El callejón del Plan 18.000 de vivienda: la liberalización del suelo levanta a 8.000 familias

Jesús Villén pudo comprar la parcela sobre la que se edificó su casa al Ayuntamiento de Madrid primero por 47.000 euros, después por 36.000 euros y ahora por una cifra cercana a los 150.000 euros. Él forma parte de una de las 8.000 familias afectadas por el Plan 18.000 que puso en marcha el Consistorio madrileño en la década de los 90. Este plan, que se implantó en muchos distritos de la capital, estaba enfocado a personas interesadas en residir en una de las viviendas de protección oficial (VPO) que se construyeron a partir de cooperativas. Su protección terminaría transcurridos los 30 años, un periodo de tiempo que ya llega a su fin, pese a que la cesión del suelo se extiende hasta los 75 años. Ahora, cientos de vecinos denuncian que el Consistorio les ofrece adquirir el suelo a precio de mercado, cuando con anterioridad el precio era protegido. El Ayuntamiento recuerda que no puede enajenar viviendas ni suelo público.

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Ángeles Toribio es otro de los nombres propios de los vecinos afectados que se reparten por Moratalaz, Vicálvaro, Usera, Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, La Latina, Tetuán, Hortaleza o Arganzuela. Ella vive en San Blas y es consciente de que su casa se erige sobre una parcela del Ayuntamiento a la que tiene derecho de superficie. “El Ayuntamiento lleva desde 1996 vendiendo a cada titular superficiario la cuota de suelo que le corresponde, y eso ha sido así durante varios periodos hasta enero de 2018”, explica esta vecina.

En total, 111 parcelas son susceptibles de pasar por esta misma situación que, por el momento, afecta a 21 de ellas. “En las enajenaciones anteriores vendieron el suelo a precio protegido, porque así eran las parcelas, y ahora sufrimos un agravio comparativo”, incide Toribio. El precio al que pueden conseguir en estos momentos su parte correspondiente de la parcela triplica, de media, los anteriores, llegándolos a multiplicar por ocho en algunos casos, según los cálculos de la Plataforma de afectados por el suelo del Plan 18.000.

Miguel Arroyo es el presidente de la Plataforma, vive en Villaverde y pagó 172.000 euros hace un año por su casa. “Somos unas 8.000 viviendas afectadas por un encarecimiento tan alto del suelo. El que no tenga resuelto este tema antes de vender su casa, le costará hacerlo, porque al precio de venta de la vivienda habría que restar entre 100.000 y 150.000 euros que es lo que ahora nos exigen por la parcela”, explica.

En cambio, Toribio prefiere retrotraerse a los primeros años del Plan 18.000 para explicar con mayor detalle lo que está ocurriendo: “En 1996, el Ayuntamiento sacó un pliego que duró tres años y prorrogaron otros tres en el que se podían comprar los suelos a precios máximos de VPO, pero se exigía la unanimidad de la comunidad de vecinos”. Es decir, con que uno de ellos estuviera en contra o no pudiera hacer frente a la cantidad exigida, ninguno podría acceder a la compra del suelo.

El pliego soñado que nunca existió

Según comenta esta vecina de San Blas, el Ayuntamiento estuvo sin sacar un pliego de compra hasta 2009, siete años después, en el que se eliminaba el requisito de unanimidad y que duró hasta 2013. “Desde entonces se podía comprar el suelo individualmente a precios máximos de VPO, pero de obra nueva, que es en lo que no estábamos de acuerdo”, añade. Así estuvieron cinco años más, nuevo pliego mediante, hasta 2018, año desde el que los vecinos no han podido acceder a la compra del suelo público en el que se edificaron sus viviendas.

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En 2017 se produjo un nuevo movimiento respecto al Plan 18.000. Todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento acordaron que se podría comprar el suelo de las parcelas a nivel individual y con precios de obra antigua estipulados por la Comunidad de Madrid. Todos estaban contentos hasta que vieron que ese acuerdo plenario nunca se llegó a plasmar en un nuevo pliego ya que la asesoría jurídica del Consistorio determinó que los precios debían ser iguales a los que se venía vendiendo las parcelas con anterioridad.

