La vivienda en Euskadi: el primer gran choque de las elecciones une a Bildu y al PSE frente al PNV

El primer gran choque de la precampaña vasca lo ha desatado la vivienda. La decisión del PNV de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda por invasión de competencias (lo anunció, pero no se había materializado aún) ha levantado a Bildu y al PSE, unidos en la defensa de la norma. No es la primera vez que jeltzales y socialistas muestran sus desavenencias en el seno del Ejecutivo vasco sobre la ley, pero el movimiento de los primeros este domingo, tres días después de la convocatoria electoral, sirve para marcar distancias con sus socios. Además, desplaza el eje de la campaña en estos primeros compases a la pugna izquierda-derecha tras una legislatura en el Congreso en que las siglas del PNV han quedado desdibujadas dentro de la amalgama de partidos que sustentan a Pedro Sánchez y eclipsadas en cierta medida por Bildu y su estrategia de partido institucional.

La carestía de los pisos en Euskadi no es una cuestión menor, la vivienda está entre los principales problemas de los votantes de Bildu, PSE y Podemos (para los primeros, ocupa el cuarto puesto, y para los otros dos, el tercero), según el último Deustobarómetro, publicado el pasado diciembre, y despunta como una de las grandes preocupaciones de los electores entre los 25 y los 34 años (para el 27,9% de los encuestados en dicha franja de edad es su principal quebradero de cabeza). El País Vasco es una de las comunidades donde más difícil y más caro es encontrar un piso para alquilar ―el precio del metro cuadrado en San Sebastián (17,2 euros/m2) para arrendamientos es similar al de Madrid (18,3) y Barcelona (17,8), según datos de Idealista― y donde los jóvenes más tardan en emanciparse.

El asunto tiene un importante trasfondo social y va a ser una de las banderas que agiten la izquierda radical y los socialistas en la carrera del 21-A. De ahí las réplicas del PSE y de Bildu. El delegado del Gobierno en Euskadi y cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, no dudó en equiparar ayer al Ejecutivo de Urkullu, del que su partido forma parte, con el de la popular Isabel Díaz Ayuso. “Es una mala noticia porque el PNV, que ni siquiera reúne ni concita la adhesión total de su Gobierno de coalición, porque los consejeros socialistas se han opuesto a recurrirla, viene a emparentar al Gobierno vasco con el de Andalucía o con el de la señora Ayuso, que también han recurrido la ley por las mismas razones”, censuró.

En la coalición abertzale situaron directamente al PNV del lado de los “especuladores”. “Que quede claro, para EH Bildu la vivienda es un derecho y todo lo contrario son excusas que impiden que la gente pueda acceder a una vivienda digna”, cargó Oskar Matute, diputado y uno de los negociadores de la ley en el Congreso, acompañado por la portavoz de campaña, Oihana Etxebarrieta, quien calificó de “sorprendente” y “desconcertante” el anuncio del PNV. “Antes nos decían que no podían desarrollar una ley vasca porque faltaba la seguridad jurídica de una ley estatal y ahora la estatal invade competencias, ¿en qué quedamos?”, se preguntó la segunda en referencia al voto en contra de los jeltzales tanto a la hora de aprobar la norma autonómica como la que salió de la Cámara Baja.

"No hablamos del contenido de la ley, sino del respeto al marco competencial", respondió el PNV a través del parlamentario Iñigo Iturrate. Para los jeltzales, la ley de vivienda supone una “agresión” al autogobierno vasco. Es uno de los argumentos que la formación esgrimió para justificar su voto en contra en el Congreso y que desde entonces ha repetido, intentando poner en evidencia a Bildu, cuyo apoyo siempre ha tildado de “inexplicable” precisamente por considerar la norma un ataque directo a las competencias del País Vasco. "Desde un punto de vista nacional catalán o vasco, esta es una de las agresiones más serias de los últimos 40 años", argumentó el presidente de los jeltzales, Andoni Ortuzar, el pasado mes de mayo. "¿Por qué tenemos que aceptar una cosa que viene de Madrid que es peor que la nuestra?", se preguntó entonces.

La Consejería de Autogobierno del Ejecutivo vasco, en manos del PNV y con mucho celo del calendario, anunció este domingo la presentación del recurso después de que ese mismo día venciese el plazo que el Gobierno central y el regional se habían marcado para negociar y salvar las discrepancias de ambas administraciones sobre la norma. El departamento argumentó que el Estado había rechazado “toda posibilidad de acuerdo” y había abocado al Gobierno de Urkullu a presentar un recurso por “vulneración de competencias”.

El tope de los alquileres es uno de los puntos más conflictivos de la norma y mientras Bildu exige su implantación y la Consejería de Vivienda, en manos del PSE, ha ido elaborando los informes pertinentes para determinar qué municipios y barrios vascos pueden declararse zona tensionada, los jeltzales insisten en la invasión de competencias. Pero las contradicciones no solo son patentes en el seno del Ejecutivo vasco, también en el PNV. El área de Vivienda ya cuenta con un listado de municipios que han pedido acogerse a la declaración y entre ellos los hay gobernados por los jeltzales, ya sea por convencimiento o por presión. Uno de los casos más paradigmáticos es el de San Sebastián. La ciudad entera podrá ser declarada zona tensionada tal y como solicitó el Gobierno municipal, liderado por Eneko Goia.