¿Jaque mate a la Mutualidad de la Abogacía? El Gobierno quiere RETA obligatorio en 2027

¿Está en jaque (incluso, mate) la Mutualidad de la Abogacía tal y como se le conoce hasta ahora? La pregunta corrió por numerosos grupos de WhatsApp de abogados el pasado jueves al conocer la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de convertir en obligatorio el alta en el régimen especial de autónomos (RETA) a los nuevos colegiados a partir de 2027. O, lo que es lo mismo, prohibir la posibilidad de obtener una cobertura alternativa a través de las mutualidades. Eso sí, quienes ya estuvieran cotizando a través de estas entidades, podrán seguir en ellas.

La noticia sacudió una cuestión que lleva meses al rojo vivo. La mecha la encendió la protesta semi espontánea generada por varios grupos de abogados, canalizada a través del Movimiento #J2 (jodidos) que han visto como, tras años cotizando a la Mutualidad, les queda una pensión irrisoria. En muchos casos, de apenas 300 euros mensuales. Un colectivo al que no solo inquietó la obligatoriedad del RETA a partir de 2027, también la solución planteada por Saiz ante el problema de las pensiones: facilitar una pasarela de las mutualidades a la Seguridad Social, pero solo cuando se inscribieran en el sistema alternativo con anterioridad a 1996 y cuando se encuentren en "situación de vulnerabilidad".

¿Por qué la frontera temporal de 1996? Porque antes de esa fecha los profesionales colegiados no pudieron elegir, sino que tuvieron que acudir obligatoriamente a las mutualidades. A partir de ese año, una reforma legal habilitó la opción de que escogieran. A ellos, se les dará "la posibilidad de optar por la conversión del capital acumulado en su mutualidad, en periodos cotizados con la base mínima en el RETA", como explicó la ministra en una comparecencia el Senado, transfiriendo ese dinero desde las mutuas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Valoramos de forma muy negativa el planteamiento de la ministra, porque no atiende ninguna, absolutamente ninguna de nuestras reivindicaciones", subrayan desde el Movimiento #J2. La restrictiva pasarela planteada por Saiz, exponen, olvida el artículo 50 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos el garantizar "la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad" mediante "pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas". Por lo que seguirán reclamando que se habilite una pasarela al RETA para cualquier mutualista, computándose cada año de cotización en el sistema alternativo como un año cotizado en la Seguridad Social.

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Además, expresan su preocupación por convertir el RETA obligatorio a partir de 2027 para los nuevos colegiados. "Si todos los autónomos tienen que inscribirse en el régimen de la Seguridad Social a partir de 2027, lo que ocurrirá es que progresivamente la Mutualidad dejará de tener importantes activos cautivos y tendrá que funcionar como cualquier compañía aseguradora", indican desde #J2, lo que implicará, auguran, que se reduzca la rentabilidad que ahora genera y empeorará aún más las pensiones de los mutualistas. La Mutualidad, en resumen, puede convertirse en una trampa para los inscritos posteriormente a 1996, que pueden ver "secuestrados" lo aportado durante su vida laboral, azotados, además, por una "mala fiscalidad" y unas "pensiones ridículas, incluso por debajo de las no contributivas".

También el Sindicato de Abogados Venia ha mostrado su inquietud por este extremo. En un comunicado que criticaban el conjunto de la propuesta de la ministra Saiz señalaban que "es inaceptable que, si va a extinguirse la alternatividad, otros compañeros puedan quedar cautivos en un régimen que ha demostrado carecer de eficacia como sistema de previsión social". Además, rechazaban que las mutualidades pudieran seguir captando nuevos colegiados hasta 2027, "pese al tremendo problema de escasez en cuanto a prestaciones que eso les supondrá".

