La vida de una procuradora de 81 años: "Con dos encargos ya saco más que la pensión"

A las diez de la mañana, cuando atiende a El Confidencial, Alicia Ramírez ya ha levantado a su hijo, que tiene síndrome de Down, lo ha preparado para marcharse al centro ocupacional, ha recibido a su hija, ha comprado en el supermercado y se ha sentado al ordenador para otra jornada laboral más. Ha perdido la cuenta de cuántos días semejantes ha acumulado en su biografía. Alicia tiene 81 años y ha trabajado como procuradora en la Comunidad Valenciana desde 1978. 46 años de servicio.

La valenciana se ha convertido por veteranía y desparpajo en una de las caras más visibles del movimiento que abogados y procuradores llevan promoviendo durante los últimos meses con el objetivo de poder llevarse sus mutuas al régimen general de autónomos con todo el dinero invertido, algo que ahora no es posible. Como mutualistas, están percibiendo una cantidad de dinero muy interior a la de la pensión media. Ramírez se considera afortunada, y eso que percibe exactamente 353 euros al mes en doce pagas: es de las que más cobra, y puede complementarlo con otros ingresos como la pensión de viudedad.

"No paso penurias porque tengo otros ingresos, pero con esa cantidad ya me dirás tú: yo conozco a compañeros que han tenido que jubilar más tarde", explica. No se siente una víctima, porque le gusta estar al tanto de las novedades (el día anterior ha acudido a un curso sobre el nuevo Real Decreto Ley), pero sabe que hay compañeros que lo están pasando mal. "Indudablemente, me gusta, pero me he hecho a la idea de que con dos o tren encargos que cobre ya gano más que con la mutualidad. Si tuviera achaques no podría".

Los procuradores actúan como intermediarios entre juzgados, abogados y clientes, por lo que apenas pueden permitirse días de descanso: pasa sus días conduciendo por toda Valencia. Un eslabón importante de la cadena judicial que no existe en otros países y que facilita la vida a los ciudadanos. "Me lleva mucho tiempo", explica Ramírez. "Si no tengo juicio, me paso en el ordenador toda la mañana y luego reviso lo que me manden por la tarde; si voy a juicio, como ayer, que estuve en Catarroja, tengo que ir y a la vuelta encontrarme con todo lo que me han notificado. Llevamos mandamientos al registro, los impresos a hacienda… hay mucho movimiento y lo puedo seguir haciendo porque aún conduzco, tengo carnet hasta 2025".

"Hay compañeras que han salido de 'quimio' y se han ido al juzgado"

Ramírez sabe que no podría jubilarse mañana mismo si quisiera: normalmente, lleva dos años zanjar todos los asuntos pendientes. "A mí me operaron en noviembre de 2021: a las 10:30 salí de la clínica y a las 11:30 estaba trabajando", explica Ana Pons, portavoz de la plataforma J2, que está coordinando estas reivindicaciones. "No puedes desconectarte del sistema: hemos parido con el ordenador delante. Hay compañeras que han salido de quimioterapia y han ido al juzgado, o que han tenido abortos en los baños".

Pero eso va con la profesión, matiza Pons. Lo que ellos piden es algo diferente, que es el reconocimiento de su pensión. La plataforma solicita que pueden pasar sus mutas al sistema régimen general de autónomos, pudiendo llevarse el dinero invertido hasta el momento, algo que no han podido hacer hasta ahora. Eso ha provocado que muchos se hayan quedado atrapados en un sistema mutualista que ofrece pensiones muy bajas (de entre 300 y 500 euros tras varias décadas cotizadas). Esta semana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha propuesto convertir en obligatorio el alta en el régimen especial de autónomos (RETA) a los nuevos colegiados a partir de 2027.

Los años que no cuentan

Durante décadas era obligatorio para los abogados adscribirse a la Mutualidad de la Abogacía y a la Mutualidad de Procuradores. Se trataba de una entidad de previsión social anterior a la Seguridad Social que funcionaba de manera colectiva. A partir de 2005, estos planes de previsión sociales se convirtieron en planes de ahorro individuales que, según la plataforma, han estado mal gestionados, por lo que muchos mutualistas se han quedado atrapados con pensiones "irrisorias", viéndose en la situación de tener que seguir trabajando para que les salgan las cuentas.

"Nosotros hacemos responsables a la mutualidad, que lo ha gestionado de manera que nos ha perjudicado, y al Estado, que inventó el sistema como alternativa a la Seguridad Social", explica Pons. "En principio, uno de los requisitos para estos sistemas alternativos es que diesen a los mutualistas las mismas prestaciones que el sistema público, pero no ha ocurrido porque alguien ha fallado en la vigilancia".

A partir de 2000 se dio la posibilidad a los mutualistas de pasarse al sistema de pensiones de la Seguridad Social, pero renunciando a su capital aportado. Por eso, muchos se quedaron en el sistema mutualista. "Se nos reprocha que no lo supiésemos, pero ¿están pendientes los trabajadores de una multinacional de que funcione bien o de que la Seguridad Social vaya a cumplir lo que promete?", se pregunta Pons.

