Una sentencia amenaza el transporte de viajeros en miles de aldeas gallegas

Miles de pequeños núcleos de población de Galicia pueden verse sin servicio de transporte público de viajeros por carretera a partir de agosto. Ese mes concluye la moratoria de concesiones aprobada hace un año por el Gobierno gallego, después de que el Tribunal Supremo anulase la reordenación del transporte por carretera que aprobó en 2010, que no era otra cosa que una prórroga generalizada de todas las rutas por un periodo de 10 años. Así que las empresas ejercerán su derecho a abandonar los servicios deficitarios. Son la mayoría, en una comunidad con las características demográficas de Galicia, donde se combinan dispersión, envejecimiento y despoblación.

Una vez finalizado el año extra, las empresas del transporte renunciarán a un total de 578 líneas, en su gran mayoría en las provincias de Lugo y Ourense. La primera de esas provincias verá caer el 61% de sus servicios, mientras que cesará el 81% de las orensanas y en torno al 40% de las de Pontevedra y A Coruña. La Xunta trabaja contrarreloj para elaborar un plan que mitigue la incomunicación en la que se verán decenas de miles de usuarios, aunque de momento solo ha anunciado que sacará a licitación pública la reordenación de servicio en Ourense y Lugo, en unas condiciones todavía desconocidas y sin aclarar cuántos núcleos de población perderán sus líneas de autobús.

El transporte por carretera en Galicia es un arcano de concesiones independientes unas de otras y con distintas fechas de finalización. En él coexisten rutas extremadamente rentables con otras que no lo son, pero que se compensan históricamente con los contratos del transporte escolar, por el que el Gobierno gallego paga una factura de más de 120 millones al año.

El gran beneficiario de todo ese entramado se llama Raúl López, propietario de Monbus, implicado en distintas causas judiciales, que maneja una cuota del negocio cercana al 70%. López fue detenido en 2015 en Sanxenxo cuando entregaba 60.000 euros en efectivo a unos empresarios hoteleros, y su nombre volvió a los medios de comunicación el pasado diciembre, cuando se supo que regaló lotes de vino Vega Sicilia valorados en miles de euros a una larga lista de políticos, entre ellos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

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Pablo López. Vigo

Fue precisamente Feijóo quien, en 2010, y ante la proximidad de la fecha de extinción de muchas rutas de transporte por carretera, tomó la decisión de prorrogarlas de forma generalizada por 10 años contados desde la fecha del vencimiento. Aquella ampliación se aprobó por la vía de urgencia y le valió la reprimenda de la Comisión Nacional de la Competencia, que publicó un duro informe en el que lamentaba la “restricción” de la competencia por suponer “el cierre absoluto del mercado” a otros operadores alternativos. Pese a ello, y tres días antes de que entrase en vigor un reglamento comunitario que restringía las prórrogas, el Diario Oficial de Galicia publicaba una ley urgente que consumaba la ampliación. Esa es la ley que tumbó el Tribunal Supremo en marzo de 2016, en una sentencia que obliga ahora a la Xunta a buscar una solución a toda prisa.

Alfredo García, presidente de Fegamp: “Una línea puede ser rentable o no, pero lo que no se puede es dejar de prestar el servicio”

El cese de los servicios deficitarios es aún desconocido para la gran mayoría de sus usuarios, pero los alcaldes vienen alertando desde hace meses del grave problema que se avecina. En su nombre, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, criticó este martes la actitud de los operadores. “Una línea puede ser rentable o no, pero lo que no se puede es dejar de prestar el servicio”, lamentó en presencia de la 'conselleira' de Infraestructuras, Ethel Vázquez, con la que se reunió para estudiar los cambios en el mapa del transporte. “Lo que no se puede hacer es dejar tirada a la gente”, censuró. García consideró clave la comunicación entre los núcleos pequeños y las cabeceras de comarca y desde ahí con el resto de la provincia, “dando prioridad” a los vecinos mayores y a los municipios pequeños del rural.

La 'conselleira' ha asegurado que hará la reordenación este mes de mayo, pero únicamente para las concesiones de Ourense y Lugo

El presidente de los alcaldes gallegos pidió a la Xunta que actúe con “urgencia”, pero de las explicaciones ofrecidas por la 'conselleira' se desprende que tampoco esta vez ha primado la previsión. A falta de tres meses para que decaigan los servicios, la reordenación aún no ha salido a información pública. La 'conselleira' ha asegurado que lo hará este mes de mayo, pero únicamente para las concesiones de Ourense y Lugo. Los ayuntamientos solo dispondrán de 10 días para estudiar la propuesta y hacer sus alegaciones. Será una nueva etapa provisional, ya que caducará en 2019, cuando entre en vigor una reordenación completa. Lo que ocurra a partir de agosto en Pontevedra y A Coruña con las líneas deficitarias es una incógnita.

De esa reordenación definitiva que se anuncia para dentro de dos años se sabe que establecerá una zonificación en seis áreas. La Xunta quiere ofrecer contratos atractivos para las empresas mediante la división del territorio en lotes de líneas agrupadas, con la posibilidad de incluir microbuses y taxis complementarios. Vuelven a aparecer en los planes del Gobierno gallego alternativas como el transporte a demanda, que solo se cubre si el usuario lo reclama con determinada antelación, o la posibilidad de que viajeros comunes y niños compartan autobuses del transporte escolar, una alternativa que cuenta con la oposición de numerosas asociaciones de padres. Será también una oportunidad para optimizar el transporte por carretera en Galicia, mediante la conexión con las estaciones de tren, los aeropuertos y las nuevas intermodales.

El actual diseño del transporte por carretera presenta deficiencias que vienen siendo denunciadas por los usuarios. Sirva como ejemplo que la conexión más rápida entre la mayor ciudad de Galicia, Vigo, y la capital, Santiago —separadas por apenas 88 kilómetros— no baja de una hora y 30 minutos y puede llegar hasta las dos horas y cuarto; en el mejor de los casos, el doble de tiempo que el viaje en coche por autopista. El monopolio de ese servicio lo tiene Monbus, que lo ofrece a un precio de ocho euros, con tarifas más flexibles solo desde que empezó a sufrir la competencia del tren. No es precisamente una línea deficitaria, por lo que no es previsible su desaparición a partir del mes de agosto.