Camiones cisterna y pozos ilegales: las playas de moda en Cádiz se quedan sin agua

El Palmar de Vejer es uno de los destinos de moda de la costa de Cádiz. Cada verano, miles de turistas huyen de la ciudad en busca de sus playas vírgenes, sus surferos y sus chiringuitos. Un ambiente cool y eco-friendly —los anglicismos abundan en la cartelería de la zona— que se sostiene con una escena tercermundista: cada mañana, empresas privadas se hacen de oro trasladando agua de dudosa procedencia hasta los bares y apartamentos, donde también se recogen las aguas fecales acumuladas en fosas sépticas sin homologar. Un problema arrastrado desde hace años y que ahora, en plena sequía y a las puertas del verano, el Parlamento Europeo se abre a investigar.

“El que viene de Madrid no se lo cree, pero es así: aquí no hay agua potable. Llevamos décadas demandándola”, adelanta Manuel Martín, portavoz de la asociación de vecinos de esta pedanía de Vejer de la Frontera. Al no existir conexiones de agua, luz y alcantarillado, la mayoría de estas construcciones sin licencia explotan sus propios pozos, cada vez más contaminados y salinizados. “La cisterna del váter y el resto de aguas residuales van parar a una fosa séptica que, en la gran mayoría de los casos, no está homologada, así que drenan y contaminan el medio”, añade el representante vecinal.

Es un problema extensible a varios destinos de la costa gaditana, entre los que se encuentran los núcleos poblacionales de Zahora y parte de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate. También algunas zonas de Chiclana y Conil. Hablamos de municipios que multiplican su población cada verano en zonas sin acceso a los servicios más básicos. Zahora tiene 480 habitantes censados, pero en julio y agosto alcanza los 15.000. El Palmar pasa de 900 a los 25.000.

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El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de los vecinos de Zahora, quienes solicitaron la apertura de una investigación. La Comisión de Peticiones, un organismo que hace de puente entre los ciudadanos y sus instituciones europeas, ha pedido a la Comisión una investigación preliminar, lo que permitirá un pronunciamiento que, aunque no será vinculante, puede instar a los ayuntamientos a tomar en consideración el problema.

Crecimientos “desaforados”

“Los camiones cisterna se llevan el agua sucia y traen la de beber. Es tercermundista. Y todo en una población turística conocida a nivel mundial”, expone José Antonio Mármol, presidente de la Asociación Costa de la Luz y firmante del escrito enviado a Bruselas. Lleva décadas luchando por llevar suministros básicos a este núcleo poblacional. Su vivienda no tiene licencia, pero es su hogar desde hace 35 años. “Si han pasado seis años sin un procedimiento administrativo son alegales y legalizables, según la ley. El problema es que sigue construyéndose y se permite”, recuerda, mientras defiende que la administración local debe frenar los crecimientos.

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En los años 80, cuando se instalaron los primeros contadores de luz, El Palmar de Vejer tenía unas 120 viviendas. Hace cuatro años, según un censo elaborado por los vecinos, había 2.430. “Si al principio eran 50 o 60 pozos, hoy debe haber unos 300 ó 400 captando agua del mismo acuífero”, expone Manuel Martín, quien critica que “las autoridades sigan mirando para otro lado” y les anima a colgar carteles disuasorios que recuerden las posibles multas por construir en suelo rústico. “Se sigue construyendo y la mayoría de las viviendas son irregulares”, cuenta.

Las construcciones se han levantado sobre un inmenso acuífero que abarca el triángulo entre Vejer, Barbate y Los Caños de Meca. De hecho, el nombre de este último núcleo poblacional guarda relación con un recurso cada vez más preciado. Los Caños de Meca llegó a ser un lugar de peregrinaje para los musulmanes, atraídos por la salubridad del agua dulce de un lugar que acabaría recibiendo el nombre de la ciudad santa del Islam. En los años 60 llegarían los primeros hippies, luego el turismo de masas y hoy en Los Caños de Meca apenas quedan caños. “Debería haber agua subterránea suficiente para abastecer a las poblaciones existentes. El problema ha sido el crecimiento urbanístico desaforado”, expone Juan Clavero, miembro de Ecologistas en Acción y gran conocedor de la zona.