"Me he traído el ordenador al salón para estar con mi hijo"

No se conoce el número exacto de abogados y procuradores que pueden encontrarse en una situación semejante, ya que como explican desde la plataforma, no se lo han facilitado apelando a la ley de protección de datos. Según sus cuentas, pueden rondar los 60.000 abogados y los 11.000 procuradores. Como señala Pons, portavoz de la plataforma, no ha sido hasta hace relativamente poco que, gracias a internet, se han dado cuenta de que había muchos compañeros en una situación semejante.

Una vida trabajando

Ramírez comenzó su carrera el año de las primeras elecciones generales y se jubiló de la mutualidad justo antes de la pandemia, con 77 años. "Yo he tenido que luchar toda la vida, soy de la promoción 1960-1965: de un curso de 80 personas, solo seis éramos mujeres", recuerda. "He luchado por tener un sitio en la sociedad, pero no he tenido problemas. Los compañeros del equipo jurídico nunca nos han acosado, han sido siempre muy caballeros".

Tiene tres hijos. La mayor, de 52, el mediano, de 47 y el más pequeño, de 42. Darío vuelve a casa a las 17:30, cuando Alicia está ultimando su trabajo como procuradora octogenaria, y lo lleva a la clase del día, sea batucada o circo. Fue una pionera del teletrabajo. Lo decidió para cuidar de su hijo pequeño: "No iba a tener una persona mirando cómo juega mientras yo estoy en otro sitio; yo me he traído el ordenador al salón para estar con él".

Uno de los problemas a la hora de organizarse es que, como el suyo, la mayoría son despachos unipersonales que "poco saben de la vida de al lado", como explica Pons. "Cuando empiezas a ver gente que tenía edad de jubilarse y te dicen que no pueden hacerlo, te preguntas qué estará pasando, porque te das cuenta de que no son casos aislados". Gracias a las redes sociales se dieron cuenta de que su situación era mucho más frecuente de lo que estimaban en un primer momento.

Uno de los testimonios recogidos por la plataforma es el de Alicia. Pero también está el de Francis, un procurador que sufrió un infarto y al que los médicos recomendaron dejar de trabajar, pero no puede. La mutualidad le ofreció 600 euros, por lo que ha decidido seguir trabajando, "a riesgo de mi vida". O Lola, una procuradora que después de diez años ha tenido que elegir entre una pensión vitalicia de 290 euros o de 620 euros por diez años.

En esta elección entre recibir una mayor cuantía por un período determinado o uno menor por más tiempo, Alicia decidió tirar los dados y optar por la de la pensión vitalicia, que calcula en función de los años que se espera que vaya a vivir. "Mi madre y mi abuela vivieron hasta los 95, me da que quien hiciese el cálculo no se había enterado de eso", bromea.

"Dejaré de trabajar si pienso que estoy haciendo el ridículo"

Ese es otro problema para las mujeres procuradoras, que debido a que viven más años, el cómputo general les da una cantidad menor. "Solemos decir que viviremos más años pasando más hambre", explica Pons. Al ser planes de ahorro y no ser consideradas como jubilaciones, estas pensiones no se actualizan con el IPC y solo tienen doce pagas.

Con el acta bajo el brazo

En los últimos meses, se han promovido diversas Proposiciones No de Ley en las comunidades autónomas que instan al gobierno central a intervenir. Además, hay otras dos a nivel nacional promovidas por Sumar y el PP, que comenzarán a discutirse en el congreso este día 19. La plataforma anuncia que "esto no ha hecho más que empezar". El 13 de abril hay convocada una movilización frente al Ministerio de Seguridad Social.

La situación de los mutualistas también afecta a otras profesiones como los arquitectos, que también están organizándose, ya que su situación es muy semejante: durante mucho tiempo no pudieron cotizar a la Seguridad Social como otro trabajador autónomo, por lo que debían apuntarse a la mutua de, en su caso, la Hermandad Nacional de Arquitectos (hoy HNA).

Sumar ha propuesto eliminar los sistemas de pensiones alternativos

Por ahora se han dado pequeños pasos que la plataforma no considera suficientes. Por ejemplo, se ha aceptado que los mutualistas "en situación de vulnerabilidad" puedan contar sus años previos a 1995, pero como se preguntan desde la plataforma, "¿desde cuándo se le exige un pensionista estar en situación de vulnerabilidad para cobrar la pensión?". Yolanda Díaz ha sugerido en alguna ocasión la eliminación de sistemas privados alternativos y Sumar ha propuesto reformar el sistema por "falta de transparencia, informaciones inexactas sobre las previsiones de la cuantía de las pensiones de jubilación y, asimismo, deficiencias en la gestión de las mutualidades".

Mientras tanto, Alicia seguirá trabajando hasta que el cuerpo aguante, o hasta que no pueda conducir más. "Dejaré de trabajar si pienso que estoy haciendo el ridículo", anuncia. "Por ahora, mis compañeras me han dicho que quieren ser como yo y lo entiendo porque estoy muy bien. Si veo que no tengo sitio, me jubilaré". Para entonces, quizá, sus compañeros hayan visto reconocido por fin lo que llevan pidiendo desde hace años.