Premio en bolsa para el Estado: el valor de sus acciones suma 5.000 M en solo 10 meses

La bolsa española ha disfrutado en los últimos diez meses de un periodo de bonanza como hacía tiempo que no se recordaba. Desde que el mercado logró sacudirse las preocupaciones generadas por la guerra de Ucrania y la fuerte subida de los tipos de interés (como respuesta a la escalada de la inflación), el mercado nacional se ha mostrado como uno de los más pujantes a nivel internacional, con el Ibex acumulando ganancias superiores al 32% desde sus mínimos del pasado octubre y hasta el cierre de julio y unos retornos totales por encima del 38%. Esto supone más de 12 puntos por encima de lo obtenido por el índice paneuropeo Stoxx 600 y hasta 22 puntos por encima de lo registrado por el índice global MSCI World en el mismo periodo.

Este buen hacer de la bolsa española ha dejado, obviamente, un sinfín de beneficiados, entre los accionistas de las compañías que mejor han aprovechado este periodo. Y entre ellos ocupa un lugar destacado el Estado español, que ha visto crecer el valor de las acciones que mantiene en su poder alrededor de un 28%. Cifra que se incrementa si se toman en consideración los dividendos abonados por las compañías con presencia pública en su capital durante este periodo.

En total, las acciones que controla el Gobierno a través de la SEPI, el FROB y Enaire alcanzan un valor total, al cierre de julio, de 23.221 millones de euros, un incremento de más de 5.000 millones respecto a los 18.153 millones a los que se valoraba esta cartera el pasado 12 de octubre. Asimismo, en este periodo, las arcas públicas habrían ingresado unos 874 millones de euros en concepto de dividendos.

A esta mejora, que permite compensar buena parte de la depreciación registrada en los años anteriores, han contribuido la práctica totalidad de las cotizadas en las que el Estado tiene participación, aunque, obviamente, en muy distinta intensidad. Así, la compañía que más ha aportado, en términos absolutos, a esta apreciación de la cartera de acciones estatales sería Aena, lo que hasta cierto punto resulta lógico, ya que se trata de la participación más grande de cuantas forman parte del patrimonio público.

El gestor de los aeropuertos españoles, en el que Enaire posee un 51% de las acciones, ha visto incrementada su valoración de mercado en estos 10 meses desde los poco menos de 15.500 millones que capitalizaba el pasado octubre a los algo más de 21.800 millones de euros en que se valoraba al cierre de julio. Esto supone un incremento superior al 40% que ha conducido el valor de la participación estatal hasta los 11.123 millones, frente a los 7.890 de hace 10 meses. A esto habría que sumar los 363,375 millones de euros que el Estado ingresó (en términos brutos) con el dividendo que la compañía que dirige Maurici Lucena abonó el pasado mayo, después de tres años sin remunerar a sus accionistas.

Aena ha sido una de las grandes beneficiadas del boom que viene registrando la industria turística en España, una realidad que para el Estado también se ha hecho notar en la evolución de sus acciones en IAG. El 2,5% que controla a través de la SEPI (una participación que deriva de la histórica presencia pública en el capital de Iberia) ha experimentado un incremento de valoración superior al 72%, hasta alcanzar un total de 247,56 millones, frente a los 143,7 que sumaba en octubre.

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Se trata, no obstante, de una cifra muy inferior a los más de 400 millones en que se valoraba esta participación antes del impacto del coronavirus y a pesar de que la SEPI tuvo que invertir unos 70 millones de euros en la ampliación de capital que llevó a cabo el holding aéreo en octubre de 2020 para evitar su dilución en el accionario (aun así se redujo su peso del 2,71% al 2,5% actual).

La mejora del negocio aéreo también ha repercutido en el repunte de las acciones del fabricante europeo de aviones Airbus, que ha logrado registrar recientemente máximos históricos (en gráficos ajustados por dividendos) tras remontar más de un 40% desde octubre, lo que le ha permitido alcanzar cotas de capitalización por encima de los 100.000 millones de euros. De este modo, el 4,12% que controla la SEPI en el gigante de la aviación ha alcanzado valoraciones próximas a los 4.363 millones de euros, un aumento de más de 1.300 millones respecto a las cifras de diez meses atrás. A estas cifras se añadiría el ingreso correspondiente al dividendo que la compañía abonó el pasado abril y del cual correspondieron al Estado español alrededor de 58,6 millones de euros.

