El golpe del covid arrebata otros 1.650 millones al valor de las cotizadas del Estado

Al Ibex le está costando reponerse del zarpazo del coronavirus. Un año y medio después de que la tormenta se desencadenara en los mercados internacionales ante la expansión global del virus, el índice español se sigue mostrando como uno de los más rezagados a escala mundial a la hora de recuperar el terreno perdido. Los efectos de la crisis sobre sectores fundamentales en el mercado español, como la banca o el turismo, mantienen el índice aún más de un 10% por debajo de los niveles que registraba a mediados de febrero de 2020, un castigo que los dividendos apenas reducen al entorno del 6,5%. Mientras, muchas de las grandes plazas internacionales se mueven ya en zona de máximos históricos.

El revés de la bolsa española ha dejado también una huella ostensible en los números del Estado, que ha visto reducirse el valor de sus inversiones bursátiles en más de 1.650 millones de euros. Las participaciones que tiene el Gobierno en ocho cotizadas del mercado nacional (a través de la SEPI, el FROB o Enaire) alcanzaban al cierre de la sesión del 19 de febrero del año pasado un valor conjunto de 22.280 millones de euros. Casi 18 meses después de aquello, la valoración de estas acciones se ha reducido al entorno de los 20.622 millones de euros.

Buena parte de este roto puede explicarse por la elevada exposición del sector público a los sectores más penalizados por la pandemia, especialmente, a la industria aérea. De hecho, la mayor participación del Estado por valor de mercado en una compañía cotizada y la que mayores pérdidas le ha supuesto es el gestor de los aeropuertos españoles, Aena. El 51% del capital que controla el Estado se valoraba antes del golpe del coronavirus en algo más de 11.333 millones de euros. Al cierre de la sesión del pasado 13 de agosto, esa cifra se había reducido hasta los 10.518,7 millones de euros, lo que supone una merma de casi 815 millones.

Tampoco ha salido bien parada la participación del Gobierno en Airbus, donde controla un 4,12% del capital a través de la SEPI. Pese a la fuerte remontada protagonizada en los últimos meses, las acciones del fabricante de aviones cotizan aún hoy un 12% por debajo de los niveles que mostraban antes de la pandemia. Esto ha supuesto que el valor de los títulos en manos públicas españolas se haya reducido en 489,5 millones de euros, desde los 4.213,94 a los 3.724,36 millones actuales.

Curiosamente, las dos compañías que peores noticias han deparado al Estado durante la crisis son las que mejores números han arrojado en los últimos años. Aena saltó al parqué en febrero de 2015 con una valoración total de 8.700 millones de euros, lo que confería a la participación del Estado un valor de 4.437 millones, un 58% menos que ahora. Si se tienen en cuenta los dividendos abonados por la compañía que dirige Maurici Lucena desde entonces, los rendimientos obtenidos para las arcas públicas (latentes y manifiestos) superan el 165%.

En ese mismo periodo, Airbus ha obtenido un retorno total superior al 150%, a pesar del golpe del coronavirus. Eso supone que los títulos que controla la SEPI, que entonces se valoraban en alrededor de 1.600 millones de euros, han multiplicado su valor bursátil por 2,3 veces.

La SEPI tuvo que aportar 70 millones en la ampliación de capital de IAG

Otra compañía de la industria aérea en la que está implicado el dinero público es IAG. El grupo aéreo, en el que está integrada Iberia, está participado en un 2,52% por parte del Estado español. Ese puñado de acciones ha sufrido desde el inicio de la pandemia una devaluación superior a los 163 millones de euros, al reducir su valor de los 408,51 millones que tenían el 19 de febrero de 2020 a poco más de 245 millones actualmente. Además, a esto hay que añadir que, para mantener sin cambios su participación en el accionariado de la compañía que dirige Luis Gallego, la SEPI tuvo que aportar cerca de 70 millones de euros en la ampliación de capital que el grupo aéreo llevó a cabo el pasado septiembre.

Tampoco han arrojado buenos resultados en este periodo los grupos energéticos con participación pública. Red Eléctrica, en la que la SEPI controla un 20% del capital, ha perdido alrededor de un 12% de su valor desde el estallido de la pandemia, mientras que Enagás se ha dejado más de un 22%, lo que ha depreciado de forma ostensible el 5% de las acciones en manos públicas. Entre ambas compañías, han generado unas pérdidas latentes a las arcas públicas cercanas a los 295 millones de euros. De estos, 223 corresponden a la devaluación de Red Eléctrica y 71,65 millones a la pérdida de valor de Enagás, lo que ha dejado el precio de mercado de las participaciones públicas en ambas compañías en 1.871 y 259,65 millones, respectivamente.

Eso sí, en ambos casos, las pérdidas para el Estado se ven compensadas, en parte, por los dividendos distribuidos por las compañías. Desde el inicio de la pandemia, Red Eléctrica, presidida por la exministra Beatriz Corredor, ha abonado tres pagos por un monto total de 1,7792 euros brutos por acción. Esto implica que el Gobierno habría recibido alrededor de 192,5 millones de euros en concepto de dividendos. Del mismo modo, Enagás ha repartido otros 2,64 euros brutos por acción también en tres pagos a lo largo de los últimos 18 meses, lo que ha supuesto un ingreso para el ente público de casi 35 millones de euros.

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Carla Raffin

El dividendo resulta aún más relevante a la hora de evaluar la acción de otra de las participaciones estatales, Ebro Foods. El 10,36% de la compañía alimentaria en manos del Estado ha perdido unos 20 millones de euros de valoración en este lapso, hasta los 270,7 millones actuales. Pero estas pérdidas se ven más que compensadas por la remuneración recibida en el periodo, que en el caso de la SEPI representa unos 43 millones de euros, después de que la compañía que preside Antonio Hernández Callejas abonará próximamente un dividendo extraordinario, tras la venta de su negocio en Estados Unidos.

Y la que curiosamente sí ofrece un balance indiscutiblemente positivo para las arcas públicas es su gran participación bancaria, ahora canalizada a través de CaixaBank, tras su absorción de Bankia. Al inicio de la pandemia, el Estado controlaba cerca del 62% de las acciones de Bankia, que contaban por entonces con una valoración ligeramente superior a los 3.250 millones de euros. 18 meses después, y tras la integración con el banco que dirige Gonzalo Gortázar, aquellos títulos suponen hoy un 16,11% del capital de CaixaBank, valorados a precios de mercado en 3.440 millones de euros, lo que da una idea de lo bien que ha sido valorada la operación sobre el parqué. Desde que este periódico desveló los planes de fusión entre ambas entidades, las acciones de CaixaBank han remontado cerca de un 45%.

Con todo, y como ya ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, la participación pública en Bankia —y ahora en CaixaBank—, tras el rescate de la entidad nacida de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más, está muy lejos de haber resultado un éxito económico, dado que el Estado inyectó más de 24.000 millones en Bankia y BMN (posteriormente integrada en la propia Bankia), de los que ha recuperado una parte mucho menor mediante el cobro de dividendos y venta de participaciones. En los cinco años previos a la fusión con CaixaBank, la acción de Bankia se devaluó alrededor de un 70%.