La justicia empaña el imperio del gran patrón de los autobuses en Galicia

Una y otra vez, el transporte de viajeros por carretera choca en Galicia con la justicia. Los intentos de ordenar un sector especialmente complejo han sido objeto de suspicacias y llamativas operaciones judiciales, y ahora puestas de nuevo en tela de juicio por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que apunta a la situación de dominio de Monbus, el grupo presidido por Raúl López. El alto tribunal reclama una sanción para esa compañía y para Alsa por "repartirse el mercado", una decisión que enmienda la plana a la Comisión Galega da Competencia (CGC) y vuelve a poner en aprietos a un empresario detenido en su día cuando entregaba 60.000 euros en metálico y está imputado en el caso Cóndor, que investiga presuntos delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

Tras la adjudicación de 29 contratos en 2020, fueron numerosas las denuncias sobre el presunto trato de favor a Monbus que llegaron a la CGC, órgano adscrito a la Xunta y presidido por el histórico del PP gallego Ignacio López-Chaves. Todas fueron archivadas y muchas de ellas siguieron su camino en el campo judicial. Es el caso de la ahora conocida, origen de una sentencia que ordena a Competencia a incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa "por indicios de haber podido repartirse el mercado". Según el tribunal gallego, Monbus y Alsa llegaron a un "concierto para obtener una posición dominante, si no excluyente, del transporte público gallego" en el concurso de importantes concesiones en las zonas más pobladas.

Monbus y Alsa llegaron a un "concierto para tener una posición dominante, si no excluyente" en el concurso de importantes concesiones

El Superior de Xustiza obliga a la comisión a investigar si esa alianza entre las compañías para concurrir a cinco lotes de líneas juntas y a los otros 24 por separado, sin coincidir en ninguno, fue una práctica "anticompetitiva", para "falsear la libre competencia". Los magistrados sostienen además que la CGC archivó el caso "sin realizar la comprobación de los hechos denunciados, existiendo indicios racionales de infracción", por lo que anulan la resolución.

En Galicia conviven líneas extremadamente lucrativas con otras muy deficitarias, debido a la dispersión en una comunidad autónoma en la que están enclavados la mitad de los núcleos de población de toda España. De los cinco lotes a los que Monbus y Alsa concurrieron juntas, cuatro son los más suculentos de todos ellos, que se contrataron en 2020 después de una larga deriva judicial.

En Galicia el modelo de concesiones se vio abocado a una profunda reestructuración en la primera década del siglo, cuando comenzaron a vencer concesiones monopolistas históricas que procedían en muchos casos de antes de la democracia. El Gobierno gallego, entonces presidido por Alberto Núñez Feijóo, resolvió la situación en 2010 con una renovación automática y generalizada por 10 años que conservaba intacto el dominio de la empresa que había fundado en 1936 el padre de Raúl López. Pero la prórroga fue anulada seis años después por el Supremo por superar el plazo máximo exigido por el reglamento comunitario, lo que obligó a la Xunta a aprobar las nuevas línea por lotes.

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Los problemas de Raúl López con la justicia coinciden casi en el tiempo con la anulación de la prórroga que afectó a sus líneas. Solo un año antes de ese fallo del TS, el empresario lucense era detenido cuando entregaba 60.000 euros en metálico a una familia de hoteleros de Sanxenxo. Era el inicio de la Operación Cóndor. Permaneció 72 horas en comisaría y evitó la prisión con una fianza de 20.000 euros, en un caso que él redujo a "alguna irregularidad administrativa". Pasados ocho años, la causa sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, con el presidente de Monbus y otros siete investigados por presuntos delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

El sumario de la Cóndor, instruida inicialmente por Pilar de Lara, dejó muchas pistas sobre la forma de proceder del empresario lucense. Se supo por ejemplo que cada Navidad entre 2006 y 2013, Feijóo recibía puntualmente en su domicilio de Vigo los regalos que le enviaba López, en forma de cajas con vino Vega Sicilia de alta gama valoradas en hasta 670 euros cada una, según los informes de la Agencia Tributaria. El ahora presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también comenzó a recibir los regalos en 2009, año en que fue nombrado conselleiro de Presidencia, y en las cuatro navidades siguientes le llegaron exactamente los mismos agasajos que a Feijóo.

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Hasta 61.000 euros en regalos llegó a gastar la compañía en un año, 2010. Los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera recabados en la Cóndor establecían una detallada vinculación entre los regalos y las adjudicaciones de la Xunta a las empresas del grupo de Raúl López, aunque sin analizar la renovación de concesiones anulada en 2016. Siempre según el sumario de la Cóndor, los contratos con la Administración autonómica en el período 2005-2014 ascendieron a 23.773.757 euros, con cientos de contratos para la realización de los más variados servicios de transporte.

El caso que ahora vuelve a empañar los negocios en Galicia de la mayor empresa de autocares de capital español, considera que la concurrencia en UTE de Alsa y Monbus en cinco lotes y sin competir entre ellas en los restantes debe considerarse consecuencia de "un acuerdo previo, para aprovecharse, además, de que los pliegos permiten concurrir a todas las licitaciones". El fallo subraya que, de esta forma, se evita "la aplicación de la cláusula sobre máximas adjudicaciones, concurriendo en las otras con otros transportistas, lo que constituye, más que una fundada sospecha, un indicio racional y bastante de concierto para obtener una posición dominante, sino excluyente, del transporte público gallego".

Fuentes de Monbus anunciaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) y aseguraron que la compañía "siempre actúa con absoluto rigor e integridad". La oposición ha exigido explicaciones a la Xunta ante lo que consideran una negligencia del Consello Galego de Competencia, a lo que ha respondido Alfonso Rueda reivindicando la independencia del organismo que preside López-Chaves.