Otra pugna Xunta-Gobierno por el litoral: la amnistía a las obras ilegales llega al TC

Galicia tiene en su litoral un punto de fricción constante con el Gobierno central. Con sus 1.500 kilómetros de costa y un tercio del total de la España peninsular, es una tensión que se dirime a menudo en el Tribunal Constitucional, al que recurren ambas instituciones con frecuencia para resolver diferencias. Allí volverán a vérselas por una cuestión de costas. Pero esta vez es un juez de Pontevedra el que así lo ha decidido, al considerar que la Xunta coló en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022 una amnistía para construcciones ilegales que puede invadir competencias estatales. Para el magistrado, resulta “evidente” que el Ejecutivo gallego “sobrepasó el ejercicio legítimo de sus competencias”.

Como suele ser habitual, las leyes de acompañamiento que se aprueban a final de año sirven para realizar reformas de tipo técnico de leyes de lo más variopinto. En ocasiones también para realizar reformas de mayor calado, que difícilmente escapan al radar de la oposición. Pero esta vez, sí. Sin provocar mucho ruido, la ley incluyó un cambio que limita a 15 años el plazo en el que la administración autonómica puede actuar contra edificaciones construidas de forma ilegal en la costa. No pasó inadvertido para el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, que ha decidido enviarlo al TC para resolver lo que considera una invasión de competencias estatales.

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El juez indica que un artículo de la ley de medidas fiscales y administrativas del 27 de diciembre de 2022, el 10.1, fijó ese plazo de caducidad de la potestad para reaccionar frente a las obras ilícitas en la zona de servidumbre de protección de costas mediante un procedimiento de reposición de la legalidad. En su auto, se pronuncia sobre las intenciones de la Xunta con ese cambio normativo: “No es difícil deducir que dicha norma autonómica tiene como única finalidad la de beneficiar a quienes han infringido la Ley de Costas en la zona de servidumbre de protección del litoral gallego, otorgándoles un privilegio singular frente a los que cometen la misma infracción en el resto del litoral español”.

Esta actuación legislativa, a juicio del titular del juzgado, se realizó “invadiendo la competencia estatal en materia de costas, en detrimento de los valores medioambientales y paisajísticos que su legislación básica pretende preservar”, por lo que considera que esos preceptos son “presumiblemente inconstitucionales”. Como en el caso de la reciente ley del litoral, que el Gobierno de Pedro Sánchez considera que es “casi una declaración de independencia”, la Xunta reclama plenas competencias en la gestión de su costa.

Así lo ha recordado la conselleira de Medio Ambiente y vicepresidenta Segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, que reivindica la potestad de la Xunta para legislar en la materia. Sobre los cambios, Vázquez considera que la ley estatal “no era clara”, lo que a su entender provoca inseguridad jurídica. “Lo que pretendemos a través de la ley de acompañamiento es clarificar”, explica.

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Para la conselleira, más que una modificación, lo que hace la ley impugnada por el magistrado de Pontevedra es “aclarar” conceptos. Según explicó, dado que la Ley de Costas de la Xunta también ha sufrido modificaciones, se detectó que "había dificultades cuando llegaba una denuncia o se hacía una inspección de oficio, por lo que el Gobierno gallego trata así de unificar criterios". La conselleira apunta que ese plazo de 15 años ya se incluyó en la última modificación de la ley, en 2018, pero “quedó un poco en el limbo”, por lo que ahora se pretende una mayor concreción.

No es esa la interpretación del juez, que recalca que la Ley de Costas no establece límite temporal para la potestad administrativa para exigir “la obligación de reparar el daño causado” en los terrenos de la zona de servidumbre de protección. El plazo concreto estipulado, de 15 años, se aplica para ejecutar forzosamente la orden de demolición ya dictada, “pero no para la incoación en sí del procedimiento de reposición de la legalidad”, argumenta el juez, que añade: “No cabe duda de que las comunidades autónomas carecen de competencia legislativa para innovar a la baja el régimen estatal de protección de la zona de servidumbre de protección de costas, en beneficio de los infractores”.

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El auto del juez pontevedrés que abrió el conflicto –que ahora debe admitir a trámite el Constitucional– parte de un recurso presentado por un particular, el propietario de una edificación en la Illa de Arousa sobre la que pesaba una orden de demolición desde 2018. En medio de ese proceso judicial fue cuando la Xunta aprobó la norma que daba el plazo máximo de 15 años para actuar frente a obras ilegales, a la que se acogió el dueño de la construcción para salvar su casa, que llevaba más de 20 años construida cuando se inició el procedimiento sancionador.

El juez considera que las comunidades autónomas "carecen de competencia legislativa para innovar a la baja el régimen estatal de protección de la zona de servidumbre de protección costera en beneficio de los infractores", por lo que plantea ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad. En su auto defiende que en la ley estatal no hay límite temporal para exigir la reposición de la legalidad en la costa, por lo que considera que la norma de la Xunta “produce además de un menoscabo relevante en la protección del medio ambiente y del paisaje litoral, una desigualdad esencial en las obligaciones y derechos de los ciudadanos sobre dicho espacio en el conjunto del territorio español”.