Condenados a entre 2 y 13 años los agresores de Alsasua, pero no por terrorismo

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los ocho acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por los delitos de atentado a los guardias civiles, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Elude de este modo el tribunal castigar a los procesados por el delito de terrorismo, como reclamaban las acusaciones y la Fiscalía. La sala entiende que no ha quedado acreditada la supuesta finalidad terrorista de la paliza masiva perpetrada contra los dos guardias y sus parejas así como tampoco ha sido probada la vinculación de los acusados con organización terrorista alguna.

A pesar de no acceder en este punto a las peticiones del ministerio público, la Audiencia Nacional considera como agravantes el abuso de superioridad y de odio por unos hechos que la sentencia considera muy graves y que se cometieron por motivos ideológicos y animadversión a la Guardia Civil. El tribunal considera probado que Jokin Unamuno, condenado a 12 años de cárcel, comenzó el hostigamiento a los funcionarios y a sus novias, que luego continuaron Ohian Arnanz -castigado a 13 años- y Jon Ander Cob (nueve años). Según la resolución, Adur Ramírez (12 años) e Iñaki Abad (13), por su parte, también participaron en la agresión y merecen ser condenados por los mismos delitos.

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Solo Ainara Urquijo ha sido castigada únicamente por los ilícitos de amenazas y desórdenes públicos, y no de lesiones, a dos años de cárcel. El resto añaden las lesiones y el atentado a agentes de la autoridad. Todos los condenados deberán indemnizar al teniente con 9.200 euros por las heridas que le provocaron; al sargento, con 3.750 euros; y a las parejas de ambos con 6.100 euros cada una. Por las secuelas y daños morales, además, deberán abonar 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 para la del sargento.

El tribunal considera que todos los agresores se movieron por animadversión y menosprecio a la Guardia Civil además de por motivos ideológicos e impone las penas más altas que contempla el Código Penal porque "no puede permitirse que en el siglo XXI y en un estado democrático y de derecho se prive a unas pesonas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua y que solamente puedan acudir a determinados lugares y no salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".

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La sentencia entiende probado que los dos guardias civiles y sus parejas fueron durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 al bar Koxka de Alsasua para tomar unas consumiciones y que, cuando fue un momento al baño, el teniente fue interceptado por Arnanz, que le increpó llamándole "madero". Desde ese momento, fue incrementándose la tensión en el interior del bar hasta que las cuatro víctimas fueron rodeadas por unas 25 personas que las increpaban con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "pikoletos", "cabrones" o "txakurras". Entonces comenzaron los golpes, que los guardias y sus parejas recibían de todos lados mientras intentaban abandonar el local a través e un "pasillo" que les hicieron los agresores.

La sala asegura que había "otro importante número de individuos" que también proponaron patadas y puñetazos a los cuatro, pero que "no han llegado a ser identificados totalmente". La pelea, según los hechos probados, "continuó en la calle hasta que llegó un coche patrulla de la Policía Foral de Navarra". "La situación de crispación y violencia llegó a un nivel tan elevado que los dos policías forales temieron por su integridad física y tuvo que acudir la Unidad Antidisturbios", relata el fallo. El teniente, continúa la resolución. "permanecía inmóvil en el suelo porque una de las patadas le rompió la tibia y el peroné". Urquijo, además, amenazó a la novia del sargento con el dedo en alto y en tono intimidatorio. "Esto os ha pasado por bajar al pueblo; cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo", le advirtió.

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Los magistrados que componen la sala rechazan el argumento que esgrimían las defensas, que decían que los hechos era únicamente "una pelea de bar o un pequeño incidiente o discusión". Aseguran que tanto dentro como fuera del establecimiento "la actitud de brutalidad adoptada por los acusados, el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas por ninguna persona presente en ese momento, tan solo el dueño del bar salió para ver si los hechos habían sido dentro o fuera y ofrecer su chaqueta, el clima de violencia verbal de insultos, amenazas directas, etc. incluso después de que llegara una patrulla de la Policái Foral a auxiliar a los agredidos denota que no se trató sin más de lo que podríamos denominar un simple altercado".

Sin embargo, matiza la sentencia, y pese a la "notabilísima gravedad de los hechos", no han quedado plenamente acreditados los requisitos que exige la jurisprudencia para condenar por delito de terrorismo. No se ha probado, considera la sala, el requisito de "finalidad", ni que los acusados hubieran asumido en aquella época los postulados de la banda terrorista ETA, ni consta en autos su vinculación directa ni pertenencia a la misma y por lo tanto no resulta probado que con sus acciones tuvieran la intención de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente, tal y como se requiere para condenar por este ilícito penal. El tribunal ha tenido en cuenta para tomar esta decisión la edad de los acusados, que eran menores de edad cuando ETA anunció el abandono de la lucha armada.