Sareb se da 100 días para llevar a sus okupas a la vía judicial e iniciar su desahucio

Las modificaciones introducidas en la ley de vivienda en materia de okupación ponen en el foco a los grandes tenedores, a los que se emplaza a tener que acreditar previamente a la demanda de desahucio si hay familias vulnerables en sus viviendas y a activar sistemas de mediación para que estas personas regularicen su situación por la vía de un alquiler social.

Probablemente, el mayor tenedor de vivienda de España sea el propio Estado a través de Sareb, dueña de 47.000 viviendas, y, por tanto, a quien primero afecta esta nueva normativa, modificación a la que ya está adaptada por su plan de alquiler social a vulnerables. Hace casi un año, la entidad lanzó un plan dirigido a separar el grano de la paja: identificar a aquellos vulnerables que estaban en sus viviendas y ofrecerles un programa de acompañamiento, para que puedan pagar un alquiler social; y, por otro, acreditar quiénes son okupas con k y llevarlos a la Justicia para recuperar estos pisos.

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R. Ugalde

Desde el pasado otoño, esta dinámica está plenamente instalada sobre un perímetro de 14.000 viviendas habitadas que el banco malo se ha ido adjudicando. Esta cifra se divide en 4.600 alquileres asequibles (inferiores a 480 euros) que ya estaban al corriente de pago cuando Sareb se los adjudicó; 2.000 pisos cedidos a comunidades autónomas y ayuntamientos por convenios; en 2.500 casos se han formalizado alquileres sociales (2.000 acordados y 500 firmados), y sobre los 4.900 se ha llevado a cabo o se está llevando a cabo el análisis de vulnerabilidad.

Según confirman desde la entidad pública, en el 50% de los casos, unas 2.450 viviendas, ya saben que los ocupantes no son colaboradores y, por tanto, han iniciado las demandas judiciales en el 97% de los casos. En la otra mitad, se está trabajando en determinar si son vulnerables que quieren entrar en el programa de alquiler social, lo cual implica tener una vivienda por unos 190 euros de media y poder pagarla, para lo cual, el ocupa se compromete a buscar empleo y pedir todas las ayudas y subvenciones a las que tenga derecho, labor que hace de la mano del banco malo.

Ahora que todos los grandes tenedores van a estar obligados a acreditar la vulnerabilidad y someterse a mediación antes de presentar la demanda de desahucio, el ejemplo de Sareb puede ser una guía sobre los tiempos a los que se enfrentan los fondos con la nueva norma. Y, para acreditar si se trata de un ocupa con c o con k, la media son 100 días o algo más de tres meses.

Cuando se adjudica una vivienda del denominado perímetro social, Sareb inicia un mínimo de cuatro visitas, en diferentes días y franjas horarias, que lleva a cabo en el plazo de un mes, y se emite un informe en el que se determina si el habitante o los habitantes de la vivienda son vulnerables. Entonces, se abre otro periodo de negociación para ver la disposición del ocupa a colaborar en el plan.

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Sareb tiene su propio servicio de gestores sociales, pero también trabaja en coordinación con los servicios sociales municipales y autonómicos, lo que le permite cumplir con los nuevos requisitos legales. Junto a ellos acredita si el ocupante de la vivienda está dispuesto a buscar empleo y ayudas para poder hacer frente al alquiler social. En caso afirmativo, en un plazo medio de tres meses y medio se firma el contrato, y si lo rechaza, se inicia la vía judicial para poder recuperar la vivienda y destinarla a alquiler social.

Desde la entidad aseguran que este sistema de colaboración consigue reducir drásticamente la morosidad, hasta el entorno del 5%, y que cada año se revisa la situación de las familias que viven en estos pisos y se decide cómo continuar, elevando la renta si han conseguido incrementar sus ingresos. También en el caso de los alquileres asequibles, que estaban al corriente de pago cuando se los adjudicó, también revisa qué hacer a vencimiento: si firmar un nuevo contrato o recuperar la viviendas para pasarla a alquiler social.