La cara B de la falta de médicos: la nueva facultad de Medicina de Alicante se dirige a los tribunales

La revuelta de las batas blancas de Madrid ha avivado el debate sobre la falta de profesionales sanitarios en el sector público. Además de la batalla sobre la gestión, la Comunidad Valenciana mantiene otro frente abierto: la apertura de una segunda facultad pública de Medicina en la provincia de Alicante. Tras la negativa del Consell al requerimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que pidió que se anulase la autorización para que la Universidad de Alicante también tuviese un grado de Medicina, el conflicto se dirige a los tribunales.

La confrontación, por ahora, se está haciendo siguiendo las reglas del fair play y el cruce de cifras deja anestesiado a cualquier paciente que lleva en lista de espera más de 60 días. Nadie cuestiona que hacen falta profesionales sanitarios y que las necesidades se han agudizado con la pandemia y la previsión de jubilaciones, pero ¿cómo se da respuesta a ese problema?

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Desde el Colegio de Médicos de Alicante (COMA), llevan años advirtiendo de que la formación de un médico ronda los 10 años y que la clave reside en contar con un análisis real de la demanda de facultativos. Nuevas especialidades, envejecimiento de la población, previsión de jubilaciones y qué campos se deberían tener en cuenta a la hora de afrontar la controversia, apuntan. Pero nada de eso existe, así que el debate sobre si una nueva facultad de Medicina soluciona o agrava la cuestión queda en el ámbito interpretativo de la prospectiva y futura gestión de los egresados.

Seis años, una pandemia y el MIR

Con este panorama —en poco han variado los grandes datos—, la Universidad de Alicante solicitó hace seis años la aprobación para impartir el grado de Medicina, lo que se traduciría en la cuarta facultad pública de la Comunidad Valenciana. La Miguel Hernández se negó en rotundo y aseguró que no tiene sentido porque las plazas MIR están limitadas desde hace años y que tras esa propuesta no existe una relación causa-efecto. En la trastienda del conflicto, subyace la propia creación de la Universidad ilicitana, que surgió tras una polémica decisión de la Generalitat, en ese momento presidida por Eduardo Zaplana, de segregar Medicina de la UA (1996).

El Gobierno valenciano decidió mandar el proyecto a dormir el sueño de los justos y evitar la confrontación. A pesar de ese silencio administrativo, la institución académica alicantina fue dando pasos. En julio de 2018, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo dependiente del Ministerio de Educación y responsable de autorizar las titulaciones, dio el visto bueno; pero bastante tenía el Gobierno de coalición —PSPV, Compromis y Unides Podem— con revertir la gestión privada de los hospitales públicos.

Llegó la pandemia y todo estalló. Las argumentaciones, sin embargo, no han cambiado: por un lado, la UMH asegura que los 117 egresados anuales son más que suficientes para atender las demandas y que el cuello de botella está en la oferta de las plazas para la formación de especialidades: el famoso MIR. La de Alicante, por su parte, se aferra a la compatibilidad y convivencia porque el sistema es capaz de absorber tantos estudiantes y, de hecho, romper con los duros números clausus y la lista de espera para entrar en Medicina.

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El 26 de abril de 2022, Ximo Puig hizo pública la aprobación de los nuevos estudios junto a la rectora de la UA, Amparo Navarro, y el presidente del Consejo Social, el empresario Adolfo Utor. El presidente aseguró que se “incrementará un 10% la oferta de médicos en la Comunitat Valenciana, con 770 plazas de Medicina cuando el sistema público cuenta con 778 plazas MIR una cifra que supone un 30% más” que cuando gobernaban los populares.

Respecto a si el sistema MIR es un buen baremo para responder a las necesidades de futuros médicos, la comunidad médica está dividida a tenor de la precariedad laboral que va aparejada. Tanto la Miguel Hernández como el Colegio de Médicos inciden más en la cuestión interna. Desde la UMH asegura que el Consell ha obviado que “España es el segundo país del mundo con más Facultades de Medicina, solo por detrás de Corea del Sur, que en marzo de este año 1.161 médicos del país se encontraban en paro y que en los últimos años se está incrementando exponencialmente el número de médicos que tienen que emigrar, lo cual supone una lamentable pérdida de recursos humanos y de inversión pública”. Por su parte, el COMA insiste en la necesidad de mejoras laborales para que sencillamente los profesionales no se marchen a la privada o al extranjero.

