Esto es todo lo que cambiará la nueva ley de residuos

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que “en breve” --este mismo mes de mayo-- será aprobado el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados por el Consejo de Ministros para darle traslado al Parlamento, donde se tramitará la futura Ley que marcará una nueva relación de los ciudadanos, empresas y administraciones con los residuos.

El borrador de la nueva ley comenzó a prepararse a principios de 2020 y a final de la primavera de ese año, ya en plena fase de desescalada tras el confinamiento para frenar el coronavirus, pasó por el Consejo de Ministros, para iniciar así los pertinentes trámites. La última versión del futuro texto normativo que ya incluye los comentarios del Consejo de Estado está fechada a finales de abril.

En base al principio de que 'quien contamina paga', el anteproyecto legal establece nuevos impuestos

Se trata de una normativa que estará muy ligada a los principios de la economía circular, ya que la última de las opciones para un residuo será, precisamente, la de convertirse en eso: un residuo, pues el objetivo se centra en poder utilizar cada recurso una y otra vez y acabar de una vez por todas con el concepto de usar y tirar. La ley incluirá también nuevas medidas dirigidas a restaurar los suelos contaminados y el inicio de un plan para eliminar el amianto, ya que obligará a los Ayuntamientos a elaborar de aquí a 2023 un censo de edificios e instalaciones afectados por esta sustancia perjudicial para la salud, junto con un calendario para su retirada. En esa circularidad establece igualmente los requisitos para que un residuo deje de serlo “legalmente” y pueda volver a incorporarse al sistema.

La iniciativa apuesta por incrementar las recogidas separadas de distintas fracciones de residuos, incluso con recogida puerta a puerta y otra serie de soluciones y descansa en las competencias locales la obligación expresa, de modo que por primera vez los Ayuntamientos deberán disponer de una tasa o bien de prestación patrimonial diferenciada y específica para los servicios que están obligados a prestar en cuanto a los residuos municipales. Estas tasas, algunas de las cuales sufragará el ciudadano, deberán encaminarse hacia el pago por generación.

En base al principio de que 'quien contamina paga', el anteproyecto legal establece nuevos impuestos, uno a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0’45 euros por kilogramo y otro al depósito en vertedero, a la coincineración e incineración, que puede oscilar –según el tipo de residuo—desde 1,5 euros a 40 euros por tonelada métrica.

Otra de las líneas generales que figura en el último borrador de ley es el establecimiento de una “red estatal integrada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones de valorización de residuos domésticos mezclados” y que se fomentará la gestión de los mismos en las infraestructuras “más cercanas posibles al punto de generación”. Incluye otros aspectos dirigidos a evitar el conocido como turismo de residuos, entre unas comunidades a otras, e incrementa asimismo los controles en la exportación e importación de estos, actividades que deberán estar debidamente justificadas.

Entre los objetivos del proyecto de ley se incluye también la reducción del desperdicio alimentario en, al menos, en un 20 por ciento en 2030 respecto a 2020 con medidas como el fomento de las donaciones y otras vías de redistribución alimentaria. Los productores tampoco podrán destruir los excedentes de productos no perecederos no vendidos, como textiles, juguetes o aparatos electrónicos y se desarrollarán medidas para favorecer la reutilización y la reparación.

Lo que afecta al consumidor en su día a día

Pero para el consumidor, los principales cambios que conllevará esta ley, una vez aprobada, son los siguientes:

• Antes del 31 de diciembre de 2021 los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y en la misma fecha de 2023 el resto deberán contar con recogida separada de biorresiduos.
• Antes del 31 de diciembre de 2021: La recogida separada obligatoria del aceite de cocina usado, tanto de los hogares como del sector de la restauración.
• Los bares y restaurantes quedarán obligados a ofrecer “siempre” agua de grifo.
• Antes del 1 de enero de 2022 los residuos no peligrosos de la construcción y demolición, incluidos, por ejemplo, los de la reforma de una pequeña vivienda, deberán ser clasificados, al menos en: madera, minerales (hormigón, ladrillo, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Y, será “obligatorio” que las demoliciones a partir del 1 de enero de 2024 se realicen de forma selectiva.
• Antes del 31 de diciembre de 2024 los municipios deberán recoger de forma separada los residuos textiles, los residuos domésticos peligrosos y los voluminosos, como muebles y otros enseres.

Por otro lado, para reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, el proyecto de ley establece un calendario de reducción de su peso. De este modo, los plásticos de un solo uso:

• Deberán pesar la mitad en 2026 respecto a 2022 y en 2030, estos envases tendrán que haber logrado aligerar su peso en un 70 por ciento.
• A partir del 1 de enero de 2023: el consumidor habrá de pagar un precio diferenciado en el tique de venta por cada vaso de bebida, su tapa y tapón; recipientes para alimentos, como cajas, destinados normalmente al consumo en el lugar o para llevar.
• A partir del 3 de julio de este mismo año quedará prohibida la venta de cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, con microesferas de menos de 5 milímetros, bastoncillos de algodón, cubiertos de plástico, platos, pajitas, palitos agitadores de bebidas, el palo de los globos, los recipientes de poliestireno expandido y los vasos de ese mismo material.
• Ya el 3 de julio de 2024: solo se podrán vender recipientes de bebidas de hasta tres litros de capacidad para líquidos, incluidos sus tapas y tapones, pero no se podrán vender recipientes de vidrio o metal con tapas o tapones de plástico.
• A partir de 2025: Solo se podrán comprar botellas de PET que al menos tengan un 25 por ciento de plástico reciclado y en 2030 ese porcentaje deberá alcanzar el 30 por ciento.

Por su parte, los vendedores o productores a partir de próximo 3 de julio deberán indicar de forma clara, legible y visible que estos productos de uno solo uso cumplen las normas de la UE, así como las opciones adecuadas para la gestión de ese plástico y para evitar el impacto negativo de estos en el medio ambiente.

Pero en los siguientes años, la normativa exigirá ir más allá y a más tardar en 2025, se deberá recoger de forma separada al menos el 77 por ciento del peso de las botellas de plástico vendidas y el 90 por ciento en 2029. Para ello, en estos años se irán determinando las medidas para conseguir estos objetivos entre las que se plantea la posibilidad de implantar sistemas de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) o bien fijar objetivos en la responsabilidad ampliada del productor.

Sector pesquero: El proyecto de ley diseñado por el Gobierno incorpora al sector pesquero, por el impacto de sus plásticos y redes en el medio marino, a la responsabilidad de la gestión de los residuos. De este modo, antes del 1 de enero de 2025 contempla que deberá lograrse un objetivo mínimo de recogida de artes de pesca y que serán los productores de estas quienes sufraguen los gastos de recogida separada.

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En líneas generales estos son los aspectos que más influyen en el día a día del ciudadano de acuerdo con el borrador de la futura ley, que le hace co-responsable de la reducción en su impacto ambiental a través de los residuos que genera. Sin embargo, el proyecto incorpora también diferentes obligaciones tanto para los productores como para los sistemas individuales y colectivos de gestión a todos los niveles y fija también un régimen sancionador frente a los incumplimientos y dejación de las mismas, no solo en materia de residuos sino también respecto a los suelos contaminados.

Finalmente, plantea una serie de ejemplos que se podrían poner en marcha como tasas y restricciones al depósito en vertedero, sistemas de pago por generación, incentivos fiscales a la donación de productos, SDDR, contratación pública sostenible, medidas fiscales y campañas de concienciación pública, especialmente dirigidas a los más jóvenes.