Mutualidad rechaza evaluar el impacto

Desde la abogacía institucional, también el Colegio de Madrid (ICAM) muestra su preocupación sobre el impacto que en la Mutualidad, y en quienes en ella se quedan, puede tener que dejen de entrar letrados a partir de 2027. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social, "por decirlo coloquialmente, es matar moscas a cañonazos y con un preocupante efecto indeseado sobre otros mutualistas", explican fuentes de la institución que lidera el decano Eugenio Ribón, figura que, desde la abogacía institucional, más se ha movido para resolver el problema de las pensiones de la Mutualidad.

"Todas las actuaciones que se emprendan tendentes a solucionar la situación de los mutualistas alternativos con prestaciones mínimas deben tener en cuenta la diversa casuística de sus colegiados, donde se dan situaciones muy variadas", indican desde el ICAM. La clave, aseveran desde la institución colegial, es amparar a quienes se sienten perjudicados, pero evitando perjudicar al resto de mutualistas.

El Colegio de Madrid expresa su preocupación por el "menoscabo de la reputación" de la Mutualidad que supone la propuesta de Saiz

Además, desde el colegio de la capital expresan sus recelos por el "menoscabo de la reputación de la entidad" que puede suponer la propuesta de la ministra. "Nos preocupa enormemente el impacto negativo que globos sonda de este tipo puedan crear en la entidad", aseveran, aunque subrayan que la Mutualidad "está sujeta a todos los controles del Regulador y es de una solvencia incuestionable". En todo caso, desde el Colegio admiten que la prohibición de entrada de nuevos mutualistas "puede crear un efecto indeseado muy perjudicial para un elevado número de colegiados e, incluso, de ahorradores privados".

A pesar de la sacudida que supondría la medida para su propio funcionamiento y del impacto que esta podría tener para sus propios mutualistas, la Mutualidad optó por eludir dar explicaciones. En la actualidad, según cifras de la propia entidad, son 60.000 los mutualistas alternativos. Lo que no señalan desde organización, a pesar de la consulta de este diario, es cuántos de los mismos podrían jubilarse, por edad, los próximos tres ejercicios —y, por tanto, en cuanto se reduciría el músculo de sus inscritos por esta vía—. Tampoco quiso una estimación del impacto que puede suponer que el sistema RETA sea el obligatorio a partir de 2027, lo que supondría drenar una de sus fuentes de captación de capital, limitando su capacidad de inversión y, por tanto, de ofrecer una determinada rentabilidad.

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Lo que sí se ha querido señalar desde el organismo que preside Enrique Sanz Fernández-Lomana es que se "lamenta la decisión unilateral de las medidas anunciadas por el Gobierno y, en especial, sobre el obligatorio encuadramiento de los colegiados profesionales autónomos en el RETA a partir de 2027" y se comprometen a "velar por los intereses" de los actuales mutualistas alternativos, así como del conjunto de sus mutualistas. "En cualquiera de los casos, la sostenibilidad del modelo financiero de la Mutualidad está asegurada por su sistema de capitalización individual, donde cada mutualista tiene individualizados sus derechos económicos", remarcan. En la actualidad, la entidad gestiona más de 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas, volumen al que hay que sumar 500 millones de euros de fondos propios no comprometidos. El margen de solvencia, según sus cifras, es del 204% al cierre de 2023.

Desde los colectivos de abogados afectados por la situación de las pensiones, eso sí, se promete seguir dando la batalla y ejerciendo presión política. Ya han logrado que un importante número de parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos aprueben mociones que apoyan su causa. No tienen nada que perder, subrayan, porque "el maltrato no puede ser mayor", en referencia a otra de las propuestas de la ministra Elma Saiz: elevar la cotización a las mutualidades, para equipararla a la del RETA, "pero sin tener garantizada ninguna pensión". Desde #J2 aseveran que seguirán reuniéndose con todos los grupos políticos, hasta lograr que se elabore una propuesta "seria y asumible" por el colectivo, y mantendrán su calendario de concentraciones y manifestaciones. "Llevaremos el tema al Parlamento Europeo una vez se celebren las elecciones de junio; la cuestión tiene la suficiente entidad como para que nos planteemos cualquier actuación en el futuro, sin descartar ninguna", rematan.