“Pensamos que estos cinco años sin pliego han sido con el objetivo de retrasar lo máximo posible la compra y que se produjera la descalificación de protección de los primeros terrenos, como ha ocurrido, y así poder venderlos a precio libre de mercado”, continúa Toribio. En cambio, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid confirma que no pueden vender ningún suelo ni vivienda protegida debido a una medida aprobada por una unanimidad en julio de 2020. “Por lo tanto, solo se pueden vender las parcelas que no tienen protección pública y son libres, que son aquellas que ya están descalificadas por haber transcurrido 30 años”, recalcan fuentes del área.

Cifras inalcanzables

Asimismo, desde Urbanismo aseguran que a todas las viviendas afectadas se les ha notificado esta nueva posibilidad de comprar las parcelas, un extremo que desmiente con rotundidad Villén, vecino de 64 años que reside en Moratalaz. “Evidentemente, dentro de 45 años que puedo seguir viviendo aquí yo estaré criando malvas, pero si muchos no compramos el suelo a precio protegido hace años por no tener el dinero, mucho menos lo vamos a poder hacer después si la cifra se multiplica de esta forma en el mercado libre, aunque hayamos ahorrado lo suficiente para poder hacer frente a la cifra anterior”, sostiene.

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Silvia también vive en Moratalaz, sola con tres hijos, uno de ellos con discapacidad. En su caso, llegó a la vivienda en la que reside actualmente en el año 2000. “Los anteriores propietarios la desprotegieron para poder vendérmela a precio de mercado libre, pero quedaba la cuestión del suelo. A la primera oferta del Ayuntamiento no llegué, pero en 2013 lo tasaron en 40.000 euros, pero me pillaba muy mal. Todos los vecinos pensamos que mantendrían estos precios para comprarlo más adelante hasta que hemos visto esto. Según mis cuentas, yo tendría que pagar 147.000 euros para poner la parte correspondiente de mi parcela a mi nombre”, ilustra esta vecina.

La concesión del suelo es por 75 años, así que ninguna de estas familias será desahuciada y podrán vivir hasta entonces en sus casas. “Sé que no peligra mi casa, pero este piso era una hucha que mi hijo con discapacidad podría cambiar en algún momento por una residencia”, se lamenta Silvia.

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Andrea Valdés pagó 270.000 euros por si actual vivienda, en Barajas. “El anterior dueño la había descalificado, así que nos vendió la casa a precio de mercado libre restándole, basándose en los pliegos de 2017, el valor del suelo”, apunta. Calcula que esa cuantía de 2017 que rondaba los 28.000 euros se multiplicará hasta llegar a los 200.000 euros. “Mi vivienda pasaría a costar casi medio millón de euros, que es un precio muy elevado en comparación a cómo se venden otras casas de la zona”, apunta.

Cambios en las hipotecas

Arroyo remarca los problemas que esto puede traer a aquellas personas que todavía pagan los pisos del Plan 18.000 mediante hipoteca bancaria. “Si sigue así la cosa, las casas valdrán mucho menos y los bancos podrían pedir más garantías sobre la hipoteca, y si no se tienen esas garantías podrían llegar los desahucios”, subraya. Por el momento, cientos de afectados han registrado un recurso de reposición ante el pliego publicado por el Ayuntamiento para intentar pararlo.

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Pese a ello, desde el Consistorio remarcan que los precios se han fijado tras la valoración correspondiente: “Se han realizado por los servicios técnicos del área de Urbanismo en función de testigos reales, y están disponibles en la web para su consulta pública”, aducen antes de repetir que ningún vecino está obligado a comprar el suelo, aunque ello signifique perder la casa de su vida una vez que fallezca o transcurran las casi cinco décadas que faltan para que termine la concesión del suelo público.