Más Madrid y Vox apoyan a los abogados mutualistas y piden una pasarela al RETA

Respaldo político a las reivindicaciones de los abogados mutualistas. Los grupos parlamentarios Más Madrid y Vox han presentado dos proposiciones no de ley ante la Asamblea de Madrid en las que critican la jubilación que ofrecen las distintas mutualidades de la abogacía —que califican de "insostenible por injusta y precaria"— y piden la creación de una pasarela que permita a los letrados que lo deseen pasarse al Régimen de Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Ambos documentos serán debatidos en los próximos plenos de la Asamblea de Madrid.

Los textos, de contenido prácticamente idéntico, contienen tres demandas. En primer lugar, que se permita la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al RETA las cantidades cotizadas en las mutualidades profesionales, "computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilaciones incluida; en todo caso, previa ponderación de las cantidades ingresadas y los periodos cotizados". Asimismo, piden que se apliquen complementos a las pensiones de los mutualistas pasivos "hasta alcanzar el importe de pensión mínima".

*Si no ves correctamente el módulo de suscripción, haz clic aquí

En segundo lugar, instan a evitar la equiparación fiscal de las aportaciones realizadas en las mutualidades al sistema alternativo al RETA con un plan de pensiones o ahorro complementario. Y, por último, hacen un llamamiento a mejorar, en sentido amplio, las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la abogacía. La proposición presentada por Vox, por su parte, amplía sus reivindicaciones para incluir al colectivo de procuradores.

TE PUEDE INTERESAR

El ICAM pide al Congreso que regule el tránsito de los mutualistas al RETA

María Jesús Labarca

Más allá de las peticiones concretas, ambos textos incluyen una exposición de motivos en los que hacen un repaso histórico de los acontecimientos y reformas legales que se han ido sucediendo en las últimas décadas hasta llegar a la situación actual. Y, en esa revisión, lanzan una crítica directa a las distintas mutualidades del sector (en concreto, a Mutualidad de la Abogacía, Altermutua y Mutualidad de Procuradores), a los que acusan de haber dado información inexacta a sus mutualistas, además de falta de transparencia y una "gestión deficiente".

"La tramitación de nuevas reformas que agravan la situación de los mutualistas, junto con la falta de transparencia, informaciones inexactas sobre las previsiones de las cuantías de las pensiones de jubilación y las deficiencias en la gestión de la Mutualidad, están impidiendo la jubilación de profesionales de la abogacía que ven, tras una larga carrera de cotización, cómo su pensión es inferior a una pensión no contributiva, por lo que cumplida la edad legal ven imposibilitada la jubilación", rezan ambos textos.

TE PUEDE INTERESAR

Otro lío en Mutualidad de la Abogacía: "Tuve cáncer y conseguir la baja fue una odisea"

Irene Cortés

En la misma línea, critican la cobertura social que ofrecen por estas entidades, que califican de "insostenible por injusta y precaria", y enumeran varios ejemplos concretos de esta realidad, como el hecho de que un mutualista no genera derecho a prestación por viudez, orfandad o incapacidad permanente total. También hacen una mención expresa a los subsidios que ofrecen en caso de bajas por estrés, ansiedad, depresión o cualquier otra causa de incapacidad temporal ligada a problemas de salud mental, que tiene un tope máximo de dos meses a lo largo de toda la vida laboral.

Por último, recuerdan que se trata de un problema que incumbe a un buen número de profesionales. Aunque no es posible precisar el número exacto de los afectados en la Comunidad de Madrid, señalan, "es necesario tener en cuenta que, según los datos publicados por la Mutualidad de la Abogacía, el número de mutualistas en activo es superior a los 210.000, de los que más de 64.000 serían como sistemas alternativo al RETA. Dado que en la CAM se concentra aproximadamente un tercio de los profesionales de la abogacía y la procura en España, podemos suponer que habrá unas 70.000 personas afectadas por esta situación".