Las rebajas del PNV en su programa electoral: menos euskera y políticas identitarias

Ni exigencias lingüísticas para altos cargos públicos, ni una reforma constitucional para recoger el derecho a decidir de las “naciones históricas”. El programa electoral del PNV para el 21-A diluye algunas de las reivindicaciones más polémicas que en las pasadas elecciones enarboló la formación para centrarse en propuestas más prosaicas como el difícil acceso a la vivienda, los problemas que arrastra la sanidad pública en Euskadi o la necesidad de potenciar la industria en la comunidad. Son 575 medidas para garantizar “el bienestar” del País Vasco, destaca la formación, y entre ellas, las dedicadas al autogobierno ―actualización del Estatuto y el “reconocimiento nacional de Euskadi”― son las pactadas para la investidura de Pedro Sánchez.

“Hay muy pocos brindis al sol, pocos cantos a la luna y un pie en la tierra enorme”, defendió el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la presentación del programa. La formación, con Bildu pisándoles los talones, encara la campaña bajo la premisa de que ha llegado el momento de elegir entre el modelo que representan los jeltzales, “experiencia y gestión”, frente a la “experimentación, ocurrencias e incertidumbre” de la izquierda radical. Es la idea que trasladó el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, que en el resumen que hizo de los principales puntos del programa no mencionó la reivindicación del “derecho a decidir”, aunque sí está reflejada en el documento.

Una de las diferencias más significativas del programa del 21-A respecto a los anteriores es la escasa batería de medidas para la normalización del euskera. No obstante, en la última legislatura se ha aprobado una nueva ley de Educación y el polémico decreto que actualiza el uso del euskera en el sector público y que permite a las administraciones la realización de las oposiciones únicamente en dicho idioma.

Ahora, el programa electoral recoge el propósito firme del PNV de impulsar el “uso social” de la lengua y “multiplicar el número de hablantes activos”. Para eso, la formación se compromete a garantizar la gratuidad de la enseñanza de euskera, fomentar su aprendizaje en adultos o implementar medidas para que las actividades extraescolares sean en el idioma, pero muy lejos de las 60 propuestas de 2016.

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Entre las medidas de hace ocho años figuraba fomentar el consumo de medios de comunicación en euskera, la concienciación de padres “sobre la influencia de sus hábitos lingüísticos en la actitud de sus hijos”, impulsar la “capacitación en euskera” del personal sanitario, de la administración de Justicia y ertzainas, así como garantizar la plena normalidad en dicho idioma en los municipios de “mayor densidad de vascohablantes”. También figuraba en el programa de 2016 la “definición de criterios lingüísticos mínimos para el desempeño de altos cargos” de la administración autonómica.

Autogobierno

Otro de los puntos que se miraba con lupa en los anteriores programas electorales era el relativo al autogobierno. Tanto en 2020 como en 2016, el PNV insistía en retomar el trabajo hecho en las sucesivas ponencias de autogobierno celebradas en el Parlamento vasco para la presentación y aprobación de un nuevo Estatuto. Ahora, elimina esas referencias y recoge directamente el compromiso cerrado con el PSOE para la investidura de Sánchez, que pasa por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, la aprobación de uno nuevo, el reconocimiento nacional de Euskadi y el “carácter bilateral” de las relaciones entre el Gobierno vasco y el central. El único punto que no figura en el acuerdo con los socialistas es el de la reivindicación del “derecho a decidir”, eso sí, a través de un pacto con el Estado.

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Este último epígrafe ya figuraba en el programa de 2020, pero en el 2016 se iba un paso más allá. El PNV llegó a plantear una reforma de la Carta Magna. “Entendemos que el reconocimiento del derecho de decisión que debe proyectarse sobre las naciones históricas debiera arbitrarse mediante una reforma constitucional”. También hacía alusión a la disposición adicional primera de la Constitución, la que reconoce “los derechos históricos de los territorios forales”, para articular dicha reivindicación.

Sanidad, vivienda y ayudas sociales

De cara al 21-A, la principal preocupación del PNV es la sanidad. La pandemia y la gestión de Osakidetza ha sido uno de los elementos que ha pasado factura al partido y que Bildu y el resto de fuerzas de la oposición ha utilizado como arma arrojadiza. La formación dedica el primer punto del programa a la sanidad. Entre las promesas, destaca un plazo máximo de 48 horas para ser atendidos en los centros de salud, una medida de 50 días para las operaciones o desinstalar más recursos a la salud mental, especialmente la de los jóvenes. Promete la contratación de más profesionales, inversiones en hospitales, oposiciones periódicas para garantizar las plantillas y habilitar más plazas de Medicina en la UPV.

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También destacan las propuestas en materia de vivienda. Es uno de los temas que enfrentan a los jeltzales y a Bildu y aunque Pradales se ha declarado partidario de topar los precios de alquiler, la medida no está recogida en el programa. El PNV pone el foco en los problemas de los jóvenes para independizarse y plantea una línea de avales dotada con 200 millones, la construcción o habilitación de 7.000 viviendas en régimen de alquiler, además de mantener la deducción en la declaración de la renta por compra o alquiler de vivienda habitual.

Otro de los compromisos recogidos pasa por garantizar el “control” de las ayudas sociales con la creación de un órgano gestor específico adscrito al Departamento de Hacienda que “permitirá identificar incompatibilidades y establecer un importe máximo personal o familiar en el cobro de todas las ayudas y prestaciones, garantizando que los recursos lleguen siempre a quienes más los necesitan”.