Chivatazos por el bien común: la UE quiere proteger (con sanciones) a los delatores

“El miedo a las represalias es, a menudo, fundado”. Lo sabe bien Antoine Deltour, juzgado por la información que dio lugar al escándalo de Luxleaks al exponer la ingeniería fiscal de grandes compañías en el Gran Ducado. También Hervé Falciani, pendiente de su posible extradición por haber revelado valiosa información sobre evasores fiscales ligados al banco en el que trabajaba, HSBC de Ginebra. Los informantes, aquellos que deciden tirar de la manta para denunciar situaciones irregulares, son conscientes de que dar un paso adelante es un gran riesgo.

Bruselas prevé proponer el próximo martes normas para protegerlos en toda la Unión Europea. En el borrador de una nueva directiva, al que El Confidencial ha tenido acceso, recalca la importancia de asegurar que aquellos que tienen información privilegiada sobre fraudes e incumplimientos de las normas puedan revelarla sin temores. Y la Comisión Europea no se engaña: “Los estados miembros deben tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalia”.

¿Por qué proteger a los delatores? Porque hacen falta y se la juegan. Sus revelaciones permiten luchar contra aquellos que torean las normas

¿Por qué proteger a los delatores? Porque hacen falta y se la juegan. Por una parte, sus revelaciones permiten luchar contra aquellos que torean las normas y “pueden causar un serio daño al interés público”. Se trata de ampararlos, porque sirven al interés público: esa es la clave. Además, la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker tiene claro que hace falta asegurar que se cumplen las normas, y qué mejor que tener a gente sobre el terreno dispuesta a avisar si no se hace.

Castigar la venganza

Bruselas propone que los estados miembros adopten unos “mínimos comunes” de protección, que incluyan sanciones contra aquellos que traten de vengarse de los informantes. “La represalia en sus diversas formas está prohibida y castigada”, ya sea directa o indirecta, dice el borrador. Pero ¿cómo?

La Comisión plantea que los países pongan “recursos adecuados” a disposición de los denunciantes, incluso apoyo financiero y legal. También que se considere que estas revelaciones no son un incumplimiento de los compromisos de confidencialidad impuestos por contrato o ley, un cambio significativo que por ejemplo a Deltour le habría evitado todo un proceso judicial en Luxemburgo.

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Si un informante denuncia que ha comenzado a sufrir acoso en su trabajo o si le despiden por haber dado informaciones, tendrá que ser el 'acosador' o el empleador el que demuestre ante la Justicia que sus acciones no son represalias por haber destapado irregularidades. Algo complicado que, si no logran hacer, Bruselas quiere que resulte en sanciones. Aunque no especifica el tipo de castigos a adoptar, sí menciona algunos de los casos punibles.

“Intimidación, coacción, acoso u aislamiento”, “daños, inclusive a la reputación”, “pérdidas financieras, también de negocios o ingresos”, “finalización anticipada de contratos”, “discriminación”, “suspensiones o despidos” son solo algunos de los riesgos a los que se enfrentan los denunciantes, que deberán ser prohibidos y contra los que los países deberán actuar.

Violaciones de normas europeas

Bruselas, que ya sabe por dónde pueden venir las sensibilidades de los países, apuesta por proteger a los delatores cuyas filtraciones se centren en actividades ilegales o infracciones de las normas de la UE en varias áreas. Esto cubre desde la contratación pública, los servicios financieros, la lucha contra el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo a la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la salud pública o la protección de la privacidad y de los datos personales.

Aquellos informantes que den datos sobre pactos entre empresas contrarios a la libre competencia o ayudas de Estado ilegales también estarán amparados. O sobre desvío de fondos europeos. También los que denuncien los acuerdos fiscales que ponen a algunas corporaciones en una ventaja comparativa que conceden algunos países, los conocidos como 'tax rulings'.

Si la legislación se hubiera adoptado hace años, se podría haber protegido a informantes como los que permitieron que salieran los papeles de Panamá

La lista no es aleatoria, sino que aprende de los errores pasados. Si la legislación, que Bruselas quiere que entre en vigor en 2021 una vez que pase por la Eurocámara y el Consejo, se hubiera adoptado hace años, se podría haber protegido a informantes como los que permitieron que salieran a la luz los papeles de Panamá, los casos de Luxleaks o las malas prácticas de Cambridge Analytica que han puesto en tela de juicio el modelo de negocio de Facebook y la protección de datos en EEUU.

Pero, además de esos grandes casos, también se podría haber detectado mucho antes el Dieselgate —el uso de mecanismos fraudulentos para hacer ver que los coches diésel de fabricantes como Volkswagen eran menos contaminantes—, casos de vertederos ilegales o de contaminación de aguas, donde “el problema no es que no haya normas europeas, sino el hecho de que no se cumplen de manera efectiva”.

Canales seguros y obligación de actuar

Además, la Comisión propone el establecimiento obligatorio de “canales” a los que los delatores puedan recurrir con seguridad, confidencialidad y con la certeza de que el asunto que planteen será analizado. Deberán crearse estos canales dentro de las organizaciones o compañías grandes, es decir, aquellas con más de 49 empleados o con ingresos anuales de al menos 10 millones de euros.

Pero, además, las autoridades públicas deberán crear organismos encargados de recibir este tipo de denuncias, para aquellos casos en los que los informantes no puedan dar el paso de recurrir a la vía interna de su empresa o si esta no da frutos. En cualquier caso, si temen recurrir a estos canales y deciden hacer pública información comprometida, también deberán ser protegidos.

Unificar la protección en toda la UE

A día de hoy, la situación de los denunciantes cambia por completo de un país a otro de la UE. España no se encuentra entre los 10 países europeos —Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido— que tienen leyes completas para protegerlos. Pero, incluso en estos casos, el informador se puede sentir en peligro.

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Penalizar informaciones maliciosas

Bruselas quiere proteger a los denunciantes, pero esto no quiere decir que pretenda dar carta blanca a todo aquel que tenga información comprometida en sus manos. Si su objetivo es “malicioso o abusivo” y no persigue el bien común —por ejemplo, si trata de hacer chantaje—, la Comisión cree que también debe ser castigado. “Los estados miembros deben proveer sanciones proporcionadas para disuadir” a cualquiera de caer en esta tentación.