos en la represión, podría costarle el trabajo como ya se lo costó a Fernando de la Rua".

De hecho, la marcha del miércoles conmemoraba también los 22 años de las manifestaciones masivas del 19 y el 20 de diciembre de 2001, durante el "corralito" y la crisis de desempleo que dejaron, al menos, 38 muertos por acción de las fuerzas del Estado y acabaron con la dimisión del entonces presidente, siendo el germen del actual movimiento piquetero de izquierda.

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Las expresiones del Gobierno y su entorno frente a ese grupo han sido constantes desde la victoria electoral. "Hoy hay un mandato popular muy profundo y está validado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras", señaló hace unas semanas el expresidente Mauricio Macri, algo que fue visto por parte de los movimientos sociales como una amenaza.

"No fue solo Macri. Hubo otros que se manifestaron de igual forma. Es muy desacertado en una Argentina que realmente está muy dolida y enojada. Es muy desacertado exacerbar mensajes de violencia en un momento donde el incremento de los precios de los alimentos y el transporte va a calar profundo en las necesidades de la gente y empezar a echarnos la culpa a nosotros como si fuésemos culpables de lo que va a suceder y asegurando que esto se soluciona a través de la confrontación en la calle", le dijo a El Confidencial Ignacio Aldasa, de la Coordinadora por el Cambio Social, durante un acto reivindicativo reciente de las madres de la plaza de Mayo.

"Hay que aclarar que esta actitud ya ha dado hechos de violencia, por lo menos simbólica, porque han hecho escraches a locales y amenazas. Margen para el miedo, sin embargo, no hay. Lamentablemente qué miedo puede tener una madre a la que le aumentó un 400% el kilo de arroz o un 200% el kilo de azúcar en un mes. No hay margen para el miedo", añade Aldasa.

A Macri, eso sí, no le acabó gustando que Bullrich se presentase unilateralmente disponible al puesto de ministra de Seguridad y la elección acabó produciendo roces en su partido, Propuesta Republicana (Pro).

Se da la circunstancia de que Bullrich apenas tiene jurisdicción para aplicar su protocolo en los espacios federales como las autopistas de entrada a las grandes ciudades o la estaciones de tren, así que cada gobernador tiene potestad para desarrollarlo o no en su territorio y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) el mandatario es Jorge Macri, primo del expresidente, con el que podría haber fricciones.

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De inicio, Macri aseguró que aplicaría lo dispuesto, pero se sabe que no cayó bien en la administración porteña que Bullrich lo anunciase antes de hablar con los líderes de CABA. Las protestas pondrán a prueba la coordinación entre el Gobierno y el Ejecutivo regional con un añadido: las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que engloba a las localidades del área metropolitana de la capital y está gobernada por el peronismo, ya han avisado de que no aplicarán la nueva ley porque "criminaliza las protestas y sobrepasa un límite".

"El que corta no cobra"

Las disposiciones de Bullrich no han sido las únicas anunciadas por el Gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anunció que quienes corten las calles no cobrarán planes (subsidios) sociales bajo la premisa de "el que corta no cobra", tensionando más los ánimos.

Quienes corten las calles no cobrarán subsidios sociales bajo la premisa de "el que corta no cobra"

"Queremos darte tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte. Si sos beneficiario de un plan social, que nadie te obligue a cortar las vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo", añadió la ministra, destacando, como critica usualmente su sector, que los movimientos sociales obligan a las personas a asistir a manifestaciones, algo que los grupos niegan.

Petovello, además, inició un proceso para eliminar la intermediación y evitar que sean los dirigentes de los movimientos sociales quienes administren algunos subsidios, dando altas y bajas, como se hace ahora, especialmente en el caso del plan "potenciar trabajo", que remunera a más de un millón de personas por trabajos comunitarios como la organización de comedores sociales para aliviar la pobreza y el hambre o trabajos de reparación de calles, entre otras actividades.

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Desde el entorno del Gobierno, la derecha y también parte del progresismo, se ha criticado que las organizaciones sociales administren ese subsidio. "Los líderes piqueteros no representan a los pobres", señaló el libertario Rodrigo Marra esta semana.

