Móviles, camareras, borrachos... Alsasua: un centenar de jóvenes testigos y todos 'ciegos'

El 15 de octubre de 2016, cuatro vecinos de Alsasua (Navarra) recibieron una brutal paliza en un bar del pueblo. Eran dos guardias civiles y sus parejas, que vivían en el cuartel de la localidad, y los agresores sabían perfectamente que pertenecían al instituto armado, como han admitido algunos de los testigos que presenciaron el ataque. "La gente allí tenía claro lo que eran", recalcaron por ejemplo en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional los dos policías forales que llegaron a rescatar a las víctimas de la tunda de palos que los agentes estaban recibiendo de la multitud encapuchada.

"¿Por qué no se llevan al sargento?", gritaba la multitud cuando los agentes forales trataban de detener a Jokin Unamuno, uno de los principales acusados. "Mi abuelo también era guardia civil", le dijo el propio Unamuno al teniente antes de provocar el ataque, según explicó este último durante la segunda sesión de la vista oral, que trata de dirimir si los ocho acusados de agredir brutalmente a las cuatro víctimas son realmente quienes les golpearon y si actuaron movidos por la campaña Alde Hemendik (fuera de aquí), que promueve la expulsión de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra.

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De momento, sin embargo, pocos testigos de los que estuvieron aquella noche en el bar Koxka han reconocido a alguno de los agresores, que según los guardias civiles y sus parejas fueron decenas de personas. Los ocho acusados están en el banquillo porque fueron identificados por los atacados. "Estoy segura al cien por cien de que los que están aquí sentados nos agredieron; los que estaba al 90% segura no están", dijo María José, la novia del teniente, durante su declaración. Sin embargo, más allá de sus testimonios, ninguno de los testigos ha dado un paso al frente para señalar a uno solo de los agresores.

El dueño del bar en el que se produjeron los hechos, Josu Muñoa, insistió durante su turno ante el tribunal en que él no estaba trabajando cuando ocurrió todo, que llegó para hacer la caja en un despacho dentro del local y que, cuando salió, ya había pasado la trifulca. La camarera del establecimiento, Naira Navarro, en la misma línea, aseguró que ella no vio ningún altercado ni nada llamativo hasta que se llevaron al teniente en ambulancia, que fue cuando ella afirmó que salió para retirarle la chaqueta que antes le había prestado su jefe.

Tampoco vieron nada, según afirmaron ellos mismos, otros tres testigos propuestos por la defensa que se encontraban en el bar aquella noche. Estos últimos, insistieron, ni siquiera vieron apaleamientos más allá de alguna "discusión". Tan solo un cuarto admitió que había gente corriendo hacia el teniente, pegándole y luego regresando a su sitio. Sin embargo, tampoco este señaló a ningún agresor. “No soy capaz de identificar a nadie; estábamos de fiesta, llevaban capucha y estaba oscuro; creo recordar que había gente que no era del pueblo, pero no recuerdo una sola cara de los que agredieron”, sentenció Kenneth Paulette, que sí reconoció haber sido presionado para ir a declarar por los padres de Oihan Arnanz, el procesado para el que la Fiscalía pide más pena, 62 años de prisión, y que sabía artes marciales.

“Pasaba gente corriendo, le pegaban patadas en la espalda y en el pecho y luego se iban y venían otros”, añadió Paulette, quien sí admitió —a pesar de no identificar a nadie— que Arnanz es "conocido" suyo "de toda la vida" y que aquella noche tuvo que frenarle. "Me fui a hablar con él cerca de los baños y ahí lo dejé; luego le volví a ver cuando salía del bar y le volví a meter dentro; creo que quería ver qué pasaba y le dije que no, que no se metiera; no sé por qué le dije eso, me salió", explicó tras las preguntas de la acusación, que pretendía saber qué es lo que trataba de hacer Oihan, al que ayer los dos policías forales que llegaron para poner fin a la paliza reconocieron como el joven que se les acercó en actitud amenazante y “con los puños cerrados” cuando los agentes trataban de detener a Unamuno.

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Pero no solo los testigos están desfilando por la Audiencia Nacional afirmando con rotundidad que estaban allí pero que no vieron a nadie golpear a las víctimas. Tampoco se ha filtrado durante los meses que ha durado la instrucción vídeo alguno sobre la somanta de patadas y puñetazos que recibieron los dos guardias civiles y sus parejas, que tuvieron que esperar hasta 90 días en algunos casos para curar sus heridas físicas, ya que las psicológicas aún perduran en la cabeza de los cuatro, sobre todo de las dos mujeres, que todavía toman medicación y acuden al especialista.

Los diferentes testigos que han declarado hasta el momento han admitido que había incluso "decenas" de personas grabando la 'película de terror' con las cámaras de sus móviles. Sin embargo, ninguna grabación ha trascendido. "No he visto ningún vídeo", dijo ayer Paulette. Uno de los acusados, Inaki Abab, incluso confesó que él mismo estaba haciéndolo con su terminal y que el sargento se lo tiró al suelo. Abab, para explicar por qué los investigadores no pudieron sacar nada de su teléfono, contó que unos días después de los hechos el dispositivo se le cayó al váter "y murió", según sus propias palabras.

Otros dos acusados —Julen Goicoechea y Jon Ander Cob—, por su parte, admitieron que habían borrado sus móviles. El primero incluso utilizó la aplicación Secure Wipe, especializada en eliminados seguros, "para borrar la memoria". Puso como excusa durante el juicio que en aquella época había mantenido relaciones sexuales con una amiga, que las grabó y que decidió optar por este programa para que no hubiera riesgo de que se colgara en internet.