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Tensiones en Indra

Indra es la única participada del Estado con un rendimiento en estos diez meses equiparable al de IAG. La compañía, a cuyo frente ha sido designado recientemente José Vicente de los Mozos, ha alcanzado en las últimas semanas sus mejores niveles en bolsa en nueve años, tras remontar más de un 70% desde octubre.

Las expectativas generadas en torno a su papel como punta de lanza de la industria de Defensa en España han logrado imponerse a las dudas suscitadas por sus continuas crisis de gobernanza, en las que, precisamente, la SEPI ha tenido un protagonismo fundamental. En su lucha por asegurarse una mayoría suficiente para imponer su voluntad en el desarrollo de Indra, el organismo público llevó a cabo el año pasado un proceso de compra de acciones a través del cual elevó su porcentaje en el capital desde el 18,75% que controlaba desde 2018 a un 27,99%, para lo que destinó cerca de 174 millones de euros.

Ese casi 28% de Indra se valoraba al cierre de la sesión del pasado 12 de octubre en unos 384 millones de euros, cifra que actualmente se ha elevado hasta el entorno de los 653 millones. Además, el grupo presidido por Marc Murtra abonó un dividendo de 0,20 euros por acción que se tradujo en el ingreso de alrededor de 12,5 millones de euros para el ente público.

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Más modestas han sido las ganancias del resto de participadas del Estado, con Enagás a la cabeza. El grupo gasista, en el que la SEPI tiene un 5% del capital, ha visto elevarse su valoración en este periodo algo más de un 11%, hasta los 4.227 millones de euros, lo que supone que las acciones que de propiedad pública alcanzan ahora una valoración de 211 millones de euros, 22 millones más que el pasado octubre. En este periodo, además, han dado derecho al cobro de dos dividendos, por un valor conjunto de 1,72 euros por acción, lo que equivale a algo de 22,5 millones brutos para la SEPI.

Energía, alimentación y banca

En Enagás, el Estado comparte presencia en el accionariado con Amancio Ortega, una situación que se repite en Redeia (la nueva marca del grupo Red Eléctrica). Sin embargo, en este caso, el organismo público ostenta una destacada mayoría, con un 20% del capital. Este conjunto de acciones alcanza actualmente un valor de mercado de algo más de 1.645 millones de euros, 42,5 millones más (o un 2,66% adicional) que el pasado octubre. En ese lapso, el grupo presidido por la exministra Beatriz Corredor ha abonado dos dividendos que suman un monto bruto de un euro por acción, lo que eleva la cantidad correspondiente a la participación pública hasta los 108,2 millones de euros.

Además de los sectores turístico y energético, en la cartera de cotizadas con presencia pública puede encontrarse un grupo de la industria de alimentación como Ebro Foods. La compañía presidida por Antonio Hernández Calleja cuenta entre sus máximos accionistas con la SEPI, propietaria de un 10,36% de sus acciones y representada en su consejo por el exdiputado de CIU Jordi Xuclá. La capitalización de Ebro Foods se ha elevado en los últimos diez meses en poco más de un 7%, lo que ha llevado el valor de las acciones del Estado en el grupo de alimentación hasta los 267,48 millones de euros, desde los 249,63 millones a los que se valoraba el pasado 12 de octubre. En concepto de dividendos ha ingresado algo más de 9 millones de euros.

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Curiosamente, uno de los paquetes accionariales que menos se ha revalorizado en este periodo es uno de los más polémicos de cuantos siguen bajo dominio del sector público. Se trata de las acciones que el Estado controla, a través del FROB, en CaixaBank, como resultado de su fusión con la rescatada Bankia. Actualmente, y tras el proceso de recompra de acciones ejecutado por la entidad, el porcentaje del capital que controla el organismo público asciende al 17,3%, con un valor de mercado al cierre de julio de 4.709,58 millones de euros, apenas un 1% más hace 10 meses. Eso sí, esta aparente atonía de las acciones se compensa en gran medida con los cerca de 300 millones ingresados en este periodo por la vía de los dividendos.