Guerra en el gallinero: el registro de aves enfrenta a la Xunta y los propietarios con el Gobierno

El gallinero está literalmente revuelto en Galicia. La culpa la tiene un decreto que obliga a inscribirlos para el autoconsumo en un registro especial. En una comunidad en la que el minifundismo lo es también para lo agrícola, y que concentra más de la mitad de los corrales para consumo propio —las que no superan las 30 aves— de todo el territorio estatal, la medida ha desatado una suerte de agitación colectiva de la que no ha sido ajena la política, con las movilizaciones de agricultores de las últimas semanas como trasfondo. Los veterinarios defienden la medida, que tiene como principal objetivo el control sanitario de enfermedades avícolas.

El revuelo es nuevo, pero el decreto no tanto. De hecho, se aprobó en 2021 y fue el pasado 1 de enero cuando entraron en vigor las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. A finales de febrero empezaron a aparecer en medios de comunicación locales las primeras noticias sobre la obligatoriedad del registro, y a partir de ahí comenzó a extenderse el nerviosismo. El registro se puede realizar con un sencillo trámite telemático o presencialmente en las oficinas de la Xunta, pero en el medio rural las cosas no son tan fáciles.

La brecha digital y la dispersión de la población han convertido la inscripción en "trabas burocráticas", en palabras del conselleiro de Medio Rural, José González, muy crítico con el decreto. "Lo único que hace es quitarle las ganas a la gente de tener en este caso los gallineros de autoconsumo", acusó. Los gallineros de autoconsumo registrados en Galicia superan los 52.000, según los datos ofrecidos el miércoles por la Consellería do Medio Rural antes de la reunión telemática del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

González acudió a la cita después de acusar al Gobierno de impulsar un registro que “no tiene sentido”. "Estamos matando moscas a cañonazos", criticó el conselleiro, que considera la medida "desproporcionada". "¿Y si hay algún problema de gripe aviar, qué vamos a hacer con esa información?", se pregunta. El decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago, Gonzalo Fernández, responde a esa pregunta.

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"El problema lo tenemos si no hay registro. Cuando se detecta una enfermedad contagiosa en las aves de una determinada zona, estamos obligados a demostrar que no se diseminó en un radio de determinados kilómetros. Si carecemos de un registro, ¿qué hacemos, ir comprobando casa por casa?". Advierte además de la posibilidad de que Europa cierre el comercio de aves desde Galicia si una infección se extiende en Galicia, "con las consecuencias económicas que eso conlleva".

Frente a estas consideraciones, la Xunta ha emplazado al Ministerio de Agricultura a demandar a la Unión Europea una "flexibilización" de la normativa europea agraria. Exige el Gobierno gallego que la nueva Política Agraria Común (PAC) tenga en cuenta las características de cada territorio, como el escaso tamaño de las explotaciones gallegas, muchas veces para el consumo propio.

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El conselleiro admite en todo caso que el registro de los gallineros es "muy sencillo", aunque lo atribuye al trabajo de la Xunta. González hace además un llamamiento a "tranquilizar a la gente", ante las noticias publicadas sobre la caída de las ventas de aves para evitar el registro y las multas de entre 600 y 3.000 euros a las que se exponen los que incumplan la obligatoriedad.

Antes de que el conselleiro se pronunciara, fue el PP de Galicia el primero en levantar la voz, al anunciar que llevará al Parlamento gallego, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos una iniciativa para solicitar al Gobierno que modifique el Real Decreto. Su coordinador de Medio Rural, Avelino Souto, incidió también en el argumento del "incremento excesivo de la carga burocrática", que a su juicio ya soporta el sector agroganadero y provoca "el abandono y la desaparición de explotaciones", y por extensión del propio medio rural.

Los populares aseguran "compartir el malestar" de unos propietarios que a menudo no obtiene beneficio económico alguno de sus explotaciones, debido a una decisión del Gobierno aprobada "sin contar para nada, una vez más", con las comunidades autónomas, y legislando "de espaldas al territorio y sin atender a las peculiaridades de cada zona".

Pese a las supuestas trabas, son más de 10.000 las explotaciones que han sido registradas en las últimas semanas. Frente a las 52.000 actuales, eran 42.700 los gallineros para el autoconsumo inscritos en Galicia el 9 de marzo, cuando comenzaba a crecer el nerviosismo entre los propietarios. En concreto, el número de explotaciones ascendía a 40.698 gallineros, la gran mayoría en la provincia de A Coruña (18.491), seguida por las 9.341 de Ourense, las 7.355 de Pontevedra y las 5.511 de Lugo.

Una de las consecuencias que ha tenido el temor extendido entre los propietarios es una caída de la venta de gallinas, que algunas asociaciones elevan al 70%. La razón reside en la necesidad de haber realizado la inscripción para poder reponer gallinas u otros animales, lo que, según las mismas asociaciones, además de desincentivar la venta, ha trasladado el negocio a Asturias, donde supuestamente este requisito no se está exigiendo, y a Portugal.

Aunque entró en vigor en 2024, el Real Decreto que establece esta y otras medidas relacionadas con las granjas avícolas se aprobó en julio de 2021. La Xunta formuló casi 40 alegaciones en los distintos momentos de la tramitación del texto normativo, según explicó de la Consellería do Medio Rural, entre ellas que las explotaciones de autoconsumo quedaran fuera del ámbito de aplicación de la norma para aliviarles la carga administrativa.