¿Infravivienda, promesa reciclada o plazo utópico? Las dudas de los 43.000 pisos de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a descolgarse esta mañana en el Congreso con un nuevo anuncio de vivienda asequible, el mantra llamado a copar titulares hasta el próximo 28-M. En esta ocasión, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que va a impulsar la creación de un parque de 43.000 alquileres asequibles que financiará con una línea ICO (Instituto de Crédito Oficial) dotada con 4.000 millones de euros.

El presidente, como viene siendo habitual en este adelanto de campaña electoral que vivimos, ha lanzado la noticia sin apenas dar detalles, que es donde siempre se esconde el diablo. De hecho, basta una sencilla regla de tres para comprobar que, con el importe anunciado, resulta una media inferior a 100.000 euros por hogar, umbral más próximo a las infraviviendas que al dinero necesario para adquirir pisos en zonas tensiones, a la sazón, las más caras del país.

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Por ejemplo, las primeras 300 viviendas que el valenciano Ximo Puig ha dicho que comprará a Sareb se adquirirán a este precio medio, pero debe tenerse en cuenta que los pisos del banco malo cuentan ya con provisiones que en todos los casos superan el 50%, si no, el precio sería superior. Y, aun así, las administraciones públicas llevan años mirando su catálogo sin lanzarse a comprar, precisamente, porque se trata de hogares con muy mala calidad u okupados.

Desde esta perspectiva, cabría la opción de que parte de estos 43.000 alquileres sociales salgan también de la bolsa de Sareb, pero entonces surge la duda de si se trata de una promesa reciclada y que parte de este nuevo anuncio esté ya integrado dentro de las 50.000 viviendas que también anunció Sánchez el pasado fin de semana y que ya se ha demostrado imposible de cumplir en lo que queda de legislatura, y en la próxima.

De las pocas pistas que ha dado el Ejecutivo tras su anuncio de esta mañana, es que la financiación correrá a cargo de los fondos europeos del plan de recuperación, inyección que el Ministerio de Economía lleva meses negociando con Bruselas y que se espera tener listo para finales de año.

Los plazos son la tercera gran incógnita a resolver para conocer realmente cuántos alquileres asequibles va a poder tener España a corto plazo, ya que el problema de la vivienda es una realidad actual, no una promesa a futuro. Como han comprobado administraciones tan opuestas como el Ejecutivo de Ada Colau o el de Isabel Díaz-Ayuso, conseguir construir un parque de viviendas es largo y mucho más costoso de lo previsto.

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La alcaldesa de Barcelona, cuya principal bandera es el derecho a la vivienda, prometió hace ocho años construir un parque de 8.000 hogares. Solo ha conseguido la mitad, por el momento, y es una de las políticas que más ha trabajado en ello. Además, el plan de toda el área metropolitana de Barcelona para promover otros 4.500 pisos, tras toda esta legislatura, todavía no ha conseguido sacar adelante ni la licitación de un solo edificio.

Y eso que es el más adelantado de toda España junto con el madrileño VIVE, que ha logrado adjudicar 6.500 viviendas, cifra que no deja de ser menos de la mitad de las 15.000 prometidas por Ayuso. No obstante, la política del PP puede presumir de ser la única que ha conseguido arrancar las obras antes del 28-M, lo que al menos confiere certeza y un horizonte más claro.

Si Sánchez quiere incluir este modelo de colaboración público-privada en su plan de 43.000 alquileres sociales, entonces, estamos hablando de plazos que distan mucho de poder cumplirse en un horizonte corto o medio, y que necesitará mucho más de 4.000 millones del ICO, requerirá inversión por parte de esos mismos fondos y grandes tenedores a los que se denuesta desde el Ejecutivo central.

Por ejemplo, el proyecto Viena con el que Sareb quiere movilizar suelos sobre los que construir 10.000 y quizás hasta 15.000 pisos, en el mejor de los escenarios, podrá entregar las primeras viviendas hasta 2026 y requerirán inversión privada. Y de ahí en adelante, estamos hablando de cerca de una década para poder entregar todas las llaves.

El banco malo está trabajando en sacar a concurso a finales de verano o principios de otoño los primeros suelos, sobre los que se espera que puedan promoverse unas 1.000 y 2.000 viviendas. A partir de ese momento, las empresas interesadas presentarán sus ofertas, procesos que no concluirá hasta bien entrado 2024. El ganador, si nada se tuerce, podría empezar a promover a finales del próximo ejercicio, momento a partir del cual debe contarse otro año y medio o dos años de obra para poder entregar las viviendas.