El rey gallego del transporte de pasajeros choca (de nuevo) contra la Justicia

El gigante lucense del transporte ha vuelto a tropezar con la Justicia. De nuevo está en discusión la legalidad de las concesiones de Monbus para la explotación de rutas escolares, un negocio suculento en una Galicia donde la dispersión de la población espolea el transporte colectivo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anular la adjudicación de rutas escolares por 2,3 millones de euros concedidas a una unión de empresas dominada en un 97% por Monbus. Llueve sobre mojado. Una semana antes, el mismo tribunal anulaba dos lotes de contratos similares por idéntica razón, que según el auto compromete la libre competencia. Y en abril, reclamaba una sanción para la compañía y para Alsa por "repartirse el mercado" del transporte de viajeros en Galicia.

Detrás del gigante lucense está su presidente, Raúl López, que heredó el negocio de fundado por su padre en 1936. Su dominio empresarial se consolidó en 2010 con una renovación automática y generalizada de rutas por un período de 10 años, una operación que seis años después anuló el Tribunal Supremo por superar el plazo máximo exigido por el reglamento comunitario, lo que obligó a la Xunta a aprobar las nuevas línea por lotes. Pese a los reveses judiciales, el negocio prospera sin mayores problemas a la espera del cumplimiento de las sentencias, y Monbus, con sus 1.350 autobuses, 2.470 vehículos de renting y 2.200 empleados, factura anualmente unos 180 millones de euros.

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Algunos de los contratos bajo sospecha están relacionados con adjudicaciones realizadas en 2019 y 2020, que fueron objeto de numerosas denuncias de la competencia por el supuesto trato de favor a Monbus. Las acusaciones llegaron a la Comisión Galega da Competencia (CGC), órgano adscrito a la Xunta y presidido por un histórico del PP gallego, Ignacio López-Chaves, que decidió su archivo. Ya en la vía judicial, llegaron no solo las sentencias. También la reprimenda al CGC, al que la sala afea el archivo del caso "sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción".

El tribunal gallego ponía la lupa sobre 29 contratos en 2020, al tiempo que se decidía incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa "por indicios de haber podido repartirse el mercado". Según el tribunal gallego, Monbus y Alsa llegaron a un "concierto para obtener una posición dominante, si no excluyente, del transporte público gallego" en el concurso de importantes concesiones en las zonas más pobladas… A raíz de esas sentencias, un juzgado abrió diligencias por prevaricación contra el director de Movilidad de la Xunta.

La última sentencia conocida, relacionada con el transporte escolar, es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por nueve empresas (Arosa Bus, Transportes Álvarez Vázquez de Mondariz, Viajes Melytour, Autna, Novas Rías, Ruiz Bus, Royal Turismo, Condado Tour e Empresa Estévez Avión) contra la adjudicación a través de un lote, el número 57, de un megacontrato de 2,3 millones de euros. El fallo constata que la adjudicataria es una unión temporal de empresas (UTE) "dominada por el grupo Monbus al 97%".

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En el mismo concurso se produjo una presencia mayoritaria de Monbus en porcentajes de hasta el 90% en una decena de utes que ganaron distintos lotes, lo que provocó, según el tribunal, que "se superasen los límites de adjudicación permitidos" en los pliegos de condiciones de la convocatoria. En ellos, recuerdan los magistrados, se establecía "un máximo de adjudicación de ocho lotes a una misma empresa. Considera el TSXG que la mesa de contratación debió constatar que las uniones temporales estaban "dominadas de forma clara por empresas do grupo Monbus".

Una semana antes, el tribunal gallego anulaba otros dos lotes (51 y 45) por idéntico dominio "claro" de Monbus, incumpliendo, señala, el límite impuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso admitía los argumentos de 20 empresas recurrentes, que se agruparían en dos utes, Canbus y Sombus. Monbus ha anunciado que recurrirá estas sentencias.

La Justicia no solo persigue las adjudicaciones presuntamente irregulares de la compañía. El propio López se ve en serios apuros desde que fue detenido en marzo de 2015 cuando entregaba 60.000 euros en metálico a una familia de hoteleros de Sanxenxo, la localidad turística por excelencia de las Rías Baixas. El empresario permaneció 72 horas en comisaría, pero evitó la prisión con una fianza. La causa sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, con el presidente de Monbus y otros siete investigados por presuntos delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

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Aquella detención fue el pistoletazo de salida de la Operación Cóndor, cuyo sumario reveló datos jugosos. Por ejemplo, los regalos con que agasajaba a múltiples autoridades, incluidas las militares, de las que fue adjudicatario. Se supo también que cada Navidad entre 2006 y 2013, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibía de Monbus en su casa de Vigo cajas de vino Vega Sicilia de alta gama valoradas en hasta 670 euros cada una, según revelaron los informes de la Agencia Tributaria. El actual presidente, Alfonso Rueda, comenzó a recibir sus regalos en 2009, el año que fue nombrado conselleiro de Presidencia.

Monbus aglutina varias decenas de empresas del transporte, entre ellas Hispano-Igualadina, Castromil, Eurolines o Alcalabús. También gestiona estaciones como la de Vigo o la de Barcelona Sants, la conexión lanzadera entre Barcelona y El Prat (Aerobús) y se hizo con el contrato de AENA para mover a los viajeros entre las terminales del aeropuerto de Barajas.