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Varapalo judicial a los gigantes del transporte en bus: así se repartían las rutas de Galicia
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Dictamen del Tribunal Supremo

Varapalo judicial a los gigantes del transporte en bus: así se repartían las rutas de Galicia

El Supremo avala que Monbus y Alsa falsearon la libre competencia. El mecanismo para el reparto del mercado fue ideado a partir de una reforma del mapa que afrontó la Xunta en 2020

Foto: El empresario Raúl López, propietario de Monbus, saliendo del juzgado en 2016. (EFE/Eliseo Trigo)
El empresario Raúl López, propietario de Monbus, saliendo del juzgado en 2016. (EFE/Eliseo Trigo)

Monbus y Alsa se repartieron el mercado de transporte de viajeros por carretera en Galicia de forma fraudulenta. Lo sostiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y lo ha corroborado el Supremo, que acaba de inadmitir los recursos de casación de ambas empresas y de la Xunta contra el fallo, que considera "prohibida" la forma en se adjudicaron los contratos más suculentos. La decisión, que obliga a iniciar un expediente sancionador contra las dos compañías, pone el foco en el sistema que diseñaron para falsear la libre competencia, pero también en el desempeño de la Comisión Galega da Competencia (CGC), que archivó sin investigarlas todas las denuncias que presentaron sus competidores.

El mecanismo para el reparto del mercado fue ideado a partir de la reforma del mapa del transporte que afrontó la Xunta en 2020, después de otra sentencia que anuló la prórroga automática y generalizada de todas las concesiones que había aprobado 10 años antes. El Gobierno gallego impulsó un nuevo plan de transporte que incrementó el tamaño de algunos lotes, los más suculentos, un modelo que dificultó el acceso de las empresas más pequeñas. En ese contexto cobraron especial importancia las Uniones Temporales de Empresas (UTE), como mecanismo para unir recursos y cumplir las exigencias contractuales.

Foto: El propietario de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, en 2015. (EFE/Eliseo Trigo)

Monbus y Alsa concurrieron en UTE a cinco de los 29 lotes a concurso, entre ellos los cuatro más suculentos, pero no lo hicieron por separado en ninguno de los otros 24. La sentencia ahora corroborada considera que esa circunstancia no puede interpretarse como una "casualidad", sino a una "causalidad de un acuerdo previo". La licitación en unión temporal de ambas "no está justificada y responde a la conducta, prohibida, de repartirse el mercado, toda vez que las UTE resultan anticompetitivas", señala el fallo.

La colaboración entre empresas, subraya el tribunal, solo se justifica cuando, por su capacidad financiera o técnica, "necesitan complementarse" y se deduzcan eficiencias para los consumidores. "En este caso, en modo alguno se acredita la necesidad ni los efectos beneficiosos que, en su caso, habrían de resultar en la tramitación del expediente", añade.

Foto: El empresario Raúl López, propietario de Monbus, saliendo del juzgado en el 2016. (EFE/Eliseo Trigo)

El fallo pone de relieve además que, de esta forma, al concurrir las dos grandes con otros transportistas, eludieron la aplicación de una cláusula sobre máximas adjudicaciones, "lo que constituye, más que una fundada sospecha, un indicio racional y bastante de concierto para obtener una posición dominante, sino excluyente, del transporte público gallego".

Todo esto corrobora lo que venían denunciando el resto de compañías de menor tamaño, que se vieron perjudicadas por las adjudicaciones. "Son apariencias de UTE para blindar a uno de los participantes de la posibilidad de que el otro integrante participe como oponente en el concurso", señalan fuentes de las reclamantes, que consideran que esa operación alcanzó un grado de desarrollo inusitado en esta licitación, "lo que limitó de forma extraordinaria la competencia".

Foto: La Justicia ha tumbado dos adjudicaciones de viajes del Imserso a Barceló-Halcón.

El dominio del mercado gallego por parte de Monbus es abrumador, con casi un 80% de las líneas de transporte público de la Xunta, ya sea con su propia marca o con la de empresas pequeñas que, según sus competidores, le sirven para eludir la limitación de contratos. La sociedad es propiedad del empresario lucense Raúl López, hijo del fundador de la compañía en 1936, muy próximo al poder político e implicado en distintas causas judiciales. López fue detenido en 2015 en Sanxenxo cuando entregaba 60.000 euros en efectivo a unos empresarios hoteleros, en el inicio de la Operación Cóndor.

La sentencia avalada es especialmente severa en sus apreciaciones contra la actuación del Comité da Competencia de Galicia, un organismo adscrito a la Xunta y presidido por el histórico del PP gallego Ignacio López-Chaves. El tribunal obliga a la comisión a investigar la alianza Monbus-Alsa y afea a la CGC que archivara el caso "sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción".

Foto: El propietario de Monbus y del Obradoiro, Raúl López, en los juzgados de Lugo. (EFE)

"Ninguna de las dos multinacionales precisaba a la otra para concurrir a los cinco lotes en los que participaron en UTE, ya que ambas multiplicaban el tamaño, la solvencia mínima, los medios y la capacidad para concursar, incluso en solitario", denuncia la Asociación Empresarial de Transportes de Viajeros por Carretera de Galicia (Galibus), que representa a 30 compañías del sector con un total de 250 vehículos. "La sentencia demuestra que Xunta y Monbus se pusieron de acuerdo para acaparar el mercado en Galicia", acusa su portavoz.

La ratificación del fallo lo convierte en firme, pero Monbus asegura que apelará al Constitucional en defensas de su inocencia. La empresa de Raúl López emitió un comunicado en el que califica de "injusta" la desestimación de los recursos y rechaza haber incurrido "en práctica anticompetitiva alguna". Según la compañía, tanto Monbus como Alsa "justificaron ampliamente ante las autoridades de competencia correspondientes las razones por las que concurrieron juntas a algunos lotes del contrato".

Monbus y Alsa se repartieron el mercado de transporte de viajeros por carretera en Galicia de forma fraudulenta. Lo sostiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y lo ha corroborado el Supremo, que acaba de inadmitir los recursos de casación de ambas empresas y de la Xunta contra el fallo, que considera "prohibida" la forma en se adjudicaron los contratos más suculentos. La decisión, que obliga a iniciar un expediente sancionador contra las dos compañías, pone el foco en el sistema que diseñaron para falsear la libre competencia, pero también en el desempeño de la Comisión Galega da Competencia (CGC), que archivó sin investigarlas todas las denuncias que presentaron sus competidores.

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