La incompetencia administrativa compromete aún más el acceso al agua

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso al agua potable y de saneamiento como un derecho humano básico, exhortando a los gobiernos a proporcionar los recursos financieros necesarios y emplear las tecnologías adecuadas para garantizar su suministro a la población de forma “segura, accesible y asequible para todos”.

Casi trece años después, en la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023 celebrada la semana pasada en la sede de la ONU en Nueva York, su secretario general, António Guterres, reconocía que, ante los escenarios de escasez derivados de la crisis climática, el futuro del acceso humano al agua potable en amplias regiones del planeta, incluidos los países más desarrollados, va a depender de que “se cambien las formas de gestionar y administrar este valioso recurso”.

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Entre los principales retos recogidos en la Agenda de Acción por el Agua surgida de esta cumbre destacan los de desarrollar unas infraestructuras resilientes ante el avance de los fenómenos meteorológicos extremos. Unos fenómenos que, como en el caso de las sequías o las inundaciones, van a ser cada vez más recurrentes y severos.

A tal fin, se proponen, entre muchas otras medidas urgentes, mejorar la eficiencia de las conducciones, digitalizar el ciclo integral del agua para conocer y gestionar la demanda de la manera más precisa, desarrollar las nuevas capacidades operativas o aplicar las innovaciones tecnológicas necesarias para impulsar, multiplicar y optimizar el aprovechamiento de los nuevos recursos hídricos, como los que nos brindan la desalinización y la regeneración de las aguas residuales.

Uno de los apartados que merece especial atención en la nueva agenda de Naciones Unidas para afrontar el reto del agua es el dedicado a la gobernanza responsable. Una administración proactiva del recurso que, según el propio Guterres, debe basarse en “la puesta en marcha de políticas inteligentes”. impulsadas desde el gobierno en colaboración con los científicos y los expertos.

En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno ha puesto en marcha un marco de alianzas con las empresas de agua, los científicos y las organizaciones ecologistas y ciudadanas para trabajar conjuntamente en la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la previsión de riesgos. Con un horizonte a 50 años, los resultados de este grupo de trabajo público privado sugirieron que, como consecuencia de la crisis climática, Inglaterra y Gales van a enfrentarse en los próximos años a episodios de sequía muchio más largos y severos de lo que se pensaba hasta ahora.

Gracias a esta colaboración se ha logrado alcanzar un nuevo enfoque estratégico, mucho más amplio y multidisciplinar, para adaptarse a este nuevo escenario y asegurar el suministro de agua mediante un modelo participativo de gestión, sostenible y medioambientalmente responsable, basado en la mejora de las infraestructuras y la gestión de la demanda.

La incompetencia administrativa puede entorpecer la capacidad de respuesta y convertirse en un obstáculo para la adaptación ante una situación de escasez identificada y anunciada por la ciencia desde hace décadas y ante la que se deberían tomar medidas mucho más rápidas y eficaces. De hecho, el subsecretario general de la ONU, Luis Felipe López, declaraba hace dos años en el Foro de la Economía del Agua celebrado en Santiago de Chile, que la crisis del agua "es más bien una crisis de gobernanza" ya que en muchos casos "no hay escasez de agua, sino un mal manejo del recurso hídrico".

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Esa va a ser una de las claves de la política del agua ante el reto global del cambio climático: la anticipación para la prevención del riesgo, la colaboración de todos para asegurar los más altos niveles de calidad en el servicio de abastecimiento con el menor impacto ambiental en el entorno. Una tarea que va a requerir las mejores tecnologías para poder atender a los diferentes tipos de demanda y que va a exigir la dotación de nuevos y mayores recursos económicos.

Todos estos aspectos aparecen recogidos en el informe sobre los ‘Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE’ publicado hace ocho años, donde se destaca que “las infraestructuras hidráulicas en el área de la OCDE están envejeciendo, la tecnología está obsoleta y los sistemas de gobernanza a menudo no están preparados para atender la creciente demanda, los desafíos ambientales, el continuo proceso de urbanización, la variabilidad climática y los desastres ocasionados por el agua”.

En este elaborado y detallado informe se estima que las inversiones para renovar y modernizar las infraestructuras de suministro de agua y saneamiento ascienden a los 6,7 billones de dólares hasta el 2050. Una factura que, sin embargo, podría triplicarse para el 2030 en función de los modelos climáticos hacia los que nos conduzca el calentamiento global. Lo que sabemos ahora sabemos, porque lo estamos comprobando, por ejemplo en España, es que estamos avanzando hacia los escenarios menos confortables.

En otro documento de la ONU, 'Gobernanza del agua para una resiliencia ante el cambio climático', se destaca el papel de la política como una de las claves para garantizar el derecho de la población al agua potable y el acceso a los servicios que nos presta para los diferentes usos, concluyendo que “La gestión de los recursos hídricos está actualmente sub financiada y necesita una mayor atención por parte de los gobiernos”.

Sin embargo, los expertos que participan en este trabajo consideran que “la creciente atención mundial que se presta al cambio climático, ofrece una oportunidad sin precedentes para poner el agua en el centro de los esfuerzos de financiación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)” animando a los gobiernos a “aprovechar los mecanismos de financiación del clima para proporcionar fondos adicionales para mejorar la gestión del agua”.

Agua y cambio climático

Conectar el agua con el cambio climático, esa es la asignatura pendiente de las administraciones. Más allá de declarar la emergencia climática y adherirse a grandes pactos internacionales, como los propios ODS, de lo que se trata ahora es de aterrizar ese discurso en acciones concretas de adaptación, y ninguna mejor que la de ampliar las inversiones destinadas a mejorar los servicios de aguas.

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Porque, además de ser una de las mejores herramientas de adaptación a la crisis climática, toda inversión realizada en este ámbito supone una de las mayores que se pueden llevar a cabo para promover el desarrollo. Según el Banco Mundial, las inversiones para mejorar la gestión de los recursos hídricos podrían acelerar el crecimiento en algunas regiones del mundo en un 6%.

Los Fondos Next Generation de la Unión Europea, diseñados para hacer frente al reto climático y promover el avance hacia una economía circular y resiliente, son la mejor oportunidad que tienen las administraciones para impulsar la modernización del ciclo del agua en todos los ámbitos: agrícola (la modernización de los regadíos es quizá la tarea más urgente), industrial, urbano y doméstico. Si no aprovechamos esta oportunidad, estaremos comprometiendo aún más el acceso seguro y cómodo al agua potable y de saneamiento, ese derecho humano del que hemos venido gozando hasta ahora y que siempre habíamos dado por supuesto.