La amenaza del oro blanco: alarma por la gran mina portuguesa de litio a 20 Km de Galicia
El Gobierno luso autoriza la extracción en el norte del país en medio de una fuerte oposición que se extiende por el territorio gallego por el impacto que supone para el medio
Fundamental para la descarbonización, pero también contaminante. Así es el litio, objeto de deseo por parte de las principales compañías mineras del mundo, que han puesto sus ojos en el norte de Portugal. Allí se encuentra la reserva más importante de Europa del metal del que tiran vehículos eléctricos y equipos electrónicos portátiles para sus baterías. Un pueblo llamado Covas de Barroso (Vila Real), a apenas 20 kilómetros de España, ha tomado la delantera, después de que el Gobierno portugués diera luz verde a la que se convertirá en la mayor mina a cielo abierto del continente. La decisión ha desatado una oleada de rechazo. Están en contra los vecinos, alcaldes de la zona y los ecologistas, que organizan un movimiento de protesta que se ha extendido por Galicia.
Será la primera mina de litio de Portugal, pero probablemente no la última, porque son varios los proyectos que están pendientes de autorización y es firme el compromiso de la UE y del Gobierno del país vecino con el denominado oro blanco, cuya demanda se prevé que se cuadruplique en pocos años. Las extracciones producen grandes cantidades de polvo, consumen importantes recursos y emplean productos químicos agresivos. Sus desventajas no se limitan al entorno más próximo, aunque es en Covas de Barroso donde la oposición es más feroz. En Galicia, organizaciones como Ecologistas en Acción y Adega, entre otras, han alertado de los peligros de la mina portuguesa en una amplia zona que abarca los dos países, y apoyan movilizaciones como una acampada contra la macromina en agosto.
La empresa estima comenzar la explotación en 2026 por un período estimado de 17 años
El sí de la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA) es una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada al cumplimiento de un conjunto de medidas y compensaciones, para garantizar que se desarrollará "de forma responsable y que los beneficios socioeconómicos se compartirán con todas las partes interesadas", según señaló la minera Savannah Resources, que ejecutará la explotación. Pero el proyecto ya está en marcha, y con él, se recrudecen unas protestas que se vienen repitiendo desde que él se dio a conocer, encabezadas por el alcalde de Boticas, Fernando Queiroga, que reaccionó con "tristeza y preocupación". "La mina va a poner en cuestión las inversiones hechas en Boticas y que se basan en la agricultura, la ganadería y el turismo", lamentó. La zona está certificada como Patrimonio Agrícola Mundial.
Entre las alegaciones presentadas contra el proyecto se encuentran las de la organización gallega de Ecologistas en Acción, que alerta de otros proyectos similares en la misma zona. Uno de ellos deberá ser revisado por el Ministerio para la Transición Ecológica de España, dada su escasa distancia con la frontera en la provincia de Ourense, enclavado en plena Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés. Contempla un gran depósito de residuos mineros para más de 20 millones de toneladas de materiales que, según la organización, tiene potencial de contaminación en amplias zonas con metales pesados.
Savannah Resources, que invertirá 123 millones de euros, presentó el proyecto de Barroso en junio de 2020 y dos años más tarde recibió un dictamen desfavorable del comité de evaluación de la APA, pero reformuló sus planteamientos y logró la aceptación. La empresa estima comenzar la explotación en 2026 por un período estimado de 17 años. El área de concesión prevista es de 593 hectáreas. Para su explotación, la compañía se incorporó a un megaproyecto liderado por Galp de 914 millones para crear un clúster de baterías en Portugal con los fondos Next Generation.
En Galicia el proyecto se observa con desconfianza. Los yacimientos potenciales de litio se extienden por territorio gallego, con prospecciones en los ayuntamientos pontevedreses de Fornelos de Montes, Cerdedo, Covelo, A Lama y Forcarei y en los orensanos de Avión, Beariz, Boborás y O Irixo. También los hay en Castilla y León y en Extremadura, donde se llevará a cabo el de la mina de Sierra de la Mosca, que se decidió soterrar ante la contestación de buena parte de la sociedad civil y política de la ciudad.
Las extracciones en Europa cuentan con el beneplácito de la Unión Europea, cuya dependencia de las importaciones de concentrados del metal, principalmente de China, es cercana al 87 %. Los países de la Unión son totalmente dependiente de las importaciones de los compuestos porque ningún país lleva a cabo procesos de refinado. La normativa de Materias Primas Críticas de la UE, presentada en marzo, establece el objetivo de la Comisión Europea de simplificar los procesos de concesión de permisos a las empresas mineras y reducir la dependencia de China y otros países para la obtención de minerales clave para los vehículos eléctricos y la energía verde, como el litio, el cobalto y el grafito.
El vehículo eléctrico está en juego con minas como la de Barroso y con fábricas de baterías del mismo metal repartidas por distintos países de la Unión Europea. Savannah Resources defiende que su proyecto servirá para armar los cimientos de la industria de los coches del futuro y cifra en 175.000 las toneladas que podrá extraer de la mina ahora autorizada. O lo que es lo mismo: podrá abastecer anualmente por sí sola a cerca de medio millón 500.000 de vehículos eléctricos.
Fundamental para la descarbonización, pero también contaminante. Así es el litio, objeto de deseo por parte de las principales compañías mineras del mundo, que han puesto sus ojos en el norte de Portugal. Allí se encuentra la reserva más importante de Europa del metal del que tiran vehículos eléctricos y equipos electrónicos portátiles para sus baterías. Un pueblo llamado Covas de Barroso (Vila Real), a apenas 20 kilómetros de España, ha tomado la delantera, después de que el Gobierno portugués diera luz verde a la que se convertirá en la mayor mina a cielo abierto del continente. La decisión ha desatado una oleada de rechazo. Están en contra los vecinos, alcaldes de la zona y los ecologistas, que organizan un movimiento de protesta que se ha extendido por Galicia.
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