domina el 60% de la cuota de mercado

El TS tumba el negocio del magnate del transporte en Galicia con la Xunta

El tribunal anula la prórroga de unas concesiones que beneficiaban principalmente a Monbus, del lucense Raúl López. El empresario está imputado en distintas causas

Foto: El propietario de Monbus y del Obradoiro, Raúl López, en los juzgados de Lugo. (EFE)
El propietario de Monbus y del Obradoiro, Raúl López, en los juzgados de Lugo. (EFE)

El Tribunal Supremo ha tumbado el negocio millonario del magnate del transporte en Galicia con la Xunta, al anular la prórroga automática y generalizada de todas las concesiones aprobadas en 2010. La suspensión afecta a la totalidad de las líneas que operan el transporte de viajeros por las carreteras gallegas, pero es un golpe especialmente duro para la empresa que gestiona la gran mayoría de ellas. Se trata de Monbus, de Raúl López, un empresario de Lugo muy próximo al poder político que está implicado en distintas causas judiciales, y que fue detenido hace un año en Sanxenxo cuando entregaba 60.000 euros en efectivo a unos empresarios hoteleros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acaba de anular la resolución de la Xunta por la que se aprobó el Plan de Modernización de las concesiones. La sentencia estima un recurso interpuesto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) contra el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba esa resolución ajustada a derecho. En su recurso, la CNMC alegó que el plan implicaba la prórroga automática de todas las concesiones y que era contrario al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija que la duración de los contratos de servicio público no podrá superar los diez años para los servicios de autobús. El fallo valora que esa prolongación de las concesiones es incondicional y por diez años más a todas las concesiones en vigor, con independencia de su período inicial, del período ya transcurrido y de cualquier otra circunstancia, lo que vulnera la normativa europea.

Aunque son más de diez las empresas que se verán afectadas por esta anulación, el principal perjudicado es Raúl López, el gran magnate del sector. Su cuota del negocio del transporte de viajeros por carretera, que mueve decenas de millones de euros anuales, se estima próxima al 60%. Es un porcentaje similar o incluso menor al que tiene en el del transporte escolar, que paga directamente la Xunta y cuyo coste en un lugar con la población tan dispersa como Galicia se dispara hasta los 130 millones de euros anuales. La prórroga de las concesiones se vinculó por la Xunta a una rebaja de la factura del transporte escolar.

Su cuota del negocio del transporte de viajeros por carretera, que mueve decenas de millones de euros anuales, se estima próxima al 60%

En la actualidad, el emporio de López se divide en 60 empresas, con una flota de 2.000 vehículos, más de un millar de empleados y una facturación superior a los 100 millones de euros anuales. Sus negocios no se limitan a Galicia, al extenderse también por Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, las dos Castillas, Extremadura e incluso otros países europeos. El empresario lucense es además presidente del equipo de baloncesto de la ACB Obradoiro, del que es el principal accionista, y fue durante muchos años presidente de la Federación de Transportistas de Galicia.

López está implicado en distintas causas judiciales, entre ellas la Pulpo, en la que está imputado el líder de los socialistas gallegos. Pero la que le afecta más directamente es la Operación Cóndor, impulsada por la misma juez de Lugo, Pilar de Lara, contra una supuesta trama de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental, delito fiscal y tráfico de influencias. El caso estalló el 18 de marzo de 2015, hace exactamente un año, cuando agentes de Vigilancia Aduanera irrumpieron en un conocido restaurante de Sanxenxo y pillaron a Raúl López justo en el momento en el que entregaba a dos empresarios hoteleros unos 60.000 euros. El dinero estaba en fajos encima de la mesa.

Raúl López con la plantilla del Río Natura Monbus Obradoiro en 2015. (EFE)
Raúl López con la plantilla del Río Natura Monbus Obradoiro en 2015. (EFE)

Sus empresas, suministradoras de la Xunta

La proximidad de Raúl López con la política se inició con el exbarón lucense Francisco Cacharro, para pasar después por Manuel Fraga, por los socialistas y nuevamente por el PP. En un sector dominado por las concesiones públicas monopolistas, no tardó en convertir la pequeña empresa que cubría una línea rural heredada de su padre en el grupo Monbus, tras la sonada compra de la compañía Monforte en 2001. Después resistió los embates de la inglesa Arriva para ir incrementando su tamaño al adquirir sucesivamente La Unión y Castromil con el apoyo de la Xunta de Fraga y de la muy politizada Caixanova, que se integró en el accionariado. Después estrechó lazos con el Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño, para reconciliarse tras su caída con los populares y fraguar la polémica prórroga de las concesiones del transporte de viajeros.

A pesar de que Feijóo ha asegurado que no recuerda si se ha reunido alguna vez con quien es uno de los principales empresarios de Galicia, sus empresas se han convertido en grandes suministradoras de la Xunta. Cuando se aprobó la prórroga de las concesiones, López ejercía de interlocutor de los transportistas con la Xunta a través de la presidencia de esa federación. Su compañía Monforte aprovisiona de vehículos de todo tipo a la Administración autonómica, pero también gestiona servicios públicos en algunos ayuntamientos como Santiago, donde adquirió al ahora encarcelado expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán las contratas del palacio de congresos y de los autobuses urbanos de la ciudad.

Registro de la sede de Monbus en 2015. (EFE)
Registro de la sede de Monbus en 2015. (EFE)

La aprobación en 2010 de la prórroga exprés que ahora anula el Constitucional estuvo rodeada de polémica. Ante la inminente entrada en vigor del reglamento europeo del sector, la Xunta aprobó la ley en la que se sustentó la prolongación del plazo sin dictamen del Comité Galego de Transportes ni del Consello Económico e Social. Tampoco se lo remitió a otras consellerías, como es preceptivo para todos los anteproyectos de ley, pero especialmente en este que afectaba a competencias de Educación, como es el transporte escolar. La tramitación en el Parlamento se hizo por lectura única, sin posibilidad por tanto de enmiendas parciales de los grupos de la oposición, que pidieron sin éxito la devolución del texto.

De Lara es la instructora del caso Cóndor, que investiga si el empresario lucense encabezaba una trama que lavaba grandes sumas de dinero con la colaboración de una cadena hotelera de Sanxenxo y una agencia que organizaba viajes de la tercera edad. La operación salpica al club Obradoiro, al Ejército de Tierra, al Ministerio de Fomento y al socialista José Bono. El nombre de Raúl López aparece también como investigado en el sumario del caso Pulpo, por el que acaba de ser imputado por seis presuntos delitos el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Al dueño de Monbus, De Lara le atribuye los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada.  

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