Polémica: el reciclaje del cartón en España puede irse al traste

La competitividad y la capacidad de innovación de las plantas de reciclaje de papel en España están en riesgo porque sus industriales no encuentran en el mercado compañía alguna que quiera firmar con ellas pólizas aseguradoras de daños materiales, lo que pone en “situación de desamparo” a las empresas y arriesga su viabilidad futura.

La situación, denunciada por la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR) a Planeta A se debe a que las compañías aseguradoras valoran que las plantas tienen alto riesgo de sufrir un incendio, un supuesto que el director general de Repacar, Manuel Domínguez, garantiza que no es mayor que el que enfrentan otros sectores, como por ejemplo el químico. “Hemos invertido mucho en medidas de prevención, de modo que de las más de 600 plantas de tratamiento autorizadas en España solo hubo 7 incendios en 2020”, ha señalado. “Estamos entre la espada y la pared”, advierte.

“Quedamos en desigualdad de condiciones y oportunidades que nuestros competidores europeos”

A este respecto, el presidente del Consejo General de Mediadores, Javier Barberá, ha reconocido que es “imposible” suscribir pólizas aseguradoras de daños materiales para las plantas recuperadoras de papel y cartón. “Están en situación de desamparo”, admite Barberá, que sale en apoyo del sector y avisa de que esta situación puede comprometer el éxito de la economía circular y poner en riesgo o al menos dificultar el cumplimiento de las obligaciones en materia de reciclaje de España.
“Se están promoviendo políticas de reciclaje, desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y, sin embargo, se les está negando el derecho a cobertura y poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa”, valora.

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En este sentido, el director general de Repacar explica que sin la posibilidad de cubrir el riesgo de sus instalaciones, buena parte de los empresarios del sector, la mayoría PYMES, irá dejando de invertir a tiempo sumas millonarias en I+D, en automatizar las plantas, en mejoras para el tratamiento eficaz del residuo que tratan, lo que en definitiva las irá dejando atrás en este mercado global respecto a sus competidores, y en particular frente a Portugal y Francia. Además, argumena que, a la larga, esta situación torpedeará el progreso de la economía circular en España y la creación de empleo verde. “Quedamos en desigualdad de condiciones y oportunidades que nuestros competidores europeos”, lamenta.

Lo cierto es que las compañías aseguradoras no están obligadas por ley a cubrir los daños de estas plantas dada la libertad de mercado y, por eso, Domínguez exige una “solución política”. Defiende que el sector realiza una actividad esencial y como tal quiere que sea reconocida. “Durante el confinamiento pudo comprobarse como nuestro trabajo siguió realizándose con normalidad, pese a todo”, recuerda.

En cuanto al riesgo de las plantas, Domínguez expone que en su mayoría los fuegos no se producen por una falta de diligencia por parte de los operadores. “Nadie quiere que se queme su casa”, subraya el representante de REPACAR, que apunta que en buena medida los fuegos son producidos por los impropios que los ciudadanos depositan en el contenedor azul. “Es fundamental que los ciudadanos separen bien”, recuerda el representante del sector.

Ropa, comida y smartphones en el contenedor azul

Además, añade que desde que comenzó la pandemia registran un importante incremento en el número de impropios, es decir residuos que no deben depositarse en el contenedor azul, especialmente de grandes plásticos, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos y de manera muy destacada, textiles. “Es sorprendente e inentendible. Encontramos a veces bolsas de basura que no deberían estar ahí”, comenta.

En ese sentido, precisa que la materia orgánica, al ir fermentando en medio del papel y el cartón, se calienta y puede producir ignición. A esto se suman los restos de baterías de litio de los smartphones, de relojes inteligentes, tablet e incluso de pequeños electrodomésticos que han llegado a ‘colarse’ en el contenedor azul. Estas baterías pueden producir pequeñas detonaciones en medio del papel e iniciar así el fuego, pero al mismo tiempo, Domínguez relata que estos impropios generan un riesgo “exponencial” de producir numerosos daños a la maquinaria, que no está diseñada para ese tipo de materiales.

Otra de las consecuencias del incremento de impropios es la peor calidad del material gestionado porque parte del papel y el cartón queda “imposibilitado para su reciclado”, según Domínguez, que alerta de que este es un problema de consecuencias económicas y sociales.

Y son precisamente estos perjuicios los que no están cubiertos por ninguna aseguradora. Pese a la inversión realizada en lectores ópticos para separar estos impropios y prevenir incendios muchos empresarios están dejando de invertir porque nadie les cubre. “Las empresas del sector viven con un miedo y un cuidado impresionante”, lamenta.

En definitiva, Domínguez insiste en exigir una solución política, urgente y concreta para que el sector --que facturó en 2020, a pesar de la pandemia, 2.834 millones de euros y da empleo directo e indirecto a unas 24.500 personas--, pueda seguir operando con garantías y acometiendo las inversiones para mejorar su propia actividad.

“Lo hemos intentado con varias compañías de seguros, pero ahora estamos llamando la atención del legislador para que nos ayude para no generar perjuicios al avance de la economía circular”, reivindica el director general de Repacar.

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En este contexto, no cree que el sector en España vaya a desaparecer, pero advierte de que este panorama lo situará en desventaja competitiva con los países del entorno, que sí pueden hacer inversiones de manera segura y conllevará una inevitable pérdida de masa empresarial en un sector que genera empleo verde. Las más afectadas serán las pymes recuperadoras de papel y cartón que operan en un mercado global y que compiten en particular con Francia y Portugal. En último término, observa que de desaparecer o reducirse a mínimos el sector, España podría verse abocada a tener que exportar su residuo de papel y cartón para su gestión y reciclaje, lo que puede conducir a un incumplimiento de la futura ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que está en tramitación parlamentaria.

“Nos quedaremos desfasados ante nuestros principales competidores europeos porque este seguro, a diferencia del de responsabilidad ambiental, no es obligatorio para un sector esencial mientras el regulador mira para otro lado”, concluye.