Rueda desafía a Sánchez al asumir competencias en el litoral gallego sin tocar el Estatuto
El Gobierno considera “casi una declaración de independencia” la futura ley de costas de la Xunta, que reclama “autogobierno pleno”
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La tensión entre la Xunta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cejado desde que Alfonso Rueda tomó el relevó de Alberto Núñez Feijóo. Especialmente en un asunto que preocupa mucho al Gobierno gallego: la gestión del litoral. Es tal el interés de hacerse con las competencias en materia de costas que Santiago llegó a estudiar una reforma del Estatuto de Galicia, un asuntó tabú para los populares desde tiempos de Manuel Fraga. Descartada esa delicada vía, Rueda decidió emprender una nueva Ley del Litoral que, sin pasar de la fase de anteproyecto, ya ha provocado la reacción del Gobierno central, que ha presentado alegaciones a un texto que considera “casi una declaración de independencia”.
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La Xunta reclama con su ley “autogobierno pleno” en materia de costas, con el objetivo de superar la “inconcreción” sobre actividades permitidas y dar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones que “lícitamente” ya están en dominio público marítimo terrestre. Son circunstancias muy características de Galicia, con abundancia histórica de construcciones ligadas de un modo u otro a la actividad pesquera. Hay otro trasfondo, al menos para las organizaciones ecologistas, que ven en el empeño de Alfonso Rueda un intento de legalizar la situación de Ence en la ría de Pontevedra, tras declarar la Audiencia Nacional la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre.
El Gobierno no entra en la cuestión de Ence ni de las edificaciones costeras, pero sí en las competencias. Pedro Sánchez ya había ofrecido un no tajante a la petición de Rueda en la reunión que mantuvo con él poco después de que alcanzara la presidencia. Ahora, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, va más lejos y no duda en considerar el anteproyecto gallego “casi una declaración de independencia”, con un planteamiento que valoró como “sorprendente” para un gobierno del PP, “muy beligerante en cuanto a conservar competencias del Estado frente a posibles actitudes soberanistas”. Según afirmó en enero en una entrevista en la Cadena Ser, la Xunta aparenta la intención de “sacar de la Constitución una materia que por sus competencias no puede hacer”. “Es una competencia estatal por determinación de la Constitución”, afirma.
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La Xunta sostiene que hay cuatro comunidades que ya gestionan su literal. Se trata de Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares, todas ellas apoyadas en sus propios Estatutos de autonomía. Actualizar el de Galicia, como le reclama la oposición, no convence a Alfonso Rueda, que ha encontrado en un informe del Consello Consultivo de Galicia el argumento que necesitaba para asumir competencias sin tocar la norma fundamental de la autonomía. Según el principal órgano consultivo de las Administraciones gallegas, “no resulta necesario” modificar el Estatuto, ya que de dos de sus artículos, el 27.3 y el 37.2, y de sentencias del Tribunal Constitucional se deduce que la competencia de Galicia ya comprende “todas las facultades o funciones que naturalmente son desarrollables” en materia de ordenación del litoral. Y entre ellas, la “gestión de los títulos de uso y ocupación del dominio público marítimo terrestre”.
Con ese documento en la mano, el Consello de la Xunta llevó el anteproyecto de ley a su reunión del 15 de diciembre pasado y se puso en marcha un proceso que cuenta ya con más de 80 alegaciones, entre ellas la de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Con todo, los plazos que maneja Rueda apuntan a la llegada de la ley al Parlamento de Galicia esta primavera. Será si el Gobierno no lo detiene antes con un recurso como el que presentó a la ley gallega de Sanidad en plena pandemia, cuando Feijóo abrió la posibilidad de la vacunación obligatoria.
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También la Xunta ha recurrido leyes estatales y precisamente por la gestión del litoral. Es lo que hizo con la de Cambio Climático, de la que impugnó un artículo sobre las competencias del Estado en la materia. A ese recurso se refirió también Hugo Morán, que recordó que el Tribunal Constitucional dio al Gobierno gallego “un tirón de orejas que creo que debería de servirles de lección para no insistir”. “No han entendido del todo bien el mensaje que el TC envió con su última sentencia”, señaló.
Sobre la nueva ley en trámite, el número dos del Ministerio de Medio Ambiente considera que tiene visos de ir “más allá de los márgenes de la Constitución Española”, por lo que se mostró esperanzado en que Santiago recapacite y “tenga en cuenta las aportaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y se ajuste a los límites de la Constitución”. Las alegaciones presentadas por el Ministerio, confirmó, están relacionadas con el reparto de competencias de las diferentes administraciones públicas, con “sentencias sobradas que establecen estos límites competenciales”. Las intenciones de la Xunta, según el ministerio, requieren una reforma del Estatuto de Autonomía “para incorporar competencias en materia de costas”.
La conselleira de Mar, Rosa Quintana, replicó este viernes a Morán, al considerar que la ley es “perfectamente constitucional” y defender “el ejercicio de las competencias de Galicia, ordenar el litoral y dar seguridad jurídica”. Quintana no negó la titularidad del Estado del dominio público terrestre, pero agregó que las comunidades tienen “reconocido en el Estatuto la capacidad de ordenar ese litoral”.
El desencadenante del interés de Galicia reside en el recorte de los periodos de concesión que plantea el Gobierno en su ley de Cambio Climático. La caducidad de los permisos en un plazo máximo de 75 años supone una amenaza de derribo para miles de casas e industrias costeras, afectadas también por el bloqueo a los cambios de uso de los inmuebles situados en zona de servidumbre de protección. Es el mismo cambio que pone a prueba la pervivencia de Ence en la ría gallega, sobre la que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra este 7 de febrero, fecha en la que se resolverán los recursos presentados por la empresa contra la nulidad de la prórroga de su concesión hasta 2073 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
La tensión entre la Xunta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cejado desde que Alfonso Rueda tomó el relevó de Alberto Núñez Feijóo. Especialmente en un asunto que preocupa mucho al Gobierno gallego: la gestión del litoral. Es tal el interés de hacerse con las competencias en materia de costas que Santiago llegó a estudiar una reforma del Estatuto de Galicia, un asuntó tabú para los populares desde tiempos de Manuel Fraga. Descartada esa delicada vía, Rueda decidió emprender una nueva Ley del Litoral que, sin pasar de la fase de anteproyecto, ya ha provocado la reacción del Gobierno central, que ha presentado alegaciones a un texto que considera “casi una declaración de independencia”.