La Xunta, con el agua al cuello: decenas de parques eólicos sin tramitar a 10 días del fin del plazo

El tira y afloja hasta ahora soterrado entre el Gobierno y la Xunta en materia de energía eólica es ya tensión indisimulada, a medida que se acerca una fecha marcada en rojo en el calendario: el 25 de enero. Ese día caducan los permisos de acceso y conexión a la red de los proyectos de parques eólicos pendientes de declaración ambiental, un total de 140 en Galicia, de los que el Gobierno gallego solo ha tramitado 64. Pese al incremento del ritmo de los últimos meses, en el sector se extiende la convicción de que gran parte de ellos decaerán, entre críticas de Transición Ecológica a la "pasividad" de la Xunta y reproches del Ejecutivo de Alfonso Rueda a la “falta de planificación” del departamento de Teresa Ribera.

La ministra viene reiterando desde hace meses que no habrá más moratorias para todos esos proyectos, los que recibieron acceso al nudo de conexión en la subasta celebrada en 2020. Lo anticipó en noviembre, insistió en diciembre y lo reiteró esta misma semana, después de que en marzo de 2022 se aprobara una prórroga de nueve meses en la fecha tope de los permisos. Fue una decisión adoptada tras una conferencia sectorial en la que el ministerio reclamó a las comunidades autónomas que "reforzasen sus equipos".

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La Xunta sostiene que no es un problema de equipos. En el de la Consellería de Medio Ambiente trabajan 73 personas, que en el último tramo de 2022 y los primeros días de 2023 han redoblado esfuerzos hasta alcanzar las 64 declaraciones de impacto ambiental (DIA) para proyectos de menos de 50 MW, los que dependen de las administraciones autonómicas. De las declaraciones tramitadas en Galicia, un 70% ha sido favorable y el 30% restante, desfavorable. La titular del departamento, Ángeles Vázquez, resaltó este viernes el esfuerzo realizado, "trabajando a destajo para que la comunidad autónoma no tenga ningún tipo de responsabilidad en relación con ese hito que marcó el ministerio". Pero Vázquez no descartó que muchas de esas instalaciones decaigan por carecer de DIA. "Espero que podamos cumplir", se limitó a afirmar.

El Gobierno estableció la fecha límite del 25 de enero de 2023 para evitar que se especule con los terrenos próximos a los puntos de conexión que les adjudicó en la subasta celebrada en 2020. La contrapartida ha sido un atasco burocrático sin precedentes en distintas comunidades autónomas, particularmente en Galicia, donde, según la conselleira, técnicos de distintos departamentos "no pudieron coger vacaciones" y están trabajando "sábados y domingos". La compleja tramitación de las declaraciones de impacto ambiental responde a un procedimiento que suele implicar a distintas áreas de los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos, lo que complica el proceso.

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La Xunta considera el plazo concedido un "capricho" del Ministerio para la Transición Ecológica. "Hubo una total falta de planificación" por parte el Gobierno, acusó Ángeles Vázquez, pues se marcó a las comunidades "una serie de hitos que no están avalados por nada, que es un capricho en un momento determinado". Esa situación ha implicado "un esfuerzo enorme desde el punto de vista de lo personal y simplificación", aunque aseguró que "sin restar en ningún momento los criterios desde el punto de vista medioambiental". La conselleira reclamó "sentidiño" al ministerio en la implantación de renovables. "Las comunidades no podemos ser simples gestorías de un ministerio con ciertos caprichos que no nos traslada ni personal ni medios", reprochó.

La posibilidad de ampliar el plazo no está encima de la mesa. Al menos eso es lo que viene advirtiendo desde hace meses la ministra, que considera la prórroga "imposible", ya que redundaría en contra de las garantías de los promotores y afectaría a proyectos industriales que han supuesto mucho trabajo y acarrean una gran inversión. Ribera afirmó en una entrevista a Televisión de Galicia que no se puede prorrogar algo que "está bloqueando la capacidad de evacuación en las redes" y que además "genera una sensación de falta de confort por parte de los inversores y promotores", ante la falta de resolución de proyectos "fundamentales".

Ribera hizo referencia a una de las actividades industriales que necesitan el desarrollo de los proyectos eólicos. "Estoy pensando en Alcoa, donde yo me impliqué personalmente, donde llegamos a un acuerdo para poder materializar toda esta restauración, mucho más sostenible desde el punto medioambiental y energético, el pasado mes de diciembre. Sin embargo, hasta la semana pasada la Xunta no nos envió su declaración de interés en relación con los proyectos", reprochó en noviembre la vicepresidenta tercera.

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) calcula que son 2.300 MW de potencia los que están en juego, e inversiones por 2.500 millones de euros. La patronal gallega del sector reclama al ministerio que amplíe la prórroga de acceso a la red o cambie los parámetros de anulación, mientras demanda a la Xunta "que agilice al máximo la tramitación de los expedientes administrativos pendientes". "Con la pérdida de los citados puntos de conexión, nos encontraremos ante una situación de alta litigiosidad y potenciales responsabilidades patrimoniales que a nadie le gustará", advierte EGA, que apela también "al interés general y público de no tirar por la borda millones de euros, miles de megavatios de energía limpia y propia, cientos de puestos de trabajo y muchos recursos públicos utilizados durante años".