Alsasua: el Parlamento presiona a favor de los agresores en plena revisión de la pena

El Parlamento vasco va a exigir este miércoles a la Audiencia Nacional “proporcionalidad” a la hora de revisar la pena de entre dos y trece años de prisión impuesta a ocho jóvenes por la agresión a dos guardias civiles y sus respectivas parejas en Alsasua en octubre de 2016, así como la puesta en libertad de los condenados hasta que se agoten las vías judiciales.

El pronunciamiento de la Cámara de Vitoria a favor de los agresores y en contra de la "desproporción" de la condena llega en plena deliberación de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional sobre los recursos presentados por las diferentes partes a la sentencia dictada el pasado mes de julio. De hecho, este pasado lunes tuvo lugar una de las dos nuevas jornadas de deliberación que este organismo decretó para adoptar una decisión dada la "complejidad de la causa", lo que, en la práctica, supone retrasar la decisión final. La vista para analizar los recursos tuvo lugar el pasado 23 de enero, donde declararon seis nuevos testigos presentados por las defensas que no comparecieron en el juicio, si bien la Sala de Apelación dispuso con posterioridad dos nuevas fechas para su deliberación, fijadas para el pasado lunes día 11 y para el próximo día 18.

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En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento vasco va a aprobar este miércoles una proposición no de ley conjunta del PNV, EH Bildu y Podemos que busca presionar a la Sala de Apelación para corregir una condena que considera “desproporcionada”. La iniciativa consensuada por las tres fuerzas fue registrada hace ya más de dos meses, el pasado 29 de noviembre, aunque no ha sido hasta ahora cuando se va a debatir en la Cámara de Vitoria, que ha programado la comisión y el debate de la propuesta coincidiendo con la deliberación que se está llevando a cabo sobre la condena impuesta a los ocho jóvenes de Alsasua por los delitos de atentado a los guardias civiles, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Con su fallo, la Audiencia Nacional descartó condenar a los acusados por el delito de terrorismo, en contra del criterio de la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares, que recurrieron la sentencia para agravar la pena. Todas estas partes se reafirmaron en sus postulados en la sesión celebrada en enero, en la que insistieron en que se imponga una condena por terrorismo, lo que podría elevar las penas a 50 años de prisión. Las defensas, que reducen los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016 a una simple "pelea de bar de madrugada", presentaron seis nuevos testigos que estuvieron presentes en el interior del bar Koxka, donde se inició la agresión que continuó en la calle, y que exculparon a dos de los condenados: Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea.

El Parlamento muestra su "preocupación” por que "la instrucción, la vista oral y la sentencia podrían haber lesionado el legítimo derecho a la defensa"

La actuación llevada a cabo en todo el proceso por la Audiencia Nacional es censurada en la iniciativa que este miércoles va a ver la luz en el Parlamento vasco, que muestra su "preocupación” por el hecho de que “la instrucción, la vista oral y la propia sentencia emitida podrían haber lesionado el legítimo derecho a la defensa, tal y como han denunciado organismos como Amnistía Internacional”. A este respecto, expone su “adhesión a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, seguridad jurídica y legalidad, el derecho de defensa, así como a los principios del derecho de individualización, determinación y proporcionalidad de la pena”. Además, deja constancia de “nuestro rechazo a la aplicación exacerbada de la agravante de discriminación”.

No es la primera vez que el apoyo a los agresores de los dos agentes de la Guardia Civil –un teniente y un sargento– y sus parejas llega a la Cámara vasca en los más de dos años que han transcurrido desde los hechos. Familiares de los condenados comparecieron el pasado mes de octubre en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad para reclamar el “amparo” del Parlamento al denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia de los imputados. También censuraron la ausencia de un juez “imparcial” y de un juicio “justo, equitativo y proporcional”, y que no se haya aceptado la petición de libertad provisional a la espera de sentencia firme pese a “quedar demostrado que no hay riesgo de fuga”.

En respuesta a esta comparecencia, PNV, Bildu y Podemos consensuaron la citada iniciativa, que reclama que se excarcele a los ocho condenados "hasta agotar las vías judiciales" a la vista de la "desproporción de las penas impuestas" y de la “prolongada estancia en prisión” de más de dos años de los jóvenes, que han sido trasladados desde Madrid a las cárceles de Zaballa (Vitoria) y Pamplona para cumplir condena.

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Igualmente, en uno de sus cinco puntos, la iniciativa muestra su “más rotundo rechazo” a la "imagen distorsionada" que se ha trasladado del municipio de Alsasua, y que está “muy lejos de la realidad de una localidad socialmente plural y acostumbrada a una normal convivencia entre diferentes”. Con este pronunciamiento, el Parlamento viene a denunciar el acto político en apoyo a la Guardia Civil que el 4 de noviembre reunió en esta localidad a Ciudadanos, el PP y Vox, y que se celebró con un fuerte dispositivo policial y en medio de un gran clima de tensión. Los vecinos de esta localidad y de municipios cercanos trataron de boicotear el mitin por diferentes medios, entre ellos el repique constante de campanas desde una iglesia colindante para impedir que se escucharan los discursos, dentro de una actuación que fue alabada por la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, que destacó la “imagen de dignidad” proyectada por los ciudadanos.

Ante la proposición no de ley, el PSE ha presentado una enmienda a la totalidad para mostrar “su solidaridad con las personas agredidas” en la que también se adhiere a “los principios del derecho de individualización, determinación y proporcionalidad de la pena” que defienden los tres partidos impulsores de la iniciativa. En el texto, los socialistas “manifiestan su respeto a la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y a las decisiones recaídas en el ejercicio de dicha potestad” con “independencia de que sea lícita la discrepancia con el contenido de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con las agresiones sufridas por dos guardias civiles y sus parejas, y particularmente, con las penas impuestas”.