El negocio del agua

La consecuencia de extraer más agua sin control es evidente: desde hace años, los vecinos advierten de que los pozos pierden agua y la que queda está cada vez más contaminada. En las captaciones más próximas a la playa, salinizada. “Pondré un ejemplo muy visual: yo siempre he puesto un cubo debajo de la ducha y hace 20 años el agua que quedaba estaba limpia; hoy en el fondo del cubo se acumula cieno”, expone Manuel Martín.

Es habitual ver a personas rellenando garrafas de agua en los puntos de suministro y cada vez son más los vecinos y establecimientos que recurren a las empresas emergentes, que trasladan agua de dudosa procedencia con camiones cisterna. En los últimos meses incluso han surgido nuevos negocios de esta naturaleza en la zona ante el aumento de la demanda por la sequía. Este verano, con la llegada de miles de turistas, el problema irá a más.

“Los pozos se secan y cada vez son más los que montan sus aljibes y piden agua a los concesionarios. Traen una cuba que, teóricamente, viene con agua de la red pública, pero la realidad es que nunca sabemos su origen. Dicen que es potable, pero, en el fondo, no sabemos de dónde viene”, expone Martín.

Los concesionarios son locales y el precio por una cuba de 10.000 litros oscila entre los 90 y los 120 euros. El empresario más conocido, El Pipa, encontró un nicho de mercado en el suministro de agua para estos destinos tras la crisis de 2008. Hace tres años, la Guardia Civil le abrió una investigación por, supuestamente, extraer y repartir ilegalmente agua contaminada en la zona. Las captaciones se hacían en un acuífero entre Conil y Chiclana, aunque el empresario siempre defendió que tenía los permisos necesarios.

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“Menos mal que están esos empresarios, que son los que cubren una problemática generada por la administración”, recuerda el representante vecinal de El Palmar de Vejer. Su asociación, al igual que otras entidades vecinales de la comarca, lleva décadas manifestándose por la implantación de suministros básicos. Sin embargo, los ayuntamientos encuentran serias dificultades para llevar suministros a esas viviendas sin licencias. La nueva ley urbanística aprobada por la Junta de Andalucía contempla fórmulas, pero el desarrollo de esos planes puede llevar años.

Tal y como recuerda José Antonio Mármol, la problemática “no es sólo medioambiental sino social”. “Algunos tienen que comprar agua, si no, no habría forma de vivir”, añade el representante vecinal de Zahora, quien insiste en distinguir a las construcciones sin licencias de mayor antigüedad del resto. “Los ayuntamientos se escudan en que nosotros no queremos pagar, pero tenemos convenios firmados desde hace muchos años. ¿Qué vecinos son culpables? Hay muchas categorías de vecinos…”, recuerda.

Nuevos proyectos

El escrito admitido a trámite por el Parlamento Europeo también denuncia que “los ayuntamientos de Vejer y de Barbate tienen la intención de llevar a cabo varios macro proyectos urbanísticos con campos de golf y cientos de plazas hoteleras y apartamentos turísticos”, mientras “que dejan en un segundo plano, sin regularizar, sin agua potable y sin saneamiento a las poblaciones existentes en las mismas”.

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Los vecinos se refieren, por ejemplo, a la mayor macrourbanización turística de Andalucía, ubicada en el término municipal de Barbate y con un tamaño mayor que todo Cádiz capital. A diferencia de lo ocurrido en Trebujena, la Declaración Ambiental Estratégica de la Junta de Andalucía fue desfavorable, aunque los promotores pretenden seguir peleando por conseguir los permisos y el Ayuntamiento, gobernado por Andalucía Por Sí, está a favor del proyecto. En El Palmar, recientemente ha abierto un Beach Club de hasta 10.000 m2, a pie de playa y con la oposición de ecologistas y vecinos de la zona.

El documento reclama priorizar la puesta en marcha de planes especiales para llevar servicios básicos a las “2.500 viviendas y negocios irregulares en El Palmar, las más de 1.200 en Zahora, las más de 5.000 en Conil y las más de 10.000 en Chiclana”. Además, alerta del "alto nivel de contaminación del acuífero" y la posibilidad de que "se produzcan graves perjuicios sanitarios contra la integridad de las personas", lo que podría suponer "un delito contra la salud pública".