Dos querellas, una auditoría y 350 VPO en el aire: el fuego cruzado PP-PSOE en Leganés

A la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (Emsule) ya la llaman La casa de los líos, como la serie de comedia de enredo que protagonizaba Arturo Fernández. Durante el verano se ha convertido en el foco de un culebrón político que ha mantenido a la entidad bloqueada y ha sido el escenario de los precarios equilibrios del nuevo pleno municipal de la ciudad madrileña ―gobiernan en coalición el PP y la formación local ULEG, pero no suman mayoría―. Además, la transición a medias en el cambio de poderes entre el nuevo Ejecutivo municipal y el antiguo ―liderado por el PSOE― la hace acumular situaciones surrealistas: 350 viviendas de protección oficial se han sorteado sin tener la financiación para construirlas, la empresa tiene presentadas dos querellas contra el que ahora es el nuevo alcalde, y se ha aprobado una auditoría a sus contratos desde 2007 ―iniciativa de los populares que ha contado con los votos favorables de Más Madrid y Podemos―. Por si fuera poco, en el anterior mandato ya hubo una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento sobre las cuentas de la entidad.

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Las 350 viviendas (134 en régimen de compra y 216 de alquiler) iniciaron su proceso a finales del anterior mandato, cuando aún gobernaba el Partido Socialista y ocupaba la alcaldía Santiago Llorente, con apoyo de Ciudadanos tras romperse en 2021 su pacto de gobierno con Más Madrid. De hecho, fue tan a finales de mandato que el trámite se solapó con las elecciones municipales. Entonces, el PP, Unión por Leganés (ULEG) y Podemos recurrieron el proceso por considerarlo irregular.

El sorteo de los inmuebles para venta se realizó el 5 de junio, pasadas las elecciones y con el PSOE negociando una reelección vía un cuatripartito que finalmente no se logró. El acto físico se celebró en el Pabellón Deportivo Europa del municipio, pero también se retransmitió por Teleleganés y hasta por YouTube. Al proceso se habían apuntado 8.500 vecinos. En Leganés, según el índice inmobiliario del portal Fotocasa, el precio de la vivienda ha subido solo este último año alrededor de un 8% y el del alquiler, un 15,2%, lo que lo convierte en el municipio madrileño donde más lo hace. El alquiler medio se sitúa en 800 euros y la compra de vivienda, en 155.000.

En las municipales del 28 de mayo, el PP obtuvo una mayoría escasa: 9 concejales de 27, solo uno más que el PSOE. El nuevo alcalde, el popular Miguel Ángel Recuenco, consiguió el bastón de mando en un pleno con suspense el 17 de junio ―después del sorteo de las viviendas―, en el que todo dependía del voto de ULEG. El partido local decidió apoyar a su propio candidato y no sumarse al acuerdo de las izquierdas que habría mantenido a Llorente en la alcaldía (que además rompió la única concejal de Podemos), de manera que a los populares les bastó con sus propios ediles. Más tarde, ULEG pactó una entrada en el Gobierno que excluía a Vox. Estos se quedaron en la oposición junto a PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos (esta última formación con sus dos concejales, uno de IU y otra de Podemos, votando diferente según el caso).

La debilidad del gobierno PP-ULEG, que suma 12 concejales, a dos de la mayoría absoluta, se mostró en seguida por el bloqueo de la Emsule. Sin más votos que los propios era imposible aprobar en el Consejo de Administración el traspaso de poderes y la empresa pública quedaba “congelada”. El PP alegaba que se ponía en riesgo que los trabajadores cobrasen sus sueldos de agosto, el PSOE que se hacía para paralizar las obras de VPO que dejó cerradas. El principal escollo para conseguir algún apoyo era la propuesta de pedir una auditoría a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre todos los contratos públicos de la Emsule desde 2017. Finalmente, a propuesta de Más Madrid con apoyo de Podemos, se amplió dicha auditoría hasta 2007, abarcando no solo los mandatos de Llorente del PSOE, sino también el de Jesús Gómez Ruiz (PP), entre 2011 y 2015, y Rafael Gómez Montoya (PSOE), 2007-2011.

