Sareb selecciona a un ejército de bufetes para pilotar su redefinición estratégica

Sareb —la Sociedad de Gestión Pública de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria— cuenta ya con el panel de despachos entre los que encargará la pata legal de su redefinición estratégica. Según el anuncio de adjudicación publicado hace unos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la entidad ha conformado una primera selección de 15 bufetes, los que, conforme se vayan planteando los asuntos, deberán presentar sus ofertas, resultando elegidas las que sean más competitivas. El monto total destinado por Sareb para la contratación de asesores legales externos para los próximos cuatro años, periodo de duración del contrato, es de cuatro millones de euros.

Los bufetes que han resultado adjudicatarios con Andersen, Ramón y Cajal Abogados, EY Abogados, Garrigues, Deloitte Legal, Cases & Lacambra, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Clifford Chance, Auren Abogados, Broseta, Ejaso, Lener, Montero Aramburu, PwC Tax & Legal y Tarsso Abogados. No obstante, no todos aspirarán a los mismos asuntos, puesto que la adjudicación se reparte en seis lotes, en función de la materia. Los servicios requeridos alcanzan, desde el "asesoramiento jurídico general y especializado", hasta "la representación y defensa de los intereses de Sareb, incluyéndose a sus directivos y empleados en cualquier jurisdicción y orden jurisdiccional", complementando a los propios servicios jurídicos de Sareb, según se indica en el pliego de prescripciones técnicas. Los trabajos pueden desempeñarse tanto en España, como en la Unión Europea y otras regiones del extranjero.

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Los seis lotes en los que se divide la licitación son: derecho administrativo y regulatorio; derecho civil y mercantil; derecho penal; derecho bancario y financiero; derecho laboral, y arbitrajes. Los cuatro millones de euros presupuestados, indica el documento, "corresponde al gasto estimado durante el plazo de vigencia del acuerdo marco [cuatro años], y tiene carácter meramente orientativo y no vinculante, dependiente de las disponibilidades presupuestarias". En consecuencia, "no existe obligación de contratación de un volumen determinado por parte de Sareb", siendo el precio de los contratos basados en el acuerdo marco "el que resulte de la correspondiente licitación de los mismos". El acuerdo no solo decae pasados los cuatro años previstos, también puede hacerlo antes si se consume el presupuesto previsto.

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La licitación se publica en un momento clave para Sareb, en el que la sociedad afronta un momento de reconversión. El denominado banco malo está reorientando su estrategia tras cumplir dos tercios de su mandato —se constituyó a finales de 2012 por un periodo de 15 años—, una redefinición marcada por la toma de una mayoría de su capital por parte del Estado a través del FROB —el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria—, operación de la que justo se acaba de cumplir un año.

De hecho, desde entonces, uno de los principales objetivos de Sareb es promover la vivienda pública para colectivos vulnerables. Para ello, está estudiando distintos convenios y alianzas con el Gobierno central, las comunidades autónomas y las Administraciones locales, un proceso para el que, con toda seguridad, necesitará la asistencia de nuevos asesores legales.

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No es el único frente jurídico abierto que tiene abierto el banco malo. A finales de 2021, Sareb demandó a la gran banca —CaixaBank, BBVA, y otros cinco bancos— por una cláusula contenida en sus bonos y contra la que se opuso la sociedad; un procedimiento judicial cuya sentencia se espera que se conozca a corto plazo. También en el ámbito procesal, Sareb necesita expertos legales para perseguir judicialmente a muchos de los grandes promotores morosos cuya deuda heredó en 2012 y, posteriormente, para cuando llegue su fecha de vencimiento, ya que es prácticamente imposible que venda todos sus activos para entonces, por lo que tendrá que entrar en liquidación.

Los quince despachos mencionados se encuentran seleccionados en el lote dedicado a civil y mercantil; es decir, entre ellos se disputarán la representación procesal de Sareb ante los juzgados y tribunales. Para los arbitrajes, el panel está compuesto por Andersen, Broseta, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Deloitte Legal, Garrigues y Ramón y Cajal Abogados. En el ámbito del derecho administrativo y regulatorio, para cuestiones urbanísticas, las firmas elegidas son EY Abogados, Deloitte Legal, Garrigues, Andersen, Broseta, PwC Tax & Legal y Ramón y Cajal Abogados.