En la última década, aproximadamente 18.000 médicos pidieron en España la compatibilidad para ejercer fuera del país. El año pasado pidieron el certificado 264 profesionales en Valencia, 96 en Alicante y 25 en Castellón, según las estadísticas del Consejo General de los Colegios de Médicos. Lo que significa el 9% de las fugas nacionales.

Sostenibilidad económica y formación

Las formas levantaron un muro con la UMH, desde donde se remitió un duro comunicado. El rector Juan José Ruiz, quien está asumiendo en primera persona esta batalla, aseguró enterarse de la noticia por redes sociales. “Esta decisión política va en contra del uso eficiente de los recursos públicos, ya que el mantenimiento de una Facultad de Medicina se puede estimar en unos 20 millones de euros al año y, por el contrario, el aumento de 80 alumnos en la UMH supondría cerca de medio millón de euros. Por tanto, entendemos que esta medida afecta muy seriamente al tan esperado Plan de Financiación de las Universidades”.

En este sentido, la Universidad alicantina ha explicado que Medicina será un grado más dentro de Ciencias de la Salud. Fuentes de la institución mantienen que la previsión es que el próximo curso (2022-23) se inicien las clases con 75 alumnos y que hasta tercero no harían faltan nuevas instalaciones técnicas. “Todo está en marcha”, aunque las cifras económicas no han trascendido por ahora. En la hoja de ruta, está acondicionar el antiguo Colegio Mayor —en la actualidad son despachos para profesores— como nuevas dependencias; pero todo queda a expensas de conocer el presupuesto.

En este año de cuenta atrás, la rectora se ha apoyado en una comisión multidisciplinar para el arranque que ha empezado a dar sus frutos. Este mismo miércoles, Amparo Navarro cerró un convenio con Vithas para que los alumnos de Medicina, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y Óptica y Optometría, así como en los títulos de máster en Emergencias y Catástrofes, en Envejecimiento Activo y Salud, y en Nutrición y Alimentación por la Universidad de Alicante puedan hacer prácticas e investigar. El acuerdo confirma la vía de la UA, expuesta además en su programa, para que los hospitales públicos privados se abran a acoger a los nuevos estudiantes, una cuestión que desmonta uno de los argumentos esgrimidos por la otra Universidad. También se firmó con los laboratorios Roché Farma España el acuerdo de creación de la Cátedra Institucional de Avances en Inmunooncología, donde la UA ya cuenta con un grupo investigador de reconocido prestigio.

Opinión

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A su favor, también al de la Generalitat valenciana, el Boletín del Estado del pasado 2 de septiembre publicó que por primera vez la Comunidad Valenciana iba a superar la barrera de los 1.000 puestos en la oferta MIR. La autonomía sigue ocupando el cuarto puesto en el ranking nacional y contará con 1.044 vacantes para los futuros profesionales sanitarios que quieren especializarse —el dato incluye todas las especialidades, no solo medicina—.

2027, la inflexión

Mientras la oferta se reajusta, las previsiones preocupan. De acuerdo con el Informe para la necesidad-oferta especialistas médicos 2021-2035 realizado por las investigadoras Patricia Barber Pérez y Beatriz González López-Valcárcel de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y publicado este enero por el Ministerio de Sanidad, en 2021, había 136.344 médicos trabajando en el Sistema Nacional Sanitario (SNS), lo que daba una ratio de 300,5 médicos por 100.000 habitantes en el sector público en España. En la Comunidad Valenciana, había 13.860 profesionales —no se incluyen los que están en la gestión indirecta— y la ratio estaba en 335,3. Sin embargo, las previsiones se hacen para un escenario nacional, donde queda fuera el rango autonómico.

Otro dato relevante es el aportado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y que apunta a que, en 2028, podrían hacer falta entre 4.000 y 11.000 especialistas adicionales en el país. Este mismo informe ha fijado que hay un déficit de médicos especialistas de unos 9.000 profesionales, alcanzando su punto máximo en 2027. Una de las principales causas es que en el sector público el año pasado había 25.301 profesionales con una edad entre los 60 y 65 años.

Sólo quedan cuatro años para este pico y la Comunidad Valenciana, en este caso, la provincia de Alicante, abordará esta delicada cuestión con una previsible batalla judicial. La Generalitat valenciana aún no ha publicado el acta de la sesión del Consell del pasado 11 de noviembre donde hizo pública su negativa a la Miguel Hernández. Cuando reciba la notificación, empezará la pugna legal. De hecho, el Consejo Social de la UMH ya ha dado luz verde para dar este paso. Salvo sorpresa de última hora, la gestión convivirá con los tribunales.