España detiene a Falciani por orden de Suiza en plena fuga de Rovira y Gabriel a ese país

El filtrador de la información relativa a más de 100.000 supuestos evasores fiscales clientes del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha sido detenido esta tarde en Madrid por la Policía Nacional cuando estaba a punto de impartir una conferencia en la Universidad de Comillas. Los agentes le han arrestado en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades suizas el pasado 19 de marzo por una sentencia firme de cinco años de prisión. Los funcionarios del Grupo Internacional de Fugitivos de la Policía se han personado en el centro docente y le han detenido justo antes de que Falciani participara en una mesa redonda titulada 'Cuando decir la verdad es heroico', de la que también formaban parte periodistas como Sandrine Morel, de 'Le Monde'; Joaquín Castellón, de La Sexta, o Daniele Grasso, de El Confidencial.

Hace una década, Falciani se llevó miles de datos de clientes de la entidad financiera con sede en Ginebra, una información que ha llevado a la Hacienda española a abrir numerosas investigaciones para recaudar el dinero presuntamente defraudado por los evasores. En concreto, según describe la orden de detención, a la que ha tenido acceso El Confidencial, mientras Falciani trabajaba como analista técnico para el HSBC, donde estaba empleado desde el 14 de febrero de 2007, se hizo con una lista de datos de más de 120.000 clientes y antiguos clientes de la entidad financiera. Entre el 2 y el 9 de febrero de 2008, continúa la orden, con el fin de "proponer esos datos a bancos de Beirut", se presentó con identidad falsa bajo el nombre de Rubén Alchidiack y el cargo de jefe de ventas de la empresa Parlova, mercantil ficticia ubicada en Hong Kong y con despacho de representación en Suiza.

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Durante las cinco visitas que hizo a estas entidades, Falciani les ofreció "un buen producto para vender con información de clientes con alto potencial financiero". En concreto, información sobre la identidad del cliente, su fortuna y su perfil inversor. A partir de marzo de 2008, además, también bajo la misma identidad figurada, contactó por 'e-mail' con varios organismos estatales para proponerles acceso a esos datos y escribió en el asunto la frase "evasión de impuestos". Falciani, prosigue la mencionada orden, afirmó tener una lista completa de cinco grandes bancos con sede en Suiza; en concreto, 20.000 empresas, 107.181 personas y el historial de sus haberes de los últimos años. El 3 de julio de 2008 envió por correo electrónico un fichero con una tabla con los apellidos, trabajos, direcciones y evolución de cuentas en dólares de siete personas físicas.

Una orden con recorrido limitado

Será la Audiencia Nacional la competente para tramitar la reclamación de los suizos, que se basa en una condena en rebeldía del trabajador de la banca. Falciani fue condenado en ausencia a cinco años de prisión por violación de secreto bancario. Los datos que aportó sirvieron para dejar al descubierto numerosos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial avisan de que España ya denegó la entrega en 2013 por los mismos hechos. No cabría, por tanto, aceptarla ahora, al considerarse cosa juzgada. La misma Audiencia Nacional que ahora debe estudiar esta nueva petición de entrega ya se pronunció hace años y consideró que los hechos que le imputaba la Justicia helvética no eran constitutivos de delito según el ordenamiento jurídico español.

La petición de suiza se produce tres años después de que Falciani fuera condenado en rebeldía, precisamente en el momento en que se ha reclamado a sus autoridades la entrega de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada por rebelión en la causa que instruye el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. La cuestión ha recaído en la guardia de la Audiencia Nacional, que esta semana corresponde al juez Santiago Pedraz. Tras analizar la reclamación, el magistrado ha decidido remitirla al Juzgado Central de Instrucción 6.

El trabajador de la banca comparecerá así, mañana, ante el magistrado Manuel García-Castellón, que deberá decidir si le deja libre mientras se tramita el expediente de extradición o le mantiene en prisión. La cuestión llegará posteriormente a manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidirá tras escuchar el criterio de la Fiscalía. En última instancia, la entrega depende del Consejo de Ministros.