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Se da la circunstancia de que en el anterior y hasta ahora único gobierno popular en Leganés el concejal de Urbanismo y presidente de Emsule fue el actual nuevo alcalde, Miguel Ángel Recuenco. Contra el pesan dos querellas presentadas por el gobierno de Llorente, acusándolo de prevaricación, malversación y malversación continuada en aquel periodo. Oficialmente las denuncias las hacía la propia Emsule, que ahora controlará el PP, pero el destino de dichos procesos es incierto: se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque en la anterior legislatura Recuenco era diputado en la Asamblea de Madrid y era aforado, pero al abandonar las listas regionales en 2023 el caso debería cambiar de tribunal.

Y mientras tanto, 350 vecinos siguen sin saber qué ocurrirá con las viviendas públicas que ya tienen asignadas. Javier Oporto (PP), nuevo concejal de Urbanismo y presidente de Emsule, responde a las preguntas de El Confidencial que el nuevo gobierno planea terminarlas, pero que carece de datos por el “bloqueo” sufrido en el traspaso de poderes. De momento, y tras estrenar su cargo como presidente de Emsule, ha pedido informes para confirmar una sospecha: que dicha obra carece de financiación. “Se tiraron a aprobar todo el proceso electoralmente, pero no había informes técnicos ni financiación cerrada y ahora todo está en el aire”.

Laura Oliva, portavoz del PSOE, que presentó una moción en el último pleno instando a continuar el proceso como lo dejó el anterior Gobierno, asegura que “solo tienen que terminar los pasos que se han dado”. Según los socialistas, la financiación de las obras necesita un “préstamo puente” que el Ayuntamiento respaldaría con su propio patrimonio y mientras se consiguen los fondos. En abril de este año, justo antes de la campaña, Emsule vendió varias parcelas municipales por valor de 22 millones de euros que cubren parte del presupuesto, pero aún quedarían pendiente otros 60 que se buscaban cubrir con otras ventas de suelo público similares.

El PP no cuestiona exactamente el método, pero sí que asegura que el PSOE no había dado un solo paso de los que afirma. No se habría consultado con ninguna entidad bancaria el posible préstamo, ni se había consultado con la intervención municipal si dicha medida era viable. Para Oporto todo fueron “medidas electoralistas”, como lo fueron las querellas contra Recuenco “de las que aún no sabemos nada, ni siquiera hemos podido comprobar si se admitieron a trámite”.

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Los socialistas los acusan a ellos de querer enturbiar la gestión de Llorente, e incluso califican la auditoría (que es independiente de los otros factores, el PP la califica de “procedimiento habitual” y que busca comprobar que se cumple la Ley de Contratos Públicos de 2017) de “humo”: “no nos oponemos a que se haga, pero el procedimiento para solicitarla a la Cámara de Cuentas no se ha respetado así que es poco probable que se apruebe, es solo buscar titulares”. Lo mismo “para las 350 VPO. ¿Qué tienen que bregar con procedimientos administrativos? Pues como cualquier gobierno, como se ha hecho siempre. Si no quieren hacerlas, que lo digan”.

Quien ha resultado clave para todo el proceso es Más Madrid, en tensión con el PSOE local desde que a mitad del pasado mandato, en 2021, rompiesen su pacto de Gobierno y los socialistas pasasen a gobernar Leganés con apoyo de Cs, ahora desaparecido. El partido llegó a abstenerse en la votación en la que los concejales de PP y ULEG se subieron los sueldos tras llegar al Gobierno, y los socialistas han tratado de hacer ver la supuesta mala relación de la formación local con la dirección regional de Mónica García.

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La concejal María Victoria García Gómez aclara que su formación no ve con buenos ojos ni la gestión popular ni la socialista de Emsule y por eso han pedido “luz y taquígrafos” con una auditoría que abarcase más allá de los gobiernos del exalcalde Llorente. “La empresa tiene un recorrido muy polémico en los últimos años y ha estado bastante alejada de su rol originario”, entendiendo que “el bipartidismo” le ha dado un uso puramente electoralista. Para ellos la auditoría debe completar la comisión de investigación propuesta por IU-Podemos y que ya se inició el anterior mandato sobre la ejecución de contratos, por ejemplo, las de la parcela PP5, Poza del Agua, por cuyos presuntos sobrecostes está denunciado Recuenco pero que fue paralizada por un recurso del propio Más Madrid (con su anterior marca, Leganemos) durante el mandato de Llorente.