El interminable traspaso a la Xunta de la principal autopista gallega abre nuevo capítulo

Con tanto consenso en Galicia como resistencia en el Congreso de los Diputados, la reclamación de la principal autopista gallega, la AP-9, vuelve a la Cámara baja. Será la cuarta vez que lo haga, ahora mediante una doble iniciativa de PP y BNG en el Parlamento gallego que tiene garantizada la mayoría. Asumen populares y nacionalistas el riesgo de que una nueva convocatoria electoral frustre otra vez la demanda, una situación que ya se produjo en 2019 y el pasado verano, cuando la disolución anticipada de las Cortes hizo decaer la transferencia de una infraestructura crucial para la economía gallega cuando parecía al alcance de la mano.

Es la de la Autopista del Atlántico, una reivindicación que va para dos décadas, con sucesivas resoluciones unánimes del Parlamento gallego que chocaron inicialmente con el veto de los Gobiernos de Mariano Rajoy, pero que tampoco se concretaron en los de Pedro Sánchez, a pesar de que su traspaso estaba incluido en el acuerdo de investidura firmado en enero de 2020 por el PSOE con el BNG. Sí cumplió el Gobierno con la rebaja de tarifas, otra exigencia histórica, dada la inexistencia hasta 2021 de un esquema de descuentos para usuarios habituales en una de las autopistas más caras de España.

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Pese a la incertidumbres de la legislatura que acaba de comenzar, el PP y el BNG no han querido perder tiempo y retoman la petición de la titularidad para incluirla como proposiciones legislativas en el primer pleno del período de sesiones, que se celebrará la próxima semana. Cuando se aprueben y trasladen al Congreso, los diputados se encontrarán una vez más con una cuestión recurrente, pero con un creciente respaldo social en Galicia, a medida que se conocen los beneficios que reporta una concesión que se ha beneficiado de hasta tres prórrogas, la última aprobada en 2000 a cambio de su prolongación desde Fene hasta Ferrol.

Según informó Audasa, del grupo Itínere, este mismo verano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la gran autopista de Galicia —que atraviesa la comunidad de norte a sur, conecta cinco de sus siete ciudades y concentra en su entorno el 80% de la actividad económica gallega— obtuvo un beneficio neto de 36,12 millones de euros en el primer semestre de este año, casi un 70% más que en el mismo periodo de 2022. El principal motivo de ese incremento es el creciente número de viajes registrados en una infraestructura sin vías alternativas reales en la mayor parte de su trazado. En total, fueron 24.076 vehículos al día los que circulan por ella, un 3,75% más que el año anterior, lo que permitió aumentar los ingresos por peajes hasta los 89,73 millones de euros entre enero y junio de este año.

La autopista que conecta la fachada atlántica de Galicia, la más poblada y de mayor actividad económica, se comenzó a construir en 1973 y abrió su primer gran tramo seis años más tarde. Este 2023 debería ser el de la finalización de la concesión a Audasa, de no haber sido ampliada en 2000 hasta 2048 por el Gobierno de José María Aznar, una prórroga de 25 años que está siendo investigada por Bruselas. La Comisión Europea anunció en 2021 la apertura de un expediente a España por la extensión de la licencia sin abrir una licitación pública, en respuesta a una demanda presentada por un colectivo vigués de usuarios. El expediente sigue abierto, mientras la empresa anuncia que exigirá al Gobierno una compensación de más de 1.000 millones si el contrato es declarado ilegal.

Las dos primeras veces que la reclamación llegó del Parlamento gallego al Congreso decayó por el veto en la Mesa de los representantes de PP y Ciudadanos. El tercer acuerdo lo aprobó el legislativo gallego en mayo de 2018. La Cámara baja aprobaba ese mismo año con el apoyo de todos los partidos salvo Ciudadanos la tramitación de una ley orgánica para que el Estado transfiriera a la Xunta la AP-9, pero la legislatura concluyó de forma anticipada sin dar tiempo a tramitar la ley. En 2021, representantes de los grupos parlamentarios de Galicia defendían ante la Cámara baja la toma en consideración, que consiguió el respaldo del Congreso, pero el proyecto es esfumó nuevamente con la convocatoria electoral del pasado verano, lo que obliga a reiniciar todo el proceso a partir de una petición formal del legislativo gallego.

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Ahora, el nuevo portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos, considera que su grupo cumple con su compromiso de retomar esta exigencia “una vez conformadas las Cortes” y “fuese cual fuese el color del Gobierno que se conforme”. En la justificación de la iniciativa, recuerda que la asunción de las competencias de la AP-9 es una “reivindicación largamente explicitada por todo el conjunto de la Cámara gallega” y ve imprescindible retomar esta solicitud, puesto que esta infraestructura es “fundamental” para la comunicación en la comunidad gallega y que, pese a ello, sufre “una discriminación clara”.

Por parte del BNG, su viceportavoz, Luis Bará, confió en que en esta ocasión la tramitación de la norma salga adelante sin contratiempos. “Esperemos que esta vez vaya adelante y no sigan poniendo el PP y el PSOE palos en las ruedas” ya que, a su entender, eso fue “lo que hicieron a lo largo de estos años”.

Desde el BNG se da por descontado que la transferencia de la autopista a Galicia formará parte de las condiciones que ponga para una nueva investidura de Pedro Sánchez, un extremo que quedó sin cumplir en el acuerdo de 2020. Esta vez con un inicio de los trámites con suficiente antelación, para evitar que un nuevo fin de legislatura anticipado vuelva a frustrar la reclamación del interminable traspaso.