Conservadores contra conservacionistas: la lucha por restaurar la naturaleza europea

Cuando a finales del año pasado la Comisión Europea (CE) propuso dotar a la legislación comunitaria de una normativa específica sobre restauración de la naturaleza a nadie le sonó raro. De hecho, la propuesta de la CE sigue las directrices que fijan tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia de Biodiversidad 2030. Además, da cumplimiento, en parte, al compromiso adoptado por la UE al firmar el histórico acuerdo al respecto alcanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15).

Y digo en parte porque dicho acuerdo establece "el compromiso de restaurar de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, costeros, marinos y de aguas continentales para 2030". En cambio, al promover la aprobación de una ley que fija las medidas de restauración de la naturaleza necesarias para recuperar "al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de aquí a 2030", lo que hace la UE es cumplir tan solo en parte con dicho compromiso internacional. Aunque el reglamento de la ley europea también establece que dichas medidas se extenderán hasta abarcar, en 2050, a todos los ecosistemas en mal estado que necesitan ser restaurados.

A este respecto cobran especial relevancia las palabras de la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Secretaria General adjunta de la ONU, Inger Andersen, cuando, tras los vítores y los aplausos que siguieron a la firma del importante pacto alcanzado en la COP15, y sospechando que todo podía quedar finalmente en un brindis al sol alertó que "el éxito de este acuerdo se medirá en términos de progreso en los próximos años, dependiendo de cómo y cuando se lleve a cabo su implementación por parte de los firmantes". Y así está resultando.

La tramitación de la ley europea de restauración de la naturaleza está resultando una carrera de obstáculos que la va desgastando a base de enmiendas y de duros enfrentamientos políticos. Presentada como una de las principales aportaciones de la presidenta Von der Leyen, la normativa contó desde el principio con el rechazo frontal de los grupos de extrema derecha y, curiosamente, del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece la propia Von der Leyen.

Lucha de intereses políticos

El motivo de este sinsentido es la enconada rivalidad que mantiene con ella el actual presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, que aspiraba a su puesto. Finalmente, Weber fracasó en el intento y la ley logró superar el corte parlamentario por los pelos (336 votos a favor y 330 en contra) gracias a que durante la consulta definitiva una veintena de europarlamentarios del PPE rompieron la disciplina de partido y votaron a favor de la ley.

La base de argumentación de la ultraderecha y los conservadores para oponerse a esta ley es que restaurar la naturaleza entra en conflicto con los intereses de los agricultores, los ganaderos, los pescadores y del medio rural en su conjunto. Por eso aprovechan todos los trámites para rebajar la ambición de su reglamento y animan a cada uno de los sectores afectados a que se manifiesten en contra.

Así, aunque la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político para su aprobación definitiva, desde las sociedades científicas y las oenegés ecologistas y conservacionsitas que aspiran a que esta ley entre en vigor y permita empezar a recuperar el 20 % de los ecosistemas degradados de aquí a 2030 y el resto para mitad de siglo, no acaban de darlo por seguro.

WWF es una de las principales organizaciones de defensa de la naturaleza del mundo, y valoran positivamente que por fin se haya alcanzado un acuerdo político para su aprobación, pero denuncian que el texto final ha diluido considerablemente la propuesta original y las numerosas excepciones incluidas así como la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros le han restado ambición.

Devaluada pero aún así positiva

En declaraciones a El Confidencial su secretario general, Juan Carlos del Olmo, reconoce que "lamentablemente durante su tramitación la ley ha sido blanco de una agresiva campaña de desinformación y alarmismo por determinados sectores debido a intereses partidistas y económicos que han intentado impedir su aprobación, especialmente en el caso del sector agrícola más industrializado y negacionista".

En opinión de este experto dichas presiones han provocado que "para garantizar su aprobación, se hayan tenido que introducir numerosos cambios que limitan el alcance de los objetivos para rescatar a la naturaleza y pueden dificultar su cumplimiento, como el recorte al principio de no deterioro de las zonas restauradas, la posibilidad de pausar la implementación de la legislación (el conocido como 'freno regulatorio de emergencia') o la ausencia de una financiación específica".

No obstante el texto incluye elementos positivos que suponen un claro avance hacia la recuperación de los ecosistemas dañados y de la biodiversidad que han perdido. "Por ejemplo —señala Del Olmo— obliga a desarrollar planes nacionales de restauración y establece que no se deben limitar a los espacios de la Red Natura 2000, afectando a prácticamente todos los ecosistemas incluyendo los agrícolas y las turberas". Asimismo, "adopta medidas específicas para revertir la desaparición de polinizadores y promueve que se eliminen barreras artificiales para la conectividad de los ríos, con el fin de convertir al menos 25.000 km de cauces fluviales estén libres de obstáculos para 2030".

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