Bronca por la gestión de la costa de Galicia: la reforma del estatuto divide el Parlamento

Si Galicia quiere las competencias de gestión del litoral, y las quiere, está abocada a reformar su Estatuto de Autonomía, un tabú que ha tensionado la vida política gallega cada vez que se ha puesto encima de la mesa. Ahora regresa porque la transferencia de costas fue reiterada por los tres grupos con representación en el Parlamento en marzo de 2021. La respuesta del Ejecutivo central ha sido que, para asumir la ordenación como han hecho Andalucía, Canarias, Cataluña o Baleares, debe adaptar su norma institucional básica, y las diferencias entre la Xunta del PP y la oposición de nacionalistas y socialistas han reaparecido con fuerza.

Es el BNG el que reclama con mayor intensidad la reforma estatutaria. Así lo hizo su portavoz nacional, Ana Pontón, en la reunión que mantuvo con el presidente Alfonso Rueda el pasado 6 de junio. Con el actual Estatuto, apuntó, hay al menos 71 ámbitos susceptibles de transferencia, pero eso no debe impedir, a su juicio, su actualización, para "blindar" Galicia frente a la "centralización" y para mejorar su financiación. Ese mismo día, el socialista Valentín González Formoso trasladaba al sucesor de Alberto Núñez Feijóo la "necesidad clara" de pactar un estatuto "de segunda generación", como ya tienen "otras autonomías que ya hicieron sus deberes".

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El Estatuto gallego no se ha tocado desde su aprobación, en 1981. En 2006, la llegada del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas y la desaparición de Manuel Fraga del mapa político, sustituido por Feijóo, parecía preparar el escenario para la reforma, en un momento en el que distintas comunidades se lanzaban a modificar sus normas básicas. Pero lo que se produjo en realidad fue uno de los mayores fiascos del diálogo entre partidos gallegos, con maratonianas sesiones de negociación que acabaron en nada. Las diferencias por el idioma gallego, la definición de la comunidad y la financiación frustraron un pacto que necesita del apoyo de dos tercios de la Cámara autonómica.

Pese al perfil galleguista que se le atribuye a Feijóo, al que en determinados ámbitos se le considera próximo al nacionalismo, lo cierto es que con él no solo naufragó el nuevo Estatuto, sino que durante sus 13 años de mandato no se materializó ninguna transferencia de competencias adicional. Ahora, Alfonso Rueda tampoco se muestra entusiasmado con la posibilidad de tocar la principal norma de la autonomía gallega, sino todo lo contrario. "La prioridad es centrarse en lo que hay sobre la mesa" y solventar "los problemas de Galicia", responde a las demandas de reforma. Otra cosa es la gestión de competencias, en la que sí está dispuesto a asumir nuevas responsabilidades para la comunidad autónoma.

En concreto, las reclama en materia de costas, que es el debate que precipitó el del Estatuto. Se trata de un asunto que preocupa especialmente a miles de empresas ubicadas en el litoral, ante el recorte de los períodos de concesión que plantea el Gobierno. La caducidad de los permisos en un plazo máximo de 75 años supone una amenaza de derribo para miles de casas e industrias costeras, afectadas también por el bloqueo a los cambios de uso de los inmuebles situados en zona de servidumbre de protección, una franja de entre 20 y 100 cien metros de ancho desde la línea de costa. Rueda solicita gestionar este tipo de cuestiones desde Galicia, pero sin reformar la norma básica, un requerimiento que considera "una mala excusa" del Gobierno para rechazar la transferencia.

Se trata de un asunto que preocupa a miles de empresas ubicadas en el litoral, ante el recorte de los períodos de concesión

Para el nuevo presidente de la Xunta, la asunción por Galicia de esas competencias es "un tema de país" que planteó también en las reuniones con Pontón y Formoso, principalmente para no dañar a "muchas empresas" instaladas en el litoral que generan riqueza. Rueda apuesta por ser "ambiciosos" con las transferencias, pero también por "priorizar". Abordar la reforma del Estatuto, en cambio, sería "darle la razón al Gobierno", en el argumento de que es necesario para transferir competencias en el litoral. "No lo considero una prioridad frente a otras cosas que hay que atender y a las que hay que dedicar muchas horas, muchos esfuerzos y muchos consensos", argumenta.

Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España y también la que tiene una mayor actividad económica en el litoral. En lo que sí coinciden el PP y el BNG es en que el cambio en el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático afecta "de manera especial" al sector mar-industria de Galicia, al cambiar los criterios para las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, opina que ese cambio "solo miraba hacia el Mediterráneo", donde predominan a su entender los complejos vacacionales y hoteles en dominio público, mientras que en Galicia lo hacen "actividades fundamentales para el mantenimiento de sectores económicos claves". El BNG destaca el caso de las depuradoras de marisco. Sin ellas "no hay actividad de marisqueo", alerta.

Además de la Ley de Cambio Climático, en Galicia la preocupación se deriva de la reforma del Reglamento General de Costas, que debe impedir ocupaciones del terreno público a pie de mar de más de cien años. La Xunta reclama competencias plenas sobre el dominio público marítimo-terrestre, donde se sitúan 5.000 edificaciones, entre las que no solo hay inmuebles vinculados al marisqueo, la pesca o los puertos, sino también colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud, una consecuencia de la muy peculiar forma de entender el desarrollo urbanístico del litoral que tradicionalmente ha imperado en Galicia.