En esos sectores se apunta a factores de discrecionalidad en el sistema de ayudas, clientelismo y entrega a personas que no lo necesitaban —se han denunciado decenas de casos de personas que viajaron al exterior con ese dinero o que, a la vez, tenían empleo público— algo que las organizaciones niegan, aunque se han admitido casos de colados.

Un reto para Milei

"Milei no ha sido el único que ha criticado esa gestión de los movimientos. También lo planteó Cristina Fernández Kirchner, aunque se piense que uno y otro están en las antípodas. Es algo que la política tradicional busca porque, a pesar de ellos, hemos organizado los barrios, los hemos empoderado y eso les molesta. El problema que tienen es cuando la política pública la tomamos, las organizaciones sociales en nuestras manos y desde allí les discutimos el relato", comenta Silvia Sarabia, del movimiento Libres del Sur, defendiendo el potenciar trabajo, pero aclarando que no es la solución a los problemas del país.

"Los planes, en realidad, muestran el fracaso de los gobiernos que no generan trabajo genuino. Nosotros creemos que hay que pensar en otro modelo de país. Argentina tiene los recursos naturales suficientes para desarrollarse, tener autonomía y soberanía. Esto son parches, intentos de frenar la sangría que sufre una cantidad importante de la población", añade Sarabia.

"Los planes, en realidad, muestran el fracaso de los gobiernos que no generan trabajo genuino"

Milei ha aumentado la cuantía de la tarjeta alimentaria y de la asignación única por hijo, congelando, eso sí, los aportes para el potenciar trabajo lo que, teniendo en cuenta la inflación, supone la efectiva reducción de su poder adquisitivo. El mandatario subrayó, en cualquier caso, que esos planes iban a ser los únicos rubros del presupuesto con billetera abierta para aliviar la situación de los más necesitados.

A las declaraciones de Bullrich y Petovello se han añadido otras de políticos y funcionarios de segundo rango, consideradas como muy belicosas. "Cárcel o bala", llegó a pedir el diputado oficialista José Luis Espert para los dirigentes de izquierda que bloqueasen las calles y a quienes definió como "parásitos".

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"Su amenaza y reivindicación de que para nosotros corresponde un ataque contra nuestras vidas de semejante magnitud es entendido por los seguidores como una posibilidad avalada por un diputado nacional, para dimensionar la gravedad de quien lanza la amenaza y sus implicancias", señalaron los dirigentes izquierdistas no peronistas, Myrian Bregman y Nicolás del Caño al interponer una denuncia contra Espert.

Se espera que las protestas se intensifiquen cuando se produzcan los cortes en los subsidios de la luz, el gas, y sobre todo de los transportes, planificados para enero. Los dirigentes de movimientos sociales esperan un empobrecimiento general en los barrios e incluso situaciones de emergencia.

"Se prevé un salto en la inflación brutal. Ellos dicen que los precios se están sincerando, pero del sincericidio no come la gente cuando vas a pasar unas fiestas donde tu salario, ya por la devaluación, vale la mitad. Las medidas van a provocar que se vaya la carne para el mercado externo y no haya para el interno. Eso lo dicen los propios carniceros, que se llevan China, España y diferentes países el 60% de la carne", expone Sulie, del MST. El portal Infobae publicó la semana pasada un análisis pronosticando un aumento de precios del 98% en los productos y alimentos de primera necesidad durante diciembre y principios de enero.

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"Yo quiero ver a Milei bailar cuando venga el aumento de las tarifas. Si el precio del billete de autobús se multiplica por cinco va a ser imposible de pagar para el que labura. Es un gasto que te reduce lo que cobras porque los salarios no aumentaron en lo que se refiere a la inflación y eso va a generar un problema importante. La gente va a terminar reaccionando", asegura Sulie, siendo consciente, como el resto de líderes sociales, de que parte importante de los habitantes de las zonas más necesitadas votó a Milei.

"Ha sido un mensaje de enojo de un montón de sectores de nuestra sociedad y como tal hay que tomarlo en cuenta. En nuestros barrios, incluso algunos compañeros lo han votado y eso para nosotros es signo de que el enfado traspasó muchas de las ideas propuestas por Milei", comenta Sarabia, de Libres del Sur, ante el nuevo mapa político que se ha abierto en el país.