La nueva ley de contratos públicos, la receta de España para mejorar la transparencia

La contratación pública en España es una parte esencial del tejido económico. Según el Observatorio de Contratación Pública, los contratos generados de esta actividad suponen el 20% del PIB de nuestro país. Por ello, a medida que pasan los años, se va haciendo más importante que este tipo de adjudicaciones sean transparentes y cualquiera pueda tener acceso a ellas.

Eso es lo que pretende hacer la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo tras la disposición comunitaria de la Unión Europea y que, 'grosso modo', pretende sentar las bases para que la contratación pública sea una herramienta eficiente, competitiva y, sobre todo, transparente. Estos son sus puntos fuertes y flaquezas.

Claves de la nueva ley

1.- Más información

Dentro de sus novedades, la ley obliga a que todos los concursos se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de modo que cualquier persona pueda acceder a la información. Además, la Administración contratante tendrá que hacer constar en dicha plataforma todos los procesos de la adjudicación: lanzamiento del pliego, detalle de los criterios de adjudicación, oferta ganadora, informes de la mesa de contratación, etc.

Para María Jesús Escobar, socia responsable de Sector Público de EY, se trata de un paso importante: "Ahora hay muchos más puntos de transparencia en todo el proceso, y la transparencia es la mejor arma contra la corrupción. No solo es una cuestión de imagen, sino de gestión real: cuando una empresa lucha por una adjudicación, cuanta más información haya, mejor será el entorno competitivo, con lo que es más difícil que se produzcan situaciones de corrupción".

2.- Participación de las pymes

Las pequeñas y medianas empresas suelen tener varios problemas cuando quieren acudir a una licitación pública. La mayoría de contratos son demasiado grandes, cubren varios sectores, implican mucho tiempo de gestión (sin garantía de que se vaya a ganar), pueden suponer una inversión demasiado alta...

La nueva ley plantea la división de los contratos en lotes, de modo que una pequeña empresa pueda optar a que se le adjudique uno sin tener que concurrir al contrato entero. Además, la normativa también facilita la subcontratación de partidas cuando así lo detalle el contrato.

La división de los contratos en lotes permite a las pymes pujar por un lote concreto sin tener que concurrir a la licitación entera

"La Administración baja las barreras administrativas y fomenta la competencia", destaca Escobar. Además, "es muy importante que en España, donde las pymes tienen una incidencia mayor que en otros países, accedan a los contratos públicos".

La división en lotes plantea también una duda: ¿no podría convertirse en una forma de conceder muchos contratos pequeños (que por su importe pueden negociarse sin concurso público) a una misma empresa? Escobar recuerda que “todo debe estar publicado en la plataforma de contratación del Estado, lo que ofrece una mayor transparencia y permite un seguimiento y trazabilidad de todo el proceso".

3.- Simplificación de los trámites

La nueva normativa también simplifica los trámites de concurrencia para "imponer una menor burocracia para los licitadores. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de contratación".

Además, el Gobierno ha creado la figura del procedimiento abierto simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales determinados y "nace con la vocación de convertirse en un procedimiento ágil que, por su diseño, debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación". Por otro lado, "se prevé que todo se haga por vía electrónica", asegura María Jesús Escobar, "con lo que la burocracia se abarata y todo se simplifica mucho más".

4.- Concepto de calidad-precio

"Con la anterior ley, lo habitual era adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa", asegura Escobar, "y eso podía desembocar en un mal servicio, ya que lo más barato no es necesariamente lo mejor". Ahora la cosa ha cambiado: se da más valor al concepto de calidad-precio. "Las adjudicaciones se realizarán utilizando el principio de mejor relación calidad-precio", que "se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos que podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato".

La anterior ley obligaba a adjudicar el contrato a la oferta más barata, pero lo más barato no es necesariamente lo mejor

Además, la legislación también introduce el concepto de coste-eficacia, es decir, que podrá optar por adjudicar el contrato a una oferta cuyo precio en principio sea mayor que el de sus competidores siempre que se estime que con el paso del tiempo no habrá que hacer grandes inversiones en mejoras o mantenimiento.

Los problemas que surgirán (o ya han surgido)

Las empresas que suelen concurrir a este tipo de concursos se han encontrado con una situación muy llamativa ante la puesta en marcha de esta ley. "Antes de que entrase la ley en vigor, el 9 de marzo, en EY solíamos evaluar unos 60-70 concursos públicos al día, pero en las semanas previas a la llegada de la nueva ley había cerca de 300 licitaciones publicadas a diario", asegura Escobar. ¿La razón? "La inercia. La anterior ley era de 2007, así que si una Administración lleva una década trabajando de la misma manera y ahora tiene que cambiar los contratos modelo, se suelen dar prisa. Ahora las empresas tienen que ajustarse a los nuevos modelos de contratación y eso no va a ser fácil".

El anterior problema trae consigo una nueva consecuencia: "Como los pliegos son nuevos y la ley también, hay cosas que aún no están claras", nos cuenta la socia responsable de Sector Público de EY, "así que muchas empresas que pierdan optarán por recurrir la adjudicación". En su opinión, "se tardará un tiempo en tener esto asentado, quizás un par de años, porque aún quedan muchos temas pendientes por resolver". En cualquier caso, para Escobar, "esta ley es necesaria. Venimos de una etapa de bastantes casos de corrupción que han marcado a los ciudadanos y hay que cambiar el 